El pacto de Varisco con el líder de la banda narco
Eso comprobó el juez
federal Leandro Ríos cuando procesó a los integrantes de la banda liderada por
los hermanos “Celis” a mediados del año pasado. Existen “indicios indubitados
de la relación política de Varisco con “Tavi” Celis”, afirmó el magistrado,
pese a lo cual no pudo imputarse al intendente en esa instancia porque faltaba
acreditar la participación del jefe municipal en el negocio delictivo. Los
allanamientos del 8 de mayo fueron claves para avanzar sobre ese punto.
Tras los allanamientos
ordenados el 8 de mayo, el intendente Sergio Varisco convocó a la prensa y
luego de señalar que “no se encontró nada raro” y que estaba “muy tranquilo”,
recordó que “no estaba imputado” en la causa que fue elevada a juicio los
primeros días de abril y que tiene una veintena de imputados y detenidos con
prisión preventiva, entre ellos el líder de la banda, Daniel Celis, con quien
el intendente hizo un pacto para las elecciones -que está probado-,
involucrando la estructura del Estado municipal.
La “tranquilidad” que
dijo sentir el intendente de Paraná, Sergio Varisco, después de los allanamientos
que derivaron en su imputación este jueves, no tenía correlación con los
frondosos elementos de prueba que existen en la causa federal y que debieron
haberlo preocupado. Debieron haberlo ocupado además -máxime si no tenía nada
que ver, pues como dijo no estaba imputado- de liberar el Estado municipal,
virtualmente tomado por una banda narco, según surge de la investigación
federal y del auto de procesamiento firmado por el juez Leandro Ríos el 3 de
julio de 2017, al que accedió NOTICIAUNO.
Vale recordar que esa
investigación -elevada a juicio los primeros días de abril- se había iniciado
en 2015 a partir de un llamado anónimo en el que se denunciaba que “las dos
toneladas de droga que habían sido secuestradas por la Policía de Entre Ríos en
el barrio Paracao, habían sido transportadas por el subjefe de la Unidad
Municipal Nº 2, “Cebolla” Leguizamón, en el camión N° 148 de la Municipalidad
de Paraná”.
En esa causa, habían
declarado como testigos el intendente Sergio Varisco, su subsecretaria de
Seguridad, Griselda Bordeira, y el concejal de su partido Pablo Hernández. Pero
ninguno de ellos había sido imputado.
Hasta ayer.
Pese a la enorme
cantidad de pruebas que acreditaban -al momento de procesar a los integrantes
de la organización de narcotráfico- que el Estado Municipal estuvo a
disposición y facilitó el accionar de la banda (a partir de un acuerdo político
preelectoral entre el intendente Sergio Varisco y el señalado líder de la
organización, Daniel Celis), el juez federal no pudo en 2017 imputar al jefe
comunal dado que faltaba acreditar la participación deliberada de Varisco (y
sus funcionarios) en el negocio de venta de estupefacientes.
Esa situación cambió
este jueves, razón por la cual el juez federal Leandro Ríos decidió imputar a
todos ellos, por lo que es muy probable que Varisco corra la misma suerte del
resto de los imputados, lo que agravaría la delicada situación institucional
del Municipio, cuya máxima autoridad está imputada por sus conexiones con la
banda de narcotraficantes más grande de Entre Ríos.
Las pruebas de la
causa que sí debieron preocupar a Varisco
En el transcurso de la
investigación judicial, quedó acreditada –según el juez federal Ríos- no sólo
la existencia “de una organización narcocriminal, liderada conjuntamente por
los hermanos Daniel “Tavi” Celis y Miguel Ángel “Titi” Celis, quienes operarían
en las ciudades de Paraná, San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá y Seguí de
la Provincia de Entre Ríos, como así también de las ciudades de Santa Fe, Santo
Tomé y Alto Verde de la Provincia de Santa Fe, para lo cual contaban con la
colaboración del resto de los (19) imputados”.
Fundamentalmente y a
los fines institucionales quedó acreditado que la organización
narcocriminal “utilizaba la estructura y
recursos del Estado Municipal para desarrollar distintas tareas y roles en las
diversas fases de venta de estupefacientes”. Pero eso no preocupó a Varisco.
De acuerdo a los
elementos de prueba (numerosos testimonios, indagatorias, y casi 1500 horas de
escuchas telefónicas) la banda “contó objetivamente con un aporte estratégico”
del Municipio de Paraná, “desde el preciso momento en que Daniel “Tavi” Celis,
secundado por Cristian Javier Silva (mano derecha de Celis y dirigente del
Movimiento Vecinalista del Oeste que apoyó la candidatura de Varisco en 2015)
logró celebrar un acuerdo de índole “político” con Sergio Fausto Varisco,
asistido por (el concejal) Pablo Hernández, quienes luego serían electos
Intendente y Concejal de la ciudad de Paraná, respectivamente”, tal como surge
de la resolución federal. Eso tampoco preocupó a Varisco.
El auto de
procesamiento continúa diciendo que ese acuerdo político “tenía por objeto
coordinar determinadas acciones de campaña electoral durante el año 2015, las
cuales fueron asumidas por el Movimiento Vecinal Oeste (MVO) dirigido por el
propio Daniel “Tavi” Celis bajo un formato similar al de los PAC´s (Political Action
Committees)”.
Ese comité de acción
política era “regenteado por quien organizaba al mismo tiempo el tráfico y
comercialización de estupefaciente”, lo que permitió “el ingreso seguro y
fluido de los candidatos a los barrios y seccionales (6, 9, 10 y 11) cuyo
dominio territorial era detentado por las personas que respondían directamente
a Celis”.
Pero el acuerdo con
Celis no sólo permitió a los candidatos de Cambiemos entrar a los barrios
comandados por el líder de la banda narco, sino que “dicha organización con
poder zonal le permitió a los candidatos realizar el diseño conjunto de la
logística para los días de elecciones (las Primarias Abiertas Simultáneas y
Obligatorias 9/8/2015; las Generales 25/10/2015 y Segunda vuelta 22/11 2015)”,
verificó el juez federal, pese a que Varisco lo negó en su declaración
testimonial del año pasado.
En virtud del acuerdo
político Varisco-Celis -agrega el juez-, los hermanos Celis “solventaron gastos
de elaboración y confección de afiches y pancartas, asumieron los costos de la
Fiesta en el Club Avenida Ejército; la reunión del Salón “Armando Gabriel”, con
quienes se desempeñarían como fiscales de mesa; la celebración de la reunión en
el Salón “17 de agosto”, por valores aproximados a $ 50.000, $ 37.000 y $
35.000 respectivamente. Además, los días previos a las distintas elecciones del
año 2015, pagaron y entregaron 3000 bolsones de comida a razón de 150 pesos
cada uno, alcanzando un valor total de $ 450.000. Por último, dispusieron y
afectaron de una flota de 60 móviles por el valor diario de $ 1.500 cada uno en
cada una de las 3 elecciones del año 2015, insumiendo un total de $ 270.000,
para trasladar a ciudadanos a los actos comiciales”, detalló el magistrado.
“El acuerdo “político”
preveía que se devolverían dichos importes, incluso duplicados a modo de pago
de intereses por la desvalorización monetaria padecida por la inflación”.
Varisco tampoco quiso reconocerlo cuando declaró como "testigo" en la
causa.
De acuerdo a lo que
pudo comprobar el juez federal Leandro Ríos en la primera investigación, el
acuerdo entre Varisco y Celis además “tenía en vista, una vez ganadas las
elecciones y asumido el Poder Ejecutivo Municipal, las siguientes
“contraprestaciones”, a saber: la entrega del manejo real de la Unidad Municipal
Nº 2 (Oeste) y del Volcadero, incorporando a personas de estrecha confianza de
Daniel “Tavi” Celis, en cargos directivos y/o estratégicos que permitieran el
uso discrecional de los bienes del Estado municipal para afectarlos a tareas de
acción social”, a lo que se sumó “por decisión de Celis, la distribución
disimulada de estupefacientes dentro de la ciudad de Paraná y en conexión con
la ciudad de San Benito”. Este punto habría cambiado luego de los allanamientos
del 8 de mayo.
También formaba parte
del “acuerdo político Varisco-Celis” –que el magistrado consideró probado
siempre- “la concesión de las obras públicas municipales, tales como el pintado
de las 3.600 farolas de la Avenida Ramírez de la ciudad de Paraná, la intervención
en las explanadas de canchas de básquet y construcción de jardines infantes y
centros de rehabilitación, contratos que Varisco prometió celebrar con Celis y
Silva usando la empresa de éste último, maniobra que no llegó a concretarse”.
(Está probado en la causa que “Cristian Javier Silva, asistía y colaboraba bajo
las órdenes de Daniel Andrés “Tavi” Celis, encargándose de la administración de
parte de los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N°
2 de Paraná, como una forma de obtener fondos líquidos para la adquisición del
estupefaciente, como así también gerenciaba el producido de las ventas de
tóxico, encargándose de las cobranzas por las ventas a organizaciones más
pequeñas de la ciudad de Paraná”.
“Por otro lado Silva,
revestía un rol fundamental en el “acuerdo político”, pues al no integrar la
estructura de la administración pública y tener en apariencia una empresa
constructora, dispuesta como nexo necesario para la derivar los recursos del
Estado a la organización narcocriminal de Celis, conforme lo habían acordado en
la primer reunión concertada entre Varisco, Hernández y Celis”, dice la
resolución judicial a la que accedió este medio.
“Por último, y también
como parte de pacto electoral, Varisco asistido por Hernández (el concejal
imputado este jueves), se comprometieron a conceder un número total de 40
designaciones (ascensos de categoría, nombramiento en cargos y/o contrataciones
de locación de obra o servicios), a las personas que le sean indicadas por
Daniel “Tavi” Celis, para ser afectados en su mayoría a la Unidad Municipal Nº
2 (Oeste) y el Volcadero”, desde donde se distribuía la droga.
Los aportes a la
campaña política que llevó a Varisco a la intendencia
Según un testigo de
identidad reservada, “le conseguimos (a Varisco) 60 autos por cada una de las
elecciones. Esos son los 2 millones… El arreglo fueron 40 contratos para la
gente que trabajó en la campaña… Las personas que recibieron los contratos es
gente que trabajó en la campaña….el acuerdo con Varisco, si mal no recuerdo a
fines de 2013 o principio de 2014, que empezamos con las primeras reuniones.
Fue un año completo de campaña. Silva tenía una empresa de construcción.
Hernández lo trae a Varisco…El acuerdo era que Sergio (Varisco) nos iba a dar
unas obras públicas del municipio, se habló en una oportunidad incluso de
pintar las farolas de Avenida Ramírez que son alrededor de 3600 farolas.
También se habló de las explayadas de las canchas de básquet y la explanada
para el asfalto. Se habló de muchas obras, construcción de jardín de infantes,
la construcción de un centro de rehabilitación que creo que lo están
ejecutando. Ese era el acuerdo en principio. Trabajábamos en la campaña y
hacíamos el aporte y una vez en la gestión iba a tener lugar para las obras públicas,
Silva tenía la empresa de construcciones y está a nombre de Silva… ese era el
acuerdo. De la primera reunión con Varisco sale la propuesta de Varisco, qué
nos puede pagar, cómo lo puede hacer, nos aclaraba siempre que no podía sacar
el dinero de la Municipalidad, entonces nos ofrecía los trabajos y las obras
públicas con la empresa de Silva. Este era el acuerdo que teníamos… Después se
hizo otra reunión para la gente con la que trabajó en campaña, había mucha
gente, incluidos Hernández, Silva, Varisco…. segunda reunión… en esa reunión se
acuerdan los 40 contratos y las designaciones de los cargos de la Unidad 2,
fueron 5 direcciones, 5 subdirecciones, y 10 jefaturas de departamento. Eso era
para los municipales que estaban trabajando. Los únicos cargos políticos fueron
de Rivero que estuvo trabajando y realizó un aporte al final de la campaña y el
de Pereyra…. que lo designara a Rivero en la Unidad 2… manejábamos la parte
mecánica de la Unidad 2… La Unidad 2 era un desastre”.
De acuerdo al testigo,
la banda narco pagó como aporte a la campaña “los gastos para la realización de
la fiesta en Club de Avenida Ejercito, por un valor aproximado de 50.000 pesos;
otra reunión en el salón Armando Gabriel, con los fiscales de mesa, con un
costo aproximado de 37.000 pesos; otra reunión en salón 17 de agosto de cierre
de campaña zonal, 35.000 pesos; 60 autos por valor de 1500 pesos cada uno por
día, los días de las elecciones, le facilitamos 60 autos, yo se lo facturé a
1500 pesos por cada auto, por elección, eso se repitió 3 veces, lo que suma un
total de 270.000 pesos. Esos autos iban distribuidos para la seccional 11, 9,
10, 6. Después fueron 1000 bolsones de alimentos, por cada elección, es decir
3.000 bolsones, a razón de 150 pesos cada bolsón, unos 450.000 pesos. Estos
bolsones fueron distribuidos en las mismas seccionales, 11, 9, 10, 6. Estas
serían las contribuciones de la campaña. El compromiso de Varisco era devolver
los aportes duplicados por el tiempo transcurrido y por la desvalorización.
Ganamos en todas las seccionales las elecciones… compramos mucha arpillera…
trabajó la gente….afiches doble A3... Las boletas electorales vinieron de
Nación. Cuando llegamos a la última etapa, llegó el PRO, e hizo su aporte al
final de la campaña. No recuerdo cuánta plata se gastó para el traslado de
gente, debe rondar en los 200.000 o 300.000 pesos… Tuve muchos problemas
familiares por esto… Desde la mañana me tocaban la puerta de mi casa,
reclamando las promesas y los compromisos de campaña. Yo pensaba que las obras
públicas nos iban a generar ingresos y eso no fue así. Tuvimos una reunión en
casa de Sabioni (actual funcionario municipal), con Bordeira (imputada este
jueves), (el otro concejal de Cambiemos) Carlos González, Silva, Varisco…
Cuando se suspende lo de las obras públicas nos dicen que nos iban a dar
funciones en el Municipio…. Varisco cumplió con 33 contratos, los otros 7 los
estamos esperando… El acuerdo se iba modificado a medida que los medios iban
inflando este fenómeno de ‘Daniel Celis’. Varisco nos pide que cambiemos el
nombre de la empresa, porque no le podía dar con ese nombre las obras
públicas”.
Según el mismo
testigo, “todos los miércoles, de 10 a 12, teníamos reuniones en la Unidad
Penal Nº 1… Eran reuniones políticas”, de las cuales, según el magistrado, no
existen registros.
El cumplimiento del
pacto con Celis por parte de Varisco, cuando llegó a la intendencia
Dijo el juez federal
que “a tan solo 8 días de haber asumido el cargo Varisco cumplimentó con los
acuerdos más importantes para que Celis pudiera ejercer el dominio fáctico de
la Unidad Municipal N° 2”.
En efecto, “a los 8
días de su asunción, es decir el día 18/12/15, mediante Decreto Nº 65 Varisco
designó estratégicamente en el cargo de Director General de la Unidad Municipal
Nº 2, con categoría 43 (la más alta), a Hernán Jesús Rivero y, del mismo modo,
mediante Decreto Nº 67 nombró en el cargo de Director de la Unidad Municipal Nº
2 a Miguel Carmelo Leguizamón, ambas personas de suma confianza y amistad con
Daniel “Tavi” Celis”, según consta en el expediente de la justicia federal.
Está probado en la
causa que “Hernán Jesús Rivero revestía un rol fundamental, pues en su carácter
de Jefe de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná, puso a disposición de Daniel
Andrés Celis los camiones recolectores y volcadores de basura que carecían de
GPS para el transporte y distribución del tóxico”.
Sobre Leguizamón, el
juez resaltó que fue nombrado por Varisco “en un cargo que es de carácter
administrativo y que -de no ser por Celis- difícilmente podría haber accedido
en el escalafón, dada su condición de analfabeto”. (Está probado en la causa
que “Miguel Carmelo Leguizamón, alias “Cebolla” revestía un rol fundamental en
el almacenamiento, transporte, distribución y venta de marihuana, pues en su condición
de Director de la Unidad Municipal Nº 2 de Paraná, puso a disposición de Daniel
Andrés “Tavi” Celis los camiones recolectores de basura que carecían de GPS
para el transporte terrestre del estupefaciente, sino que además utilizaba su
vehículo particular marca Fiat Qubo, para el acondicionamiento y entrega del
tóxico en proximidades de la Unidad Penal, como para su ingreso”).
Seis meses después
-mediados de 2016- “Varisco ya había
designado a 15 personas más que le respondían a Celis”, agregó el magistrado.
A la fecha del
procesamiento (mediados de 2017) de los miembros de la banda narco, “Varisco
(había cumplido) con un total de 33 designaciones de las 40 comprometidas”.
Entre las
designaciones de personas “de confianza de Daniel “Tavi” Celis”, se señalan en
el expediente: “la pareja del propio Celis, María Fernanda Orundés Ayala,
mediante el Decreto Nº 2181 de fecha 24/10/16, en la Dirección General de
Comunidad Vecinal de Desarrollo Social, siendo en el mismo acto administrativo
trasladada a la Unidad Municipal Nº 2”. (Está demostrado para la Justicia que
“María Fernanda Orundés Ayala, no solo era la pareja de Daniel “Tavi” Celis,
sino que además se desempeña en la Unidad Municipal N° 2 desde donde salieron
los camiones volcadores con el estupefaciente y colaboraba con el mismo
encargándose de la recaudación del producido de la distribución y venta del
tóxico a organizaciones más pequeñas en los barrios Paraná XVI, Antártida
Argentina y San Agustín de la ciudad de Paraná”.)
Otra designación
firmada por Varisco -el mismo día- fue la de “Renzo Bertana, mediante Decreto
Nº 2178 y con la misma modificación, es decir se los designa en la Dirección
General de Comunidad Vecinal de Desarrollo Social y en el mismo acto
administrativo se lo traslada a la Unidad Municipal Nº 2”, que de facto ya
comandaba Celis.
El magistrado reiteró
una vez más que Varisco continuó cumpliendo el pacto sellado con Celis, con las
designaciones “de personas de estrechísima confianza y relación con Daniel
“Tavi” Celis, aún cuando éste ya se encontraba detenido por el Poder Judicial
de la Provincia de Entre Ríos, lo que ocurrió en el mes de agosto de 2016” (por
otra causa de robo).
De ese modo, Varisco
designó -con Celis ya detenido- “a María Laura Zurita (quien le proveyó a Celis
los celulares estando detenido), quien ingresó el 29/10/2016 en el Centro de
Integración Comunitaria “La Floresta” y es trasladada a la Dirección de
Jardines Maternales de la Municipalidad, mediante decreto N° 101”.
Todas esas
designaciones acordadas entre Varisco y Celis, “sin lugar a dudas, le
permitieron a Celis dominar de facto los anhelados recursos materiales y
humanos de dicha dependencia municipal, afectándolos clandestinamente al
tráfico de estupefacientes”. Lo de clandestinamente, habría cambiado este
jueves.
Todos los elementos
señalados -entre otros- llevaron al juez Ríos a concluir que existen “indicios
indubitados de la relación “política” de Sergio Fausto Varisco con Daniel
“Tavi” Celis”.
En ese marco el
magistrado destacó “dos episodios registrados, en los cuales se acredita la
alta preocupación del Intendente y sus colaboradores por la suerte judicial de
su socio político”, dice textualmente el auto de procesamiento.
Los hechos que para el
juez son prueba “indubitable” de la
estrecha relación de Varisco y Celis fueron las “averiguaciones y/o gestiones
telefónicas sobre la detención de Celis una vez que fuera ordenada y ejecutada
por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos”.
“El primer suceso es
la conversación en tono de negociación que mantiene el entonces Secretario de
Ambiente de la Municipalidad de Paraná, Marcelo Álvarez, con el abogado Hugo
Gemelli, quien representaba a Celis, a raíz de un supuesto enojo y toma de
represalias por parte del apresado hacia Varisco”.
En esa conversación
“se advierte claramente el interés por parte de los interlocutores de encauzar
la situación, encomendándose mutuamente gestiones que mejoren la situación
procesal de Daniel “Tavi” Celis, con el fin de evitar el conocimiento público
del diferendo”.
“El segundo suceso es
la inapropiada conversación (sic) entre Griselda Noemí Bordeira en su carácter
de Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Paraná (imputada este
jueves), con el funcionario Policial Guillermo López, quien prestaba servicios
en el mes de agosto de 2016 en la Departamental Diamante”.
En esa conversación,
“está clara la preocupación por parte de la funcionaria municipal por obtener
información del estado de situación de la detención, dado que familiares de
Celis iban todos los días al Palacio municipal para hablar con el Intendente
por dicha situación procesal, siendo la función destacada de Bordeira
(subsecretaria de Seguridad municipal), y probablemente Ricardo Frank (a cargo
de la Seguridad del Municipio), de contener dicha situación del modo más
disimulado posible”.
Esa conversación
“además de elocuente es secreta, dado que Bordeira antes de comenzar la
conversación se asegura que quien llame sea una voz masculina desde un teléfono
de flota municipal, para una vez asegurado que el interlocutor es su conocido
-el funcionario policial Guillermo López- iniciar el diálogo con una especie de
contraseña y hablar en la más absoluta reserva”.
El motivo por el que
no imputaron a Varisco en 2017
El auto de
procesamiento de la banda narco, que en aquel momento excluyó a Varisco,
Bordeira y Hernández, señaló que de todo el material probatorio “en definitiva,
queda plasmada una peligrosa relación entre las actividades políticas
electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes”.
“Las condiciones
políticas institucionales y económicas que resultan de vital importancia para
el desarrollo y crecimiento del narcotráfico han quedado evidenciadas y
acreditadas suficientemente” en la causa, señaló el juez.
“La facilitación por
parte del Intendente Sergio Fausto Varisco de los medios materiales y humanos
para la consolidación de la organización delictiva” comandada por los hermanos
Celis “constituye una aportación riesgosa prohibida” por el derecho penal.
Pese a ello, el
intendente Varisco no fue imputado porque “hasta el momento (julio de 2017), no
encuentra su correlato subjetivo doloso”, dijo el juez cuando sí imputó a todos
los integrantes de la banda narco.
En otros términos
–agregó Ríos- si bien el “acuerdo político” entre Varisco y Celis “significó un
facilitamiento a la organización liderada por Celis, no es posible aseverar el
conocimiento cierto por parte de Varisco respecto de la actividad ilícita de
comercialización o tráfico de estupefaciente mantenida por su socio político
del oeste (sic), la que era desarrollada contemporáneamente con las tareas
políticas, sindicales y sociales del Movimiento Vecinal Oeste que dirigía”.
En otras palabras, en
aquel momento Varisco no fue imputado (sólo fue llamado a declarar como
testigo) porque no había podido probarse que conocía la actividad delictiva de
Celis, a pesar de las publicaciones periodísticas sobre el tema y a las
sentencias judiciales (la condena de Celis en juicio abreviado) que,
evidentemente, no modificaron la conducta del intendente.
Según aquel
procesamiento, “al parecer, Varisco desconocía o no le importó el historial
personal judicial de Daniel “Tavi” Celis, como así tampoco las informaciones de
investigación periodísticas, muchas de ellas corroboradas en esta pesquisa”.
El propio magistrado
señaló que “ante las sospechas públicas
y mediáticas de su intervención en actividades de narcotráfico, Celis no podría
ser designado en ningún cargo público, sin embargo, dado que era un “referente
político” disputado por varios sectores políticos, los representantes de
“Cambiemos Paraná” (Varisco y Hernández) intentaron retenerlo mediante diversas
promesas de campaña”.
“Es cierto que la
imprudencia del Sr. Intendente al momento de celebrar y ejecutar el acuerdo
“político” linda con la «ceguera ante los hechos», pues a pesar de las
supuestas advertencias de la propia Griselda Noemí Bordeira (Secretaria de
Seguridad de la Municipalidad de Paraná), incluso después de la detención de
Daniel Andrés “Tavi” Celis ocurrida en agosto de 2016, Varisco continuó
cumpliendo con parte del acuerdo asumido”. Siguió designando en el Municipio a
gente del entorno del líder narco.
Qué cambió tras los
allanamientos del 8 de mayo
Como contó NOTICIAUNO,
los allanamientos en el municipio y en los domicilios particulares que
conmocionaron la ciudad de Paraná, tenían directa relación con los
allanamientos realizados una semana antes en la casa de Celis (actualmente en
prisión), donde vive su esposa Luciana Lemos, que, en libertad, habría seguido
adelante con la comercialización de estupefacientes (ahora, también cocaína).
En esos allanamientos
a la casa de Celis y en los allanamientos posteriores al municipio y a los
domicilios de quienes fueron imputados ayer se encontraron elementos de prueba
que acreditarían la participación de Varisco, Bordeira y Hernández en el negocio
de comercialización de estupefacientes.
Es decir: el juez
Leandro Ríos habría hallado en los allanamientos del 8 de mayo los elementos
probatorios de los que no disponía cuando sostuvo que no podía acreditarse el
conocimiento del intendente sobre la actividad delictiva de Celis (la ceguera
ante los hechos), o su voluntad deliberada de participar de los beneficios de
la actividad delictiva y propiciarla desde el Municipio. Esta última hipótesis
ha cobrado fuerza tras los allanamientos del 8 de mayo y serían la base la
imputación cuyos fundamentos se conocerán en detalle cuando se levante el
secreto de sumario.
La gravedad
institucional
Señala el magistrado
en otro apartado estremecedor del auto de procesamiento que “Celis transformó
la administración pública en una administración a título propio, pues tuvo
acceso irrestricto a los camiones municipales (en particular recolectores y
volcadores sin GPS) para organizar el transporte y la distribución del
estupefaciente de forma oculta y sin levantar sospechas en las fuerzas
policiales, dada la apariencia de licitud que generan los mismos y la
nocturnidad en la que operan”.
“Por otro lado y
mediante estos acuerdos Celis obtenía fondos líquidos para la adquisición del
estupefaciente, dado que a través de Cristian Javier Silva (el dueño de la
empresa constructora a la que Varisco prometió beneficiar con obras públicas)
administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal
N° 2 de Paraná”.
Para el juez federal
que ayer ordenó la imputación del intendente de Paraná, ya desde el año pasado
(cuando imputó a la banda) estaba “acreditada esta rebuscada maniobra, que
tenía por finalidad dotar del mayor hermetismo posible la utilización de los
recursos financieros, humanos y materiales pertenecientes al Estado Municipal
para la comercialización de estupefacientes”.
Ya desde el año pasado
estaba acreditado que la organización narcocriminal “utilizaba la estructura y
recursos del Estado Municipal para desarrollar distintas tareas y roles en las diversas
fases de venta de estupefacientes”.
Nada preocupó a
Varisco. Hasta ayer, cuando la "ingenuidad" del intendente comenzó a
transformarse en "participación" en los negocios que lleva adelante
la banda narco con la que acordó durante la campaña 2015 y a la que -desde que
asumió- le permitió -como parte de ese pacto- usufructuar del Estado municipal
para concretar sus operaciones.
Fuente: Noticiauno
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