La cocaína que compró Varisco era para la campaña de Cambiemos 2019

El dato surge del auto de procesamiento dictado este lunes por el juez federal Ríos contra el intendente de Paraná, Sergio Varisco, y otros integrantes de la banda narcocriminal liderada por Celis. Según el magistrado, el nuevo pacto Varisco-Celis, sellado en septiembre 2017, “tenía un aspecto adicional”: la adquisición de cocaína para ser distribuida en la campaña electoral en Paraná y Concordia.


Según afirma el auto de procesamiento del intendente de Paraná, Sergio Varisco, y el resto de los integrantes de la banda narcocriminal liderada por Daniel “Tavi” Celis desde la cárcel, dictado este lunes por el Juez Federal Leandro Ríos -al que accedió NOTICIAUNO- el magistrado pudo comprobar que –además del acuerdo político electoral celebrado entre Varisco y el jefe narco para la campaña electoral de 2015 que lo llevó a la intendencia- Varisco celebró -en septiembre de 2017- un NUEVO ACUERDO SECRETO con Celis, que permitió “mantener la vigencia de la organización” (de la banda) y su “relanzamiento”.

Vale recordar que a esa fecha, todos los integrantes de la organización dedicada al narcotráfico estaban procesados y detenidos con prisión preventiva, por lo que la banda se había desarticulado.

El juez federal resaltó en su resolución que “los vínculos y relaciones entre Daniel “Tavi” Celis, el Intendente Sergio Fausto Varisco y el concejal Héctor Pablo Hernández, no solo continuaron luego del auto de procesamiento del 3 de julio de 2017 (causa de la avioneta), sino que se profundizaron con independencia de toda actividad electoral y/o política”.

De acuerdo a las innumerables pruebas que obran en la causa (entre ellas miles de horas de escuchas telefónicas), mediante ese acuerdo Varisco proporcionó “recursos económicos periódicos para que la organización de Celis pueda adquirir y comercializar material estupefaciente, pese a que éste se encontraba privado de su libertad”.

Puntualmente, “este acuerdo secreto consistía en la entrega regular de $50.000 en efectivo por interpósitas personas a Daniel “Tavi” Celis, todos los meses antes del día 15 y hasta finalizar la actual gestión del Intendente, mediante el desvío de fondos municipales discrecionales y la suscripción de contratos de obra y servicios simulados con allegados a la organización”.

Hasta el momento –argumenta el magistrado-, están “acreditados diversos aspectos del contenido del acuerdo de financiamiento, particularmente en lo referente a las entregas periódicas de dinero y mediante el desvío de fondos públicos provenientes de la Municipalidad de Paraná hacia Celis mediante sus allegados”.

Existen “contratos totalmente simulados en los cuales no se realizaba prestación laboral alguna, pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Celis; como así también contratos o ingresos parcialmente simulados en los cuales el empleado o contratado efectivamente realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales u horas extras que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a “Tavi” Celis”.

Los adicionales, además, “se abonaban sobre registros de presentismo falsos, con los cuales se podía recaudar hasta $300.000 por mes tan sólo en la Unidad Municipal N° 2, sin perjuicio de las otras Unidades Municipales o reparticiones que se encuentran sospechadas, por ejemplo la Dirección de Tránsito o Habilitación de Registros de Conductor, donde presta servicios Alan Nicolás Viola (inspector municipal con prisión preventiva) y donde se encuentra contratado Jonathan Andrés Celis (sobrino de Daniel Celis)”.

En los últimos allanamientos realizados en varias dependencias municipales (el 4 de junio, mientras Varisco prestaba declaración indagatoria) se secuestró numerosa prueba documental (en soporte informático y papel) “en la Dirección General de Despacho Presidencia, Recursos Humanos, Sistemas y Comunicaciones, Cómputos, Liquidaciones de Haberes del Personal y en la Tesorería del Gobierno Municipal de la Ciudad de Paraná”.

De esa documentación surgieron importantes “irregularidades” que, junto al resto del material probatorio (testimonios, escuchas telefónicas, audios localizados en los teléfonos celulares secuestrados) demuestran que los fondos para financiar a la banda narco “eran públicos y provenían de la Municipalidad de Paraná”.

Entre esas irregularidades que se han constatado en el entrecruzamiento de datos de estas reparticiones, surge que “en la Dirección de Liquidaciones existen órdenes de pago que no están vinculadas a ningún contrato registrado; liquidaciones de contratos de obra a nombre de personas que en la Dirección de Recursos Humanos figuran con un contrato de servicio y contratos de servicios que no tienen asignadas órdenes de pago pero, se reitera, figuran como personal activo, con lo cual no queda clara la modalidad de cobro”, por lo que una de las hipótesis de la investigación es que los pagos probablemente se realizan “en efectivo”.

Tal como relata Ríos, el aporte de fondos públicos por parte de Varisco “fue indispensable para que Celis, aún estando detenido, con buena parte de su organización detenida y/o vigilada, retorne rápidamente en pocos meses al tráfico de estupefacientes –esta vez a la comercialización de cocaína– rearmando su estructura durante el último trimestre de 2017 y ejecutando operaciones de comercialización entre diciembre de 2017 y mayo de 2018”.

De este modo, el acuerdo Varisco-Celis “importa el financiamiento para la adquisición y comercialización de estupefacientes”, agrega el juez federal.

COCAINA PARA LA CAMPAÑA 2019

El dato más contundente que remarca el magistrado en el auto de procesamiento dictado este lunes es que, en esta oportunidad, el acuerdo entre el jefe comunal y el jefe narco “tenía un aspecto adicional”.

Además del financiamiento de la banda con fondos municipales, está acreditada “la propia venta (de cocaína) a autoridades municipales” y “a un precio diferencial” por parte del intendente Varisco, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la policía y funcionaria municipal Griselda Bordeira.

La cocaína que adquirieron los tres, según surge del expediente al que accedió NOTICIAUNO, era para “ser distribuida en la campaña electoral 2018/2019, en las ciudades de Paraná, Concordia y, eventualmente, en la ciudad de Nogoyá”.

El magistrado señala que “probablemente” la cocaína fue adquirida “para que sea distribuida en el circuito clientelar de los denominados “bolsones”, los cuales ya no se integrarían solo con frazadas, elementos de primera necesidad y alcohol, sino también con estupefaciente al menudeo”.

Para el juez Ríos “es posible afirmar que el principal uso del estupefaciente era su distribución, incluso gratuita, en la campaña electoral 2018/2019 como forma de asistencialismo político, entre otros usos posibles, en las ciudades de Paraná y Concordia”.

Remarca la resolución que “la circunstancia de que Paraná y Concordia sean los destinos para la distribución del tóxico no es casualidad, pues Sergio Varisco ha efectuado manifestaciones públicas sobre su posible candidatura a gobernador de la provincia de Entre Ríos, sin descartar su reelección como Intendente de Paraná, siendo estas ciudades dos distritos esenciales tanto en la cartografía electoral, como así también en el historial de las elecciones provinciales”.

“Del teléfono celular de Griselda Bordeira se puede apreciar cómo los denominados “punteros” redistribuían el tóxico directamente a los futuros votantes, como una especie de asistencialismo para la generación de clientelismo político”, agrega.

La “conexión personal entre Sergio Varisco, Griselda Bordeira, Pablo Hernández, Ernesto Ramón González, Alan Nicolás Viola, Luciana Ernestina Lemos, Daniel Andrés Celis” y “la existencia de un acuerdo ilícito que tenía por finalidad financiar las actividades de comercio de estupefacientes de Celis y adquirir cocaína para ser distribuida durante la campaña electoral 2018/2019” surge “de las conversaciones telefónicas analizadas, los allanamientos y registros domiciliados dispuestos en la causa, las anotaciones personales y demás documental secuestrada, el estupefaciente hallado, las declaraciones testimoniales efectuadas y las demás constancias” que detalla en varios apartados siguientes la propia resolución judicial.

Los roles de los funcionarios integrantes de la banda, procesados este lunes

Sergio Varisco “es quien ha elaborado el plan para el financiamiento periódico y secreto de una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en el ámbito de la ciudad de Paraná y Concordia, distribuyendo tareas, administrando los recursos económicos y financieros públicos prevenientes del Municipio de Paraná, mediante el desvío de los fondos discrecionales asignados y la suscripción de contratos de obra y servicios simulados, entregando la suma de $50.000 mensuales a Daniel Andrés Celis, lo que permitió mantener vigente su organización pese a estar detenido. Asimismo, efectuó los contactos necesarios para concretar dicha finalidad, sirviéndose de Alan Nicolás Viola y de Ernesto Ramón González para ejecutar materialmente las entregas de dinero, ostentando en consecuencia, el «dominio funcional» de este plan delictivo”.

Sobre el punto, el juez restó valor defensivo a las declaraciones de Varisco (tanto a su indagatoria como a la ampliación posterior que solicitó) negando su intervención en el hecho, el contacto con los imputados, la propia existencia del acuerdo, manifestando no saber a qué se refiere el listado de personas que le fue exhibido, hasta negar la influencia de Celis para el ingreso de personas en el Municipio, “pese a las pruebas exhibidas”.

Para el juez, las declaraciones de Varisco no fueron satisfactorias y “carecen de idoneidad para enervar la prueba colectada”.

En ese sentido, el magistrado fue lapidario al afirmar que “Varisco ha realizado una justificación inaceptable de las pruebas colectadas, tanto de las anotaciones encontradas en su casa, en las cuales registró entregas de dinero a Héctor Pablo Hernández por la suma de $44.000 entre diciembre de 2017 y enero de 2018 como “gastos”, siendo dicho monto superior inclusive al sueldo que percibe ($36.000), como las relativas a las reuniones con Daniel Andrés Celis en el domicilio de calle Pellegrini desde hace años, tampoco ha podido explicar (entre esas mismas anotaciones) las referencias a “xx” quien aparece en las anotaciones del cuaderno de Lemos (pareja de Celis) junto a la cantidad de ladrillos de cocaína, el precio de cada uno y el nombre de Bordeira, ni las reuniones acreditadas (mediante impactos de antena y registros de GPS) en la Municipalidad de Paraná con Luciana Lemos, o la falta de control sobre el gasto público en contrataciones”.

El magistrado destaca que  “en el cuaderno de color azul de tapa dura secuestrado en el domicilio de calle Pellegrini” (domicilio de Varisco) el día de los primeros allanamientos (8 de mayo), “se encuentra registrado el teléfono de Celis”.

En otro cuaderno secuestrado pueden leerse una serie de anotaciones: “Continuación MARTES 100510… CRISTIAN (Bº El Sol x plata) … 8,30: Celis en Pellegrini, junto a un amigo”. Fs. 2 vta., “08,00: Hernández y Del Lago en Pellegrini”; a fs. 4 vta., “11,00: Sabbioni, Bello…P Hernández en Pellegrini”; a fs. 18 vta., “10,00: Silva en Pellegrini”. A fs. 29 vta., se lee: “Celis, Daniel: 155111931”, luego se consigna a fs. 41, un acto a las “19,30 Acto Plaza Bº Alloati (Celis – C. Mioletto)”; y con posterioridad, a fs. 42vta. (5/8/11), se anotó el registro de un llamado realizado desde el Nº 155111931, con lo cual el contacto personal entre Varisco y Celis, excede el de una mera foto de campaña en el barrio”, aseguró el magistrado, desacreditando las declaraciones indagatorias del intendente de Paraná en sede judicial.

Para el juez resultó relevante que “en los chats de WhatsApp se aprecian conversaciones, fotografías y videos relativos a la venta de cocaína por intermedio de "amigo x" (...)”.

Ese dato “resulta de suma relevancia, dado que en las anotaciones secuestradas en el domicilio de Sergio Varisco (allanamiento del 8 de mayo) existen varios escritos sobre “xx” y en las anotaciones secuestradas a Lemos hay referencias sobre Bordeira y “x” junto a una apostilla relativa a cantidad de ladrillos y el precio de cada uno, lo que hace presumir fundadamente que “x” es la persona encargada de intermediar en la adquisición del tóxico por parte de Varisco/Bordeira/Hernández y la organización de Daniel “Tavi” Celis”.

Pablo Hernández “era el administrador del acuerdo, pues se encargaba personalmente de reunirse con Luciana Lemos (pareja de Celis) en su despacho de la Municipalidad, y de negociar conforme lo acordado con el coimputado Sergio Varisco el monto del acuerdo, las formas y fechas en que debían hacerse las entregas de dinero. Asimismo, tenía como función evitar el contacto personal y telefónico de Lemos o Celis respectivamente con Varisco, gestionando la documentación necesaria para extraer dinero de la Municipalidad mediante contratos simulados, principalmente cuando se dio de baja el contrato de Fernanda Orundes Ayala con motivo de su procesamiento y prisión preventiva a mediados del año 2017, entregando en varias ocasiones dinero en efectivo”.

También “la función de colaboración que Pablo Hernández prestó en la ejecución del acuerdo entre Sergio Varisco y Daniel “Tavi” Celis consistía en articular los pedidos del organizador hacia el financiador de la actividad ilícita imputada, asegurándose siempre que Celis no tenga contacto directo con Varisco”.

Sobre el rol del concejal Hernández, el juez Ríos destaca que “a diferencia de lo sostenido por Hernández en su declaración indagatoria (allí dijo desconocer el acuerdo), resulta elocuente la advertencia que éste (el concejal) le formulara a Varisco a fines del mes de diciembre de 2017, en el sentido que no atienda –llamadas o mensajes– provenientes desde el teléfono con la terminación numérica “811” (celular de Celis), aviso que el propio Varisco registró de puño y letra en sus anotaciones personales el día 24/12/17”.

La función de Hernández, entre otras, “perseguía el objetivo de mantener la relación ilícita establecida de manera oculta y sin registración alguna”.

“Bajo la misma lógica, Hernández tenía por función reunirse personalmente con Luciana Lemos en diversas ocasiones, generalmente en la sede del Palacio municipal, a los efectos de recibir la droga y/o entregar remesas de dinero y/o dar información sobre el otorgamiento de contratos o monotributos”.

Griselda Bordeira “su función consistía en asegurarse que Luciana Lemos y Daniel “Tavi” Celis no tuvieran contacto directo con Sergio Varisco, como una especie de barrera de contención de información, destinada a mantener la clandestinidad del acuerdo. De esta manera, intermediaba en la entrega del dinero y de la droga en la Municipalidad, como así también en los pedidos de contratos por parte de Celis”.

“De conformidad a la prueba colectada, también era la encargada de distribuir el tóxico en la ciudad de Concordia para la campaña electoral 2018/2019, por intermedio de ignotas personas, violando simultáneamente deberes positivos y negativos”.

“No puede dejarse de valorar que, como «funcionaria policial» en actividad ha tomado conocimiento que ciertas personas que trabajan en la Municipalidad y otras que han ingresado por pedido de Daniel Celis, estarían vinculadas a la venta de estupefacientes y pese a ello ha omitido cualquier tipo de denuncia o investigación”.

Bordeira “también tenía conocimiento de la maniobra de extracción del dinero público para financiar las actividades delictivas de Celis”, tal como surge de diversas escuchas telefónicas.

Alan Nicolás Viola y Ernesto Ramón González, los empleados “eran los encargados de llevar materialmente todos los meses antes del día 15 de cada mes $50.000 en efectivo al domicilio de Luciana Lemos, y de actuar como nexos de comunicación entre Daniel “Tavi” Celis y Varisco/Hernández”.
Fuente: Noticiauno

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