Una docente de Concordia fue condenada a pagar una suma millonaria en un cuestionado fallo laboral
Se trata de una
docente que -luego de padecer la muerte de su marido- decidió invertir la
herencia en “ladrillos”. Para ello, contrató a tres albañiles pero terminó
sufriendo un fallo laboral adverso y fue condenada en una suma millonaria
Según se detalló, el
fallo millonario corresponde al Juzgado laboral de Trabajo Nº 4, a cargo de la
jueza suplente Melina Scattone.
Allí, se condenó a la
docente Mónica Muñoz, quién – luego de fallecer su marido – decidió invertir la
herencia en la construcción de unos dúplex, contratando de manera directa a
tres albañiles.
Curiosamente, la jueza
la insta a pagar diferencias salariales, salarios caídos, aguinaldos,
asignaciones familiares y vacaciones a un total de siete personas. Ahora, la
demandada irá hasta el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de
Entre Ríos, denunciando estafa y extorsión por parte de los albañiles, como así
también al abogado querellante - Ricardo Solla - y el Ministerio de Trabajo de
la Nación; a cargo por entonces del abogado Guillermo Satalia Méndez.
La causa
Todo comenzó cuando
Mónica Muñoz -a principios del 2014- decidió ahorrar el fruto de 26 años de
trabajo de su marido al frente de una concesionaria de productos lácteos,
invirtiendo en “ladrillos”, como se suele decir popularmente.
La docente, viuda y
madre tres hijos, se lanzó con el apoyo de su familia a construir lo que sería
un seguro para una vejez económicamente estable y sin sobresaltos.
En marzo de ese año
contrató al albañil Martín Rivero, junto a dos “muchachos que eran hermanos”;
vale decir: tres albañiles en total.
Una mañana de 2015 –
luego de un año de haber comenzado los trabajos - “llegaron hasta la obra con
tres personas más, todos parientes entre sí”, según explicó la propia Mónica
Muñoz. Agregando que dijeron que la obra “estaba tomada y se sentaron en el
frente, a tomar mates y esperar al Ministerio de Trabajo”.
Según agregó la mujer,
estos trabajadores ya venían acarreando problemas por diferencias entre los
albañiles y el Maestro Mayor de Obra; “así que decidimos suspender por un
tiempo las obras”, contó la docente en declaraciones a Diario Junio.
Inspecciones
Según consta en el
acta del Ministerio de trabajo del 9 de marzo de 2015 - firmada por los
inspectores Emilio Raúl Pérez, Cristina Acosta y el oficial de Justicia Joaquín
Edgardo Godoy - ese día fue relevada una obra en calle Victorino Simón 1735
vereda impar; cuando la dirección correcta de la obra es Victorino Simón 1736,
vereda par.
Según la parte
demandada, el “error” de los inspectores podría deberse a que “hicieron el
relevamiento fuera de la obra y a gente que no se encontraba trabajando”.
En el escrito, también
consta que fueron relevados un total de siete trabajadores; aunque en el
proceso judicial la defensa comprobó que uno de ellos, José María Rodríguez,
estaba registrado en otra empresa, donde tenía que cumplir los mismos días y
horarios de trabajo.
En el proceso también
salió a la luz que otra de las personas relevadas por el Ministerio no fue
encontrado en la inspección. Daniel Alejandro Biera, reconoció durante el
proceso que estaba en los cuarteles del Regimiento Nº6 de Caballería
Blandengues Concordia. Sin embargo sus datos fueron igualmente tomados por los
tres inspectores que están hoy imputados, por la fiscalía del doctor Mautone,
en la justicia penal por ese acta que labraron el 9 de marzo de 2015.
Desgrabaciones
Si bien no es parte
del expediente, se conocieron detalles donde se habrían reconocido
informalmente las irregularidades en las inspecciones y hasta donde le habrían
recomendado a la docente – y a su círculo familiar - a seguir la pelea judicial
aduciendo que la parte demandante tenía muy pocos elementos para ganar en la
Justicia laboral.
Con todo esto, se fue
formando un cúmulo de detalles que incluyen direcciones erróneas, gente externa
a la obra y en la vereda contraria, que no estaba trabajando, que estaba
registrada en otra empresa y gente que - incluso - ni siquiera estaba cuando se
hizo la inspección.
Además de inspectores
denunciados penalmente y hoy imputados. Sin embargo, esto no fue relevante para
la jueza Melina Scattone, quien igualmente otorgó al instrumento fuerza de
prueba.
Fallo
Por último, en la
sentencia a Muñoz– que será apelada – se intima a pagar reparación salarial a
pesar de que en el mismo acta, “los siete trabajadores” –incluido el que no
estaba- reconocen que percibían haberes entre 200, 280 y 300 pesos diarios. Es
decir, lo que marcaba el convenio laboral del gremio de la construcción por
aquel año 2014.
Además, el abogado
demandante prácticamente señaló que sus representados trabajaron casi sin paga
alguna durante todo 2014; cobrando la irrisoria suma de 200 a 300 pesos
semanales. Contradiciendo – de esa manera – el contenido de la polémica acta
usada para justificar el fallo.
Siempre de acuerdo al
artículo publicado en Diario Junio, siete personas trabajaron más de un año,
por solo $1.200 pesos mensuales. Desestimando el dato de mayor relevancia,
dentro del acta del Ministerio de Trabajo de Nación, donde los mismos
demandantes reconocían lo que ganaban diariamente; estipulado por los convenios
laborales de entonces, dentro de la actividad de la construcción, informó Diario
Junio.
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