Increíble: Al intendente de Victoria tuvieron que ordenarle que no desvíe fondos públicos
El intendente de Victoria, Domingo Maiocco, había firmado un
decreto para pagar con fondos públicos los gastos particulares de sus
funcionarios, imputados en una causa penal. El Tribunal de Cuentas de la
provincia advirtió la ilegalidad y le ordenó derogar el decreto, señalando que
atenta contra los intereses del Estado municipal.
NOTICIAUNO publicó en el mes de mayo el escandaloso e ilegal
decreto Decreto Nº 377/18 firmado por el intendente de Victoria, Domingo
Maiocco (Cambiemos), que desviaba fondos del Municipio para beneficiar a
funcionarios de su gestión.
En efecto, Maiocco había dispuesto en esa norma que el
Municipio se hiciera cargo de los honorarios de los abogados defensores
contratados particularmente por sus funcionarios imputados en la causa penal
por la fuga de gas cloro -que denunció este medio- y que lleva adelante el
Fiscal Gamal Taleb.
Inclusive, el intendente ya había ordenado en beneficio de
sus funcionarios "hacer una reserva presupuestaria" de 40.000 pesos
con esa finalidad.
La irregular medida llegó al extremo de asignar también
fondos públicos para pagar los honorarios de los abogados defensores de uno de
los imputados “que ya no se desempeñaba como funcionario”, dado que había
renunciado un mes antes de la firma del decreto (César Zucotti -exsecretario de
Planeamiento- imputado también en la causa que investiga la fuga de cloro).
Para impedir el patente desvío de fondos públicos, los
concejales del PJ de Victoria radicaron una denuncia penal solicitando a la
justicia que investigara los presuntos delitos cometidos por el jefe comunal y
su secretario de Gobierno, que también había firmado el decreto.
Ahora fue el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos el que
advirtió la ilegalidad y le marcó los límites al intendente de Cambiemos. Le
ordenó dar marcha atrás la medida, advirtiéndole que resulta “lesiva para los
intereses municipales”.
El organismo de control ordenó directamente a Maiocco
“revocar” el decreto 377/18.
Según consideró el Tribunal, la obligación asumida por el
intendente (pagar con fondos públicos la defensa de sus funcionarios imputados)
implicaría un eventual “perjuicio fiscal” para el Municipio, ya que existiría una ilegitimidad de origen
“que potencialmente la hace lesiva a los interesas municipales”.
Además, le recordó al jefe comunal que “conforme el Código
Procesal Penal de Entre Ríos, los honorarios profesionales de los letrados
defensores particulares de cada imputado deben ser abonados por sus defendidos,
y no por la persona jurídica en la cual se desempeñaban”.
Asimismo le señaló que en caso de que los empleados
(funcionarios) no puedan pagar, el Estado les garantiza una defensa gratuita,
como a cualquier ciudadano.
El Tribunal cuestionó también que Maiocco dispuso el uso de
fondos públicos “sólo en beneficio individual de tales personas” (sus
funcionarios), generando un gasto con dinero del Estado “sin contraprestación a
favor del Estado Municipal”, lo que constituiría “un pago sin causa”.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas le hizo una observación
para el futuro: le ordenaron al intendente que si la causa penal iniciada
contra sus funcionarios derivara en un reclamo económico de las víctimas al
Municipio de Victoria, Maiocco deberá, en ese caso, remitir antecedentes
nuevamente al Tribunal de Cuentas.
En ese caso, el organismo deberá “atribuir responsabilidades
administrativas patrimoniales a los empleados y funcionarios que ocasionaron el
daño, para recuperar las sumas liberadas por el Estado a quienes hubieran
resultado lesionados por la posible acción negligente” de los imputados.
Informo Noticiauno a 7Paginas
No hay comentarios.