El PT saca músculo y moviliza a miles de seguidores de Lula al oficializar su candidatura

Podría haber sido un simple trámite burocrático. Bastaba un registro electrónico en la web del Tribunal Superior Electoral de Brasil para que la candidatura de Lula da Silva a la presidencia fuera oficial. Pero el Partido de los Trabajadores (PT) esperó hasta el último día del plazo legal y movilizó a sus fieles para hacer una demostración de fuerza en Brasilia.

Decenas de miles de simpatizantes e integrantes de movimientos sociales como los sin tierra o los sin techo, que llevaban días caminando para llegar a la capital, marcharon en clave festiva por la monumental Explanada de los Ministerios, coreando lemas como 'Lula, guerrero del pueblo brasileño'.

La meta final era la sede del Tribunal, donde los dirigentes del partido pretendían hacer el registro simbólico de la candidatura. El candidato a vicepresidente, Fernando Haddad, aseguraba poco antes que insistir en Lula no es una provocación: "No es un acto de desobediencia a la Justicia, es un acto de obediencia al pueblo y a la Constitución". Lo dijo después de visitar a seis activistas que llevan 16 días en huelga de hambre para pedir la puesta en libertad del expresidente.

De cara a la galería, el PT lo niega, pero Haddad, el joven exalcalde de São Paulo y ministro de Educación en el Gobierno de Lula, será previsiblemente su sustituto de última hora. El TSE tiene a partir de hoy un mes para vetar o autorizar la candidatura de Lula. Se espera que el desenlace se conozca rápido, porque no hay mucho margen para el debate: La ley brasileña impide que un condenado en segunda instancia participe en los comicios. La estrategia del PT es arriesgada y pasa por recurrir en instancias superiores para ganar tiempo. Mientras la candidatura de Lula esté pendiente de una resolución judicial, él teóricamente podrá participar en todos los actos relativos a la campaña, así como utilizar el espacio electoral gratuito en la radio y televisión y mantener su nombre en las urnas electrónicas.

En la víspera a la oficialización de la candidatura, la Procuradora General de la República, Raquel Dodge, ya avisó de que le ley de las incompatibilidades debe respetarse, y que la Justicia Electoral debe ofrecer "seguridad jurídica a los electorales" lo antes posible. Anteriormente, la procuradora advirtió de que podría pedir que Lula devuelva a los cofres públicos el dinero eventualmente gastado en su campaña.

Lula, en tanto que protagonista ausente, se manifestaba a través de Twitter, avanzando ya el tono de la campaña electoral que ahora arranca: "Tenemos que retomar el camino dela generación de empleo y los programas sociales de salud y vivienda en Brasil. Volver a invertir más en educación (...) se puede construir un Brasil mejor y vosotros lo sabéis, porque lo hemos vivido". Las frases de efecto de Lula, difundidas como un goteo a través de las redes sociales por su equipo, son algunas de las imaginativas herramientas que la formación de la izquierda está usando en esta inusual campaña. Gran parte del material que el partido difunde lo grabó Lula horas antes de entregarse a la policía.

Mientras miles de manifestantes aclamaban a Lula, los fiscales de la Operación Lava Jato que lograron encarcelarle criticaban que haya convertido su celda en su "comité de campaña". Alegan que miembros del partido, como el propio Haddad y la presidenta de la formación, Gleisi, Hoffmann, se han inscrito como abogados de la defensa para poder visitarlo más asiduamente. "Hay in intento de intervención en el proceso electoral de quien materialmente está inelegible", dicen los fiscales.

El juez Sérgio Moro, enemigo número uno del expresidente y quien le condenó en primera instancia, también se pronunció en el día D. Decidió aplazar para noviembre un interrogatorio a Lula previsto para el 11 de septiembre, alegando que si no, las audiencias podrían "explotarse electoralmente". Se trata de otra de las diversas causas pendientes que Lula aún tiene con la Justicia.

Lula está preso desde abril en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba (sur). Fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero, por supuestamente haber recibido un apartamento de manos de OAS, una constructora implicada en la trama corrupta de Petrobras. Pese a todo, aparece como favorito en todas las encuestas de opinión, a mucha distancia de sus adversarios.