Escándalo en Victoria: intendente desvió fondos del Municipio para beneficiar a funcionarios
El intendente Domingo
Maiocco (Cambiemos), firmó un decreto para que la Municipalidad “se haga cargo
de los honorarios” de los abogados defensores que elijan los funcionarios
imputados por la fuga de gas cloro, y dispuso “una reserva presupuestaria” para
ese fin. El hecho se agrava porque uno de los beneficiados por ese decreto no
es funcionario del Municipio desde febrero. Concejales denunciaron penalmente
al jefe comunal.
El intendente de
Victoria, Domingo Maiocco (Cambiemos), dispuso mediante el Decreto Nº 377/18
firmado el 20 de marzo (y publicado una semana después) que el Municipio
"asuma" el costo de los honorarios que percibirán los abogados
defensores contratados particularmente por los funcionarios municipales
involucrados en la causa por la fuga de gas cloro que denunció NOTICIAUNO y que
lleva adelante el fiscal Gamal Taleb que hace pocos días imputó a varios
funcionarios, pese a que en la Municipalidad existe una Asesoría Letrada -que
también se paga con dinero de los ciudadanos- que debería encargarse en todo
caso de esa función.
Tal como surge del
mismo decreto, el intendente ya ordenó "hacer una reserva
presupuestaria" de 40.000 pesos para los abogados que defienden a sus
funcionarios.
La grave irregularidad
del intendente Maiocco -utilizar dineros públicos asignados a otros fines para
beneficiar a sus funcionarios que se ahorrarán los honorarios de sus abogados
defensores- no termina allí.
NOTICIAUNO pudo corroborar
que uno de los beneficiarios del escandaloso decreto de Maiocco NO ES SIQUIERA
FUNCIONARIO MUNICIPAL. Pero igual recibirá dinero del Municipio para pagarle a
sus abogados particulares.
Se trata de César
Zucotti -exsecretario de Planeamiento- imputado por la fuga de cloro, PERO QUE
DEJÓ SU CARGO DE FUNCIONARIO EN EL MES DE FEBRERO, cuando fue reemplazado por
Matías Bardou luego de presentar su renuncia.
Así surge del decreto
Nº 258/18 firmado el 1º de marzo de este año por el propio Maiocco.
Pese a no ser
funcionario municipal desde febrero, Zucotti también es uno de los beneficiados
por el intendente que ordenó pagar con recursos públicos los abogados
defensores hasta del exsecretario de Planeamiento municipal.
Los demás imputados
comprendidos en el decreto son Ramón Cáceres, Sergio Jaime y Daniel Mansilla,
trabajadores del laboratorio y de Defensa Civil municipal.
Todos recibirán dinero
que pagan con esfuerzo los contribuyentes de Victoria para hacer frente a los
honorarios de sus abogados penalistas en una casusa en la que están imputados
precisamente por poner en riesgo la vida y la salud de los habitantes de la
ciudad.
Tras conocerse el
polémico decreto, que además de Maiocco está firmado por el Secretario de
Gobierno municipal, Sergio Eduardo Navoni, los concejales del bloque del PJ de
Victoria radicaron una denuncia penal.
De acuerdo a la
presentación a la que accedió NOTICIAUNO, los ediles piden a la Fiscalía de
turno que investigue la conducta del intendente y de su secretario de gobierno,
que habrían incurrido en varios delitos contra la Administración Pública: abuso
de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de
caudales públicos, al disponer que se paguen con dinero del Municipio los
gastos particulares (honorarios de abogados) de funcionarios y de un
exfuncionario que ya no tiene vinculación con la municipalidad.
Los concejales
enfatizaron en la denuncia que “es de conocimiento público que la Municipalidad
de Victoria cuenta con un Asesor Letrado designado por el Presidente Municipal
para afrontar dichas tareas”. Razón por la cual resulta aún más escandaloso el
decreto del intendente, directamente direccionado a beneficiar a sus
funcionarios.
Dicho de otro modo:
Maiocco decidió disponer de fondos del presupuesto de Victoria para que sus
funcionarios imputados (y un tercero ajeno al Municipio) contraten abogados
particulares cuyos honorarios deberían pagar de su propio bolsillo, no del
bolsillo de los contribuyentes de Victoria.
La presidenta del
bloque de concejales del PJ, Graciela Bar, una de las denunciantes, señaló
asimismo que “conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Municipios
estaríamos en presencia de actos que importan una transgresión o una omisión de
sus deberes que pueden causar daños y perjuicios al Municipio”.
Por todo ello,
solicitaron a la Fiscalía de turno que ordene el inicio de una investigación
penal que podría poner al intendente macrista al borde de la destitución.
No hay comentarios.