Busti también opino sobre el caso Berguñan, “No era algo exagerado”
Esta semana se viralizó la noticia de la autorización para
hacer deportes que una Jueza de garantías en Concordia había otorgado a un
joven de 18 años imputado por delitos contra la propiedad, el cual se encuentra
cumpliendo arresto domiciliario, dice en el inicio de la nota de opinion, que el ex gobernador Busti, envio a 7Paginas.
Dicha medida fue propuesta en el marco del Código Penal,
considerada lógica por la magistrada que la autorizó y por el fiscal que no se
opuso a la misma.
Una vez que la noticia tomó estado público, fue notorio
observar cómo distintos sectores de la población y sobre todo líneas
editoriales de diferentes medios de comunicación nacionales cuestionaron el
raciocinio que tuvieron los profesionales al adoptar la medida antes aludida.
Apenas pasada la tormenta de los primeros días, con mala
información, incluso desinformación o datos malintencionados, debemos
detenernos a pensar y tratar de ver más allá de lo que los mismos señalan.
Nuestra provincia ha tenido resonancia en estas últimas
semanas a partir de dos casos judiciales que, más allá de las características y
estados procesales de cada uno, tienen en común el protagonismo de personas
jóvenes.
Además de ello, el caso puntual sucedido en Concordia se
encuentra cruzado por el flagelo de los estupefacientes, también punto de
contacto con un proceso resonante y de profunda gravedad institucional en la
capital provincial.
Muchas veces resulta sencillo emitir opinión desde
principios, valores o proyectos en abstracto. Sin embargo, cuando la realidad
nos interpela con personas de carne y hueso involucradas en hechos delictivos,
las respuestas surgen mezcladas incluso con reacciones viscerales; y eso marca
que somos irremediablemente humanos y como tal, incluso contradictorios.
No realizaré un análisis jurídico de las situaciones
puntuales, pues para eso están los jueces, fiscales, abogados defensores
públicos o particulares; vaya a ellos la responsabilidad de actuar en el caso
concreto con los mecanismos que las constituciones nacional y provincial, las leyes penales y los códigos procesales
les otorgan.
Creo que nuestra democracia a la fecha tiene cuestiones
pendientes y no zanjadas con la sociedad en su conjunto. Dentro de ellas se
encuentra el tener una política de prevención y represión de ilícitos acorde al
estado de derecho, pero también efectiva y que dé respuestas concretas a toda
la sociedad. Existen nuevos paradigmas que el Estado hoy combate con
“soluciones anticuadas” y como tales no resultan del todo eficaces.
También debemos darnos una clara y profunda discusión
respecto a la política carcelaria y los tratamientos de resocialización y
reinserción de quienes han transitado por los institutos carcelarios. Este
debate debe ser transparente en procura de soluciones reales y realizables. Son
conocidas por todos las situaciones de hacinamiento y pésimas condiciones de
nuestras cárceles, con lo cual incluso se estaría incumpliendo una manda
constitucional. Pero además de ello, no escapan a nadie los altos índices de reincidencia:
ergo, “algo no está funcionando bien”.
Además de ello, hoy todo se agrava frente a la problemática
del narcotráfico que somete a nuestros jóvenes a una dura realidad, a la cual
el Estado aún no ha podido dar una respuesta acorde a la trascendencia de la
cuestión.
Nadie tiene soluciones mágicas ni instantáneas, pero el
debate claro, sincero y desinteresado, despojado de anteojeras y prejuicios,
sin dudas nos va a llevar por los caminos más razonables y consensuados.
Si no elaboramos respuestas e iniciativas efectivas para
“salvar” a los jóvenes en situaciones de mayor vulnerabilidad de los flagelos
que padecen, tenemos una deficiencia como sociedad y como Estado que el futuro
nos va a cobrar.
Una sociedad responsable y con justicia social debe brindar
oportunidades para nuestros jóvenes, incluso más cuando se encuentran bajo el
flagelo de las adicciones. Antes que exigir por acto reflejo la “mano dura”,
habría que detenerse, aunque sea por un momento, en cada historia de vida,
conocer las causas y motivaciones que llevaron a un joven al consumo de drogas
o al delito.
En ese sentido, para los que pensamos que ningún joven es
“irrecuperable” y tenemos la esperanza que puedan volver a incluirse en la
sociedad, con los pilares de la educación y el deporte como igualadores de las
condiciones del hombre, este tipo de medidas no son tan descabelladas como se
pretende insinuar. Tener una visión sesgada y excluyente de las personas
acusadas de cometer un delito es un camino que no nos va a ayudar a resolver la
cuestión de fondo, que es la reinserción social y la baja de los niveles de
reincidencia.
No hay comentarios.