Luego de que el vicepresidente de la CTM, Enrique Stola, denunciara en la Justicia federal maniobras fraudulentas en el pago de indemnizaciones a particulares que ocuparon terrenos expropiados por el Estado, el intendente de Santa Ana, Mario Toller, cuestionó la ventilación del caso en los medios, y dijo: “Primero me hubiesen tenido que notificar a mí qué es lo que querían saber y qué es lo que pretendían”. Pidió que con el mismo rigor que se sospecha de la Municipalidad se haga con los más de mil ribereños que reclaman indemnizaciones y que se encuentran en la vera del lago de Salto Grande, “desde Monte Caseros, Corrientes, hasta Concordia”. Duda de las denuncias que hizo el vicrepresidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM), Enrique Stola y la del agrimensor Fernando Alba Posse.  

Para el intendente de Santa Ana, Mario Toller, la acusación obedece a los “problemas” que existen dentro del organismo binacional, porque –a su entender– ni el presidente de la Comisión, Juan Carlos Cresto, ni el delegado, Néstor Berterame, firmaron la presentación judicial que se encuentra en manos del juez federal, Ariel Lijo. Indicó que las sospechas, no son hacia su gestión sino la de su antecesor Rogelio Mocchiutti.

Detalles
En la denuncia que interpuso el vicepresidente del ente binacional, se sospecha de falsificación de planos en la Municipalidad de Santa Ana, departamento Federación. Según esa presentación, en ese municipio se habría permitido que particulares ocupen terrenos expropiados, y que luego fueron declarados dueños de esas tierras a través de juicios que se sospechan fraudulentos.


Sumado a ello, algunos de estos ribereños reclamaron después ser indemnizados por cuanto sus tierras fueron ganadas por el agua del embalse de la represa de Salto Grande. Es decir que el Estado, que había adquirido las tierras porque estaban expuestas a inundarse con facilidad, no sólo las perdió, sino que, además, debía resarcir a sus ocupantes, según publicó el jueves el Diario La Nación.



Los datos surgen de una auditoría que había dispuesto el ex titular de la CTA, hoy presidente de Enersa, Juan Carlos Chagas, junto a Stola y Berterame. De ese informe, se desprende –según lo confirmó el propio denunciante– que en el caso de Santa Ana, existe “un doble dominio” de tierras: a nombre del Estado nacional y de particulares. “Esta pertenencia a sectores privados data de varios años e incluso se hizo fallar a un juez con planos falsos, que estaban certificados por técnicos”, reiteró ayer Stola al programa A quien corresponda, de radio de La Plaza.

La defensa

Conocida la denuncia, El Diario consultó al intendente de Santa Ana, Mario Toller, quien reconoció estar muy molesto con la denuncia, pero más aún por la promoción periodística que se hizo del tema.


Al jefe comunal no le caben dudas de que la presentación judicial es por “problemas” internos que tiene la CTM y aseguró que sus vecinos: “Con quienes he hablado, no quieren cobrar la indemnización”.



En cuanto al rol de la Municipalidad, Toller explicó que a Santa Ana llegaron los técnicos del Sector de Obras No Comunes Argentino (SONCA), constataron el terreno, labraron un acta de la que firmaron los ribereños y los técnicos, en la que “dice que hubo daño. Eso se elevó al Tribunal de Tasación”.



Indicó que no lo tomó “por sorpresa” la denuncia: “Hace dos meses atrás nos enteramos, por los medios, que había una denuncia contra la Municipalidad y contra algunos ribereños de la zona. Si bien es en contra de la Municipalidad, es sobre la gestión de 2003, de Rogelio Mocchiutti, cuando se aprobó el loteo. Yo era concejal cuando se aprobó el loteo, que fue para regularizar las casas que estaban en esa zona desde el ‘82. La creación del municipio se hizo recién en el ‘84, así que en julio de 2003, se aprobó la regularización de las casas que estaban en la vera del lago de Salto Grande”.



“La Municipalidad sólo visa los planos, que son presentados por un agrimensor que, a su vez, lo eleva a Catastro de la provincia, que verifica si está bien y lo aprueba. El municipio informa a quien lo presentó. La Municipalidad sólo hace la visación de los planos”, explicó. Y consideró: “Hay que ver de qué manera se lo plantea (a la falsificación de planos). La verdad si vemos los planos que hay sobre el lago de Salto Grande, ningún terreno es del Estado nacional. En algunos de los casos, si hay terrenos que tocan con el lago, será por unos diez metros cuadrados, nada más. Será sólo una esquinita”.



Sobre si le genera dudas la denuncia, señaló: “El agrimensor (Fernando) Alba Posse, dice que comprueba que hay varias cuestiones de usurpación de terrenos fiscales, pero para los técnicos de la Municipalidad están bien. Según Alba Posse, se adulteraron los planos, pero no veo... qué tan grande es el problema, cuando el problema de Salto Grande es otro. Ellos (por la Comisión Técnica Mixta) tienen problemas internos adentro, porque la denuncia la hizo un delegado, cuando en realidad son tres los delegados”.



Si bien la denuncia la hizo el vicepresidente de la CTM, Enrique Stola, Toller agregó: “Pero la delegación está conformada por tres personas, ahí está la desprolijidad que hay ahí adentro. Lo que pongo en duda, es que primero me hubiesen tenido que notificar a mi qué es lo que querían saber y qué es lo que pretendían”.



“No me cayó en gracia, porque lo hicieron por intermedio de los medios. ¿Qué es lo que quieren hacer acá? Alba Posse ha tenido algunos problemas acá y algunas personas lo han sacado de los campos. Lo que más nos preocupa a nosotros es la manera en que se ha manejado esto. La verdad, tanto Alba Posse como el delegado (en referencia al vicepresidente de la CTM Stola), a quien ni siquiera conozco, me parece que es una falta de respeto involucrar a instituciones, como es la Municipalidad”, detalló.




Planos sospechosos



–La sospecha es que se adulteraron planos. Eso es, además, lo que está investigando la justicia –se le apuntó al intendente de Santa Ana, Mario Toller–.


–Pero... ¿sabe cómo fue el primer titular de los medios?: “Funcionarios de la Municipalidad de Santa Ana involucrados en fraguar planos”.



–La que está investigando ahora es la Justicia.


–Sí. Pero lo que pasa es que vuelven a sacar en los medios el tema.



–Es una información periodística de una denuncia concreta que se hizo en la Justicia.


–Lo que quiero es que comprueben si es cierto que hay adulteración de planos. Yo estoy defendiendo a una gestión, que ni siquiera es la mía.


–¿Está haciendo una defensa corporativa?


–Nosotros, no tenemos ningún problema en lo que se ha aprobado. Si en algún caso, hubo alguna irregularidad, es lo que le dije al juez, estamos a disposición para solucionarlo. No tenemos nada que esconder. Ningún propietario de las casas de fin de semana que existe en el lago cobró. ¿Cobraron los ribereños? No cobraron. Lo que quiero que se aclare es que acá vinieron técnicos de CTM y le dijeron “usted acá tiene daños”.



–Usted era concejal cuando se aprobó el loteo ¿cómo se hizo?
–Fue regularizar las casas que ya estaban construidas sobre la vera del lago de Salto Grande.


–¿La Justicia le solicitó documentación a la Municipalidad?

–Sí, a los dos días. Estamos de acuerdo con que la Justicia aclare todo este tema, porque serán muchas más las cosas que salgan a la luz, porque espero que sean para todos iguales, porque no es sólo Santa Ana, hay muchísimos ribereños más, desde Monte Caseros a Concordia, que reclaman. Son mil ribereños a la vera del lago de Salto Grande y quiero que de la misma manera que nos trataron a nosotros, como funcionarios, hagan lo mismo con los otros. Creo que debieron decir en los medios, los funcionarios de tal gestión... involucrados. Se nos involucró a todos y no somos todos iguales. Yo estoy desde diciembre de 2003.