Urribarri y Báez: Están en el horno, ahora pidieron los desafueros
El juez de Transición
Nº 2, Dr. Gustavo Maldonado, pidió el desafuero de los diputados provinciales
Sergio Urribarri -presidente de la Cámara Baja- y Pedro Báez, en el marco de la
causa en que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad
oficial durante la administración urribarrista
El oficio ingresó este
martes en la Cámara respectiva, donde deberá seguir el trámite legislativo en
que se analizará si se da curso o no. A fin de abril el Tribunal de Apelaciones
compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, había
rechazado los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas del
ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento dictado por el juez que
ahora pidió los desafueros. La causa se inició a raíz de una denuncia del
dirigente radical Jorge D´Agostino, en 2013, y busca determinar las
responsabilidades en el delito de negociaciones incompatibles con la función
pública en el presunto direccionamiento de un contrato de publicidad a favor
del empresario Germán Buffa.
Casi cinco años después
de la denuncia, el juez Gustavo Maldonado decidió procesar a principios de
marzo a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Germán Buffa, y los dejó camino a un
nuevo juicio por un delito de corrupción, que se les suma -en especial a
Urribarri y Báez, ambos con fueros legislativos hasta el 11 de diciembre de
2019- a una larga lista de hechos por corrupción en el Estado entrerriano.
El año pasado, cuatro
años después de la denuncia de D’Agostino, la fiscal Viviana Ferreyra había
imputado a los tres en cuestión y solicitó al juez de Transición que les tome
declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los
defensores lograron reprogramarla para febrero.
La denuncia de D’
Agostino advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó 1 millón de pesos en
publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a
Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto
de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento
B, entre calles Agrelo y México.
Además, señaló que
entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N
(perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal
López), con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió
271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000
pesos. La imputación precisaba que siendo Urribarri gobernador, y Báez director
de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia
Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las
ediciones de agosto y septiembre de 2011, según una síntesis publicada por el
sitio Entre Ríos Ahora.
El primero era bajo la
consigna de “Entre Ríos Exporta”; y el segundo se dirigía al turismo, con el
speech “Entre Ríos Invita”. Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91
y 92 de Agroempresario, por un monto de 118.000 pesos. Esa cifra, se supo además,
fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma
de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un “direccionamiento
arbitrario” que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
Según la Fiscalía, para
la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de
contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública.
Otro detalle que surgió, es que el pago de los 118.000 pesos se dio cuando la
empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de
Medios.
Audiencia y
confirmación
El 20 de abril último,
tras la apelación presentada por las defensas de Urribarri y Báez, se realizó
la audiencia donde las partes expusieron sus argumentos. Allí, según registró
este medio, las fiscales Matilde Federik y Patricia Yedro solicitaron al
Tribunal de Apelaciones que rechace la apelación. “Claramente esta empresa
–Global Means- pertenece, al menos, al señor Báez”, fustigó Federik en sus
alegatos en relación a cuál habría sido el interés de los ex funcionarios para
direccionar el contrato de publicidad de un monto de 118 mil pesos.
La novedad fue la
acusación de la fiscal Federik en relación al interés que habría tenido Pedro
Báez en direccionar la publicidad a la empresa Global Means. “Está claro que
orientaron la maniobra hacia un fin determinado que era contratar con esta
empresa. Pero, ¿por qué con esta empresa? Porque entendemos que existe prueba
que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez”,
expresó la fiscal mientras le respondía los argumentos a los abogados
defensores.
Luego, a fin de abril
el Tribunal de Apelaciones rechazó los recursos de apelación interpuestos por
las defensas técnicas de ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento.
Análisis Digital
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