Contratos truchos: Diputados fueron convocados por el Ministerio Público Fiscal


Se trata de integrantes del bloque justicialista. La convocatoria fue para que presenten abogados y lo que se conoce como “control de la producción de la prueba”. El diputado Bahillo fue convocado.
Levantado el secreto de sumario en la causa de la Legislatura y conocida la primera la primera imputación por parte de la Procuración General, este jueves se llevó adelante la primera medida que alcanza a la dirigencia política.

Se convocó a los diputados provinciales justicialistas, Gustavo Osuna, Leticia Angerosa, Diego Lara, Daniel Ruberto, Marcelo Bisogni, Emilce Pross, Ángel Vázquez, Juan Carlos Darrichón, Pedro Báez, Juan Navarro (presidente del bloque), Sergio Urribarri (presidente del cuerpo); el prosecretario de la cámara Sergio Cornejo; y al diputado nacional Juan José Bahillo a que presenten abogados. No es en carácter de imputados aclararon a Página Judicial, sino para controlar la producción de la prueba. ¿Qué es esto? La posibilidad del derecho a defensa y acceso a la prueba que hay y la que se produzca en adelante.

La Legislatura estuvo varios días expectante esperando la resolución de los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. En la imputación finalmente no aparecieron mencionados los nombres del vicegobernador y presidente del Senado Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el de Urribarri, ni quien lo precedió en el cargo, José Ángel Allende. Algunos, como en el caso de los presidentes de los cuerpos, presentaron escritos poniéndose a disposición. Lo hicieron a través de Raúl Barrandeguy y Julio Federik.

Quienes sí están formalmente imputados son los senadores nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como contratadas a varias de las personas que integraban la asociación ilícita. También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.

La Procuración General investiga irregularidades que habrían ocurrido entre 2008 y 2018. Como reveló este miércoles Página Judicial, los fiscales creen que el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura, a través de prestanombres, le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de 1.235 millones de pesos.

Fuente: Página Judicial

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