Terrenos de Puerto Yerua: Pidieron 7 años de prisión efectiva para Julio Larroca
El abogado Julio
Larrocca, vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y presidente de la Liga
Concordiense de Fútbol, fue el primero en ser mencionado por el fiscal José
Arias al momento de solicitar formalmente las penas en el juicio por la
compra-venta de terrenos en la localidad de Puerto Yeruá, Departamento
Concordia.
7 años de prisión
efectiva, 10 años de inhabilitación para ejercer la matrícula de abogado,
inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos más el pago de
90000 pesos de multa, que es el máximo previsto hoy en el Código Penal, fue lo
que solicitó el fiscal para el asesor letrado de esa comuna.
Las otras penas
solicitadas
Para Fabián Terenzano,
José Irribarren y Leonardo Galarza, según presenció este miércoles El Entre
Ríos, solicitó 5 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua, con una
multa de 90 mil pesos.
Para Marcelo Larrocca
Ruíz y Romina Filsinger requirió 4 años y 6 meses de prisión, más inhabilitación
absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90 mil pesos.
En tanto, requirió 4
años de cárcel para Diego Sampellegrini y Guillermo Guevara; mientras que para
Gustavo Graziano, acusado de encubrimiento, requirió una pena de 3 años y 6
meses de prisión. Como última medida, solicitó el decomiso de los inmuebles de
todos los imputados.
El momento del alegato
del fiscal
La nueva audiencia se
desarrolló este miércoles, desde las 8:50, en los Tribunales de Concordia. A
diferencias de las jornadas precedentes, hoy estuvieron presentes todos los
imputados: Julio César Larrocca (Vicepresidente 1° del Consejo Federal de AFA y
presidente de la Liga Concordiense de Fútbol); Marcelo Larrocca Ruíz; Romina
Filsinger; Leonardo Galarza; José Irribarren; Gustavo Graziano; Diego
Sampellegrini; Guillermo Guevara y Fabián Terenzano.
A las 9 de la mañana
comenzó la lectura del alegato de la parte acusatoria, a cargo del fiscal José
Arias. Comenzó explicando que “tres funcionarios se pusieron de acuerdo” para
sustraer terrenos del patrimonio municipal que administraban y transferirlos a
terceros.
Aseguró que, para
ello, llegaron a dictar normas y las acomodaron para sus fines. Indicó, ante el
Tribunal, los 4 defensores y los imputados presentes, que se pusieron de
acuerdo para no registrar los inmuebles en la Municipalidad en su contabilidad,
a fin de crear un agujero negro.
“Los contratos de
cesión de los terrenos manifiestan una connivencia”, observó y destacó el
precedente de una ordenanza de 2002 que preveía el concurso público para
entregar terrenos.
Más adelante, valoró
que la Junta de Fomento supo actuar de manera legal, cosa que no sucedería más
adelante. En 2002 la Junta llegó a librar una autorización expresa de qué
terrenos se podían vender ya que, como recordó, sólo el Concejo Deliberante o
Junta de Fomento con el visto bueno de dos tercios puede autorizar. Dijo que
eso no se hizo con los predios en litigio.
Recordó que, en 2005,
asumió Julio Larrocca como asesor letrado, con la nueva gestión del entonces
intendente Fabián Cevey. En 2007, se aprobó una nueva ordenanza que ratificó
las anteriores en cuanto al método que debía seguirse, pero mencionó que se
agregó una autorización indefinida para vender terrenos con supuestos fines
turísticos.
En la documentación
hallada en el municipio, en el allanamiento hecho por esta causa judicial, solo
aparecieron las cesiones a Leonardo Galarza, Romina Filsinger y Benítez. A los
tres les hacen presentar notas prometiendo inversión turística. Arias enfatizó
que fue todo un engaño acordado entre la Municipalidad y los beneficiados.
Párrafo aparte, hizo
saber que también actuó irregularmente la provincia porque al escriturar los
terrenos pasó por alto el decreto que especificara los predios que provincia
transfirió al municipio. “Ese decreto nunca existió”, precisó por lo que
consideró que las ventas a los particulares fueron directas violando la
exigencia de la licitación o subasta pública.
Recodó que la
licitación habría garantizado transparencia e igualdad de oportunidades y que
los precios fueran razonables. “Si se toma la tasación de Cabrera, los
imputados no llegaron a pagar ni el 5% del precio”, comparó y enfatizó que “no
llegaron a pagar ni el equivalente a la comisión inmobiliaria”.
Sostuvo que obviaron
la licitación pública para evitar los precios de mercado, abismalmente
superiores. Destacó que la declaración de Gustavo Graziano vino a confirmar que
lo pagó 70 dólares y lo vendía a 100 el metro cuadrado.
Mencionó que a
Filsinger y Galarza se le vendió a 6,50 pesos el metro; a Iribarren a 5,21
pesos, pero en 2012 le venden a los pobres a 100 pesos el metro, es decir, más
o menos el mismo precio que salía en los clasificados de El Heraldo. “Nada que
ver con lo que pagaron los imputados”, resumió.
Profundizó el planteo
e indicó que “a los pobres no les dan las escrituras, a los imputados sí”. Es
decir, remarcó el trato desigual que recibieron unos y otros. A los pobres,
precio de mercado y sin escritura; mientras que a los imputados precios viles y
escritura definitiva.
Exhibió, a modo de
ejemplo, el caso de un pobre que renunció al terreno para que le den el libre
de deudas, es decir el pago al día de las cuotas, para sacar el carnet de
conducir como le exigió la Municipalidad.
El testaferro del
intendente
Habló luego del caso
de Fabián Terenzano. Sostuvo que la venta no sólo fue ilegal ciento por ciento
sino que iba a ser para Fabián Cevey. Aclaró que no hay cesión de derechos, no
interviene la Junta de Fomento, no hay ningún antecedente previo a la
escritura, no hay comprobante de pago de ningún tipo, ni un recibo a mano
alzada, un papelito. Nada.
Coincidió, luego, con
la falta de registración contable. Defendió al imputado Terenzano como
“testaferro de Cevey” en el sentido de que comprador y vendedor son la misma
persona: el entonces intendente de Puerto Yeruá, Fabián Cevey.
A favor de tal
argumento, hizo saber que quien pide la bajada de luz al terreno fue la mujer
del intendente y que, para ello, presentó a la Cooperativa Eléctrica de
Concordia una copia de un contradocumento donde Cevey se muestra como el dueño
real del terreno.
El fiscal dijo,
entonces, que ve en eso una prueba irrefutable de que Terenzano es testaferro
del hombre que luego admitió su culpabilidad en juicio abreviado y renunció al
cargo de intendente.
Precisó que las cabañas construidas eran
alquiladas por la esposa de Cevey, que también pagaba el impuesto inmobiliario
y recordó que la escritura original del terreno, en los allanamientos, apareció
en poder de Cevey, en
vez de tenerla Terenzano. Por si fuera poco, los teléfonos consignados para
alquilar las cabañas pertenecían al municipio: un teléfono lo usaba la esposa
de Cevey y el otro su hijo. Fue tajante al decir que Terenzano “se prestó a
encubrir”.
La suegra
Habló, luego, del
terreno que recibió Maquiavelo, suegra de Cevey, a 6,40 pesos el metro cuadrado.
Dijo que fue todo ilegal ya que no hay siquiera cesión, no hay tickets,
comprobante, nada de nada que documente pago alguno.
Maquiavelo además no
tiene vinculación alguna con Puerto Yeruá debido a que vive en Tierra del
Fuego. Tampoco hubo ordenanza que avale la venta, hecha sin licitación. En el
terreno no hay nada construido.
Otro testaferro de
Cevey
Habló, después, del
caso de José Irribarren que recibió por 5,21 pesos el metro cuadrado con una
tasa oficial de 2,08%. Dijo que también fue una venta absolutamente ilegal.
También lo calificó como “testaferro de Cevey” y sin vínculo con Puerto Yeruá
salvo por ser el padrino de bautismo de una hija del exintendente. No hizo nada
en el terreno.
Como en el caso de
Terenzano, nuevamente aparece documentación vinculada al terreno de Irribarren
en poder de Fabián Cevey. En el allanamiento, al entonces intendente le
secuestraron los comprobantes de pago a la ATER y la escritura original.
Los casos de
Filsinger, Galarza y Larrocca Ruiz
Al mencionar los casos
de Romina Filsinger y Leonardo Galarza precisó que fueron dos terrenos pero una
única venta. Arias hizo saber que la escritura de ambos no coincide en nada con
las supuestas cesiones, como tampoco coinciden los precios ni la ubicación de
los lotes. “Era todo armado por la secretaria de la Municipalidad, María
Brassesco (madre de Filsinger, precisamente)”, indicó.
Dijo que no es cierto
que Galarza se hubiera enterado jugando al fútbol de que había terrenos en
venta si no hubo ningún otro oferente.
Habla de Marcelo
Larrocca Ruíz, hijo del asesor legal de la comuna de Puerto Yeruá. Pagó 7,83
pesos el metro cuadrado, el equivalente a un 3,91% del precio de mercado. Acto
seguido, mencionó por qué fue una operación irregular: no hay constancia de que
haya habido cesión previa, el papel no tiene la firma de Larrocca Ruíz, sólo
está firmado por Cevey y Brassesco.
Añadió Que no hay
tickets siquiera que acredite un pago del precio y eso ocurre porque “no lo
pagó”, dijo Arias que además recordó que tampoco tenía Larrocca Ruíz relación
alguna con Puerto Yeruá ni hizo nada en el terreno.
El “encubrimiento de
Graziano”
Fue el turno,
entonces, del imputado Gustavo Graziano al que acusa de encubrimiento. Sostuvo
que se prestó a una maniobra para encubrir las irregularidades. Graziano firma
escritura recibiendo el terreno por 40000 pesos. Mencionó que Graziano dijo que
hubo dos operaciones: él comprando a Larrocca Ruíz y luego vendiendo a Galvani.
Sin embargo, el fiscla mencionó que la documentación no dice eso sino que el
empresario José Galvani aparece como el comitente de Graziano.
“Graziano dijo una
cosa en Fiscalía y otra en el juicio oral respecto de los precios”, reflexionó
Arias que sostuvo que, ante tanta contradicción, cabe preguntarse para qué
firmó lo que firmó.
Lo que hicieron
Sampellegrini y Guevara
Diego Sampellegrini
fue el siguiente nombre que mencionó el fiscal en la lectura de su alegato. El
terreno que recibió fue a 20,16 pesos el metro cuadrado, un 5,4% respecto a la
tasación oficial. No pagó o, mejor dicho, no hay acreditado pago alguno. “No hubo
cesión siquiera”, dijo y agregó que no hay ni recibo a mano alzada.
Planteó que, si compró
de buena fe, cómo pudo pagar sin quedarse con documentación que lo respalde.
También sugirió comparar esa cesión las cesiones hechas a las familias
humildes, realizadas con diferencia de menos de un año. “Se le vendió a
Sampellegrini a 20 y a los pobres a 100”, resumió.
Sobre Guillermo
Guevara habló luego. Recibió un lote por 20,16 pesos el metro cuadrado, a un
5,91% del valor de mercado. Como en los casos anteriores, tampoco hay
constancia de pago, no hay cesión ni hay boleto de compraventa. Sugirió que “es
ridículo que alguien pague contra la nada misma”, sin asegurarse que quede
acreditado el pago y tampoco hay constancia contable del pago. Realizó ahí,
igual comparación con el caso de la manzana 105.
“Lo que omitió hacer
Larrocca”, según Arias
Finalmente hizo
mención a Julio Larrocca. Explicó que obró en infracción al deber por el rol de
asesor legal de la Municipalidad de Puerto Yeruá. Dijo que hubo violación al
deber y que no evitó resultados dañosos para el erario.
Los delitos de Cevey,
como autor, se complementan con Larrocca y Brassesco. Dijo que como secretaria
debía controlar la legalidad de los actos, con un auto afectado a la gestión
pública por lo que no hay dudas de su implicación con la gestión.
Arias aclaró, en
respuesta a un planteo hecho por el propio abogado imputado, que no hace falta
pertenecer a la administración para ser funcionario público, si no que basta
con tener una función asignada y allí mencionó, al respecto, el decreto de
designación donde destaca el rol de contralor de los actos administrativos “que
es lo que omitió hacer”, manifestó el fiscal.
“Le preguntan si se
podían hacer las cesiones y el debió decir que no”, sostuvo pero dijo que, por
el contrario, avaló todo. Dijo que hay una connivencia entre Larrocca Cevey y
Brassesco. “Larrocca tenía el deber de advertir a la Junta de Fomento que no se
podían hacer las transferencias” y señaló que el exintendente, por su parte,
incurrió en abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función
pública y, en definitiva, autor de peculado.
Aclaró, sobre el
particular, que el delito de peculado se puede aplicar también a bienes
inmuebles. Citó antecedentes del expresidente Carlos Menem y del exministro
Domingo Felipe Cavallo.
“Hubo una actuación
dolosa indudable y Larrocca dejó que las cosas ocurran”, concluyó José Arias.
Pedido de penas
Al valorarlas, Arias
dijo que tuvo en cuenta la calidad del nivel de decisión de cada funcionario.
Valoró que los funcionarios eran los custodios de la víctima: la Municipalidad.
Dijo que se aseguraron que los resortes de defensa de la víctima no iban a
funcionar.
Intendente, secretaria
y asesor letrado se aseguraban el control de la maniobra dejando indefensa a la
Municipalidad. Además no registraron los bienes y ocultaron las ventas al
Tribunal de Cuentas. Les atribuye avaricia, o sea el tener por tener y engordar
su patrimonio.
Aclaró, inmediatamente
después, que la pena en el abreviado fue menor porque los condenados tuvieron
gestos de reconocimiento de culpa. Reconocieron, como lo hizo Fabián Cevey, la
vigencia de la norma y por eso se pudo acotar la pena con efecto inmediato en
la devolución de terrenos y la renuncia a sus cargos.
El Entre Ríos.
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