La estafa en la Legislatura se estima en más de 1.200 millones de pesos
Los fiscales creen que el escándalo por las contrataciones
en la Legislatura le habría generado un perjuicio al Estado que rondaría los
1.235 millones de pesos, según pudo saber Página Judicial. Entre los imputados
se cuentan los nombres de Pedro Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath y el
funcionario Juan Domingo Orabona. Los titulares de ambas cámaras, en tanto,
presentaron abogado defensor o deberán hacerlo.
Los fiscales creen que el escándalo de los contratos truchos
en la Legislatura le ha generado a las arcas públicas un perjuicio de ¡1.235
millones de pesos! y que la asociación ilícita viene funcionando de manera
ininterrumpida desde enero de 2008 en la Cámara de Senadores y desde diciembre
de 2011 en la Cámara de Diputados.
La dirigencia política entrerriana está paralizada y la
imputación que hicieron los fiscales, y a la que tuvo acceso Página Judicial,
trae más preocupación. No aparecen mencionados los nombres del vicegobernador
Adán Bahl, ni sus antecesores José Cáceres y José Eduardo Lauritto; tampoco el
presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, ni quien lo precedió en
el cargo, José Ángel Allende. Sin embargo, todos serán convocados a que
presenten abogado defensor y algunos, de hecho, ya lo hicieron, dado que la
justicia investiga irregularidades que habría ocurrido entre 2008 y 2018.
Quienes sí están formalmente imputados son los senadores
nacionales Pedro Guillermo Gustavino y Sigrid Kunath, que tenían como
contratadas a varias de las personas que integraban esta asociación ilícita.
También se formularon cargos contra el actual presidente del Instituto del
Seguro, Juan Domingo Orabona; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
Los investigadores también hicieron hincapié en la omisión
de controles por parte de auditores, revisores y fiscales del Tribunal de Cuentas
como factor indispensable para que la estafa pudiera consumarse.
Este miércoles se levantó el secreto de sumario de la causa
que tomó estado público a partir de los allanamientos en dos estudios
contables, en el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia, y
que puso bajo la lupa a los integrantes de la Cámara de Senadores y de la
Cámara de Diputados de la provincia.
Los prestanombres
¿Cómo era el mecanismo? Tal y como Página Judicial lo ha
venido contando en las últimas semanas: se realizaban contrataciones de
personas que no hacían ninguna prestación y percibían una ínfima parte de lo
acordado, mientras que el resto quedaba en manos de la organización que
gestionaba esos contratos.
De acuerdo con la imputación formulada por los fiscales
Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, con la coordinación de la fiscal
anticorrupción, Cecilia Goyeneche, en el ámbito legislativo se creó un sistema
de recaudación fraudulento a través de contratos a favor de “prestanombres” a
los que se les hacía firmar por montos de entre 35.000 y 50.000 pesos, pero se
les entregaban sumas muy menores, que oscilaban en el orden de los 1.500 y
2.000 pesos. A su vez, otra supuesta ventaja para los “prestanombres” era que
se les pagaba el monotributo, lo que les permitía, por ejemplo, tener una obra
social.
Este sistema, creen los fiscales, habría comenzado a
funcionar en el ámbito de la Cámara de Senadores en enero de 2008, con un
número aproximado de cien contratos, que en ese momento eran por sumas de
alrededor de 4.500 pesos; y en la Cámara de Diputados se habría iniciado
después del 11 de diciembre de 2011, con contratos por sumas de unos 5.000
pesos. Así, entre ambas cámaras, se llegaron a firmar unos 350 contratos de
obra, hasta que se descubrió el mecanismo, el 20 de septiembre pasado.
Esa tarde, Flavia Marcela Beckman, su hija María Victoria
Álvarez y la pareja de ésta, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, fueron
interceptados por la Policía cuando se retiraban del cajero automático de la
sucursal del Banco de Entre Ríos SA (Bersa) ubicado en calle Alsina, portando
una mochila repleta de dinero. Lo que llamó la atención del agente que estaba
de guardia fue que estuvieran un buen tiempo en la cabina haciendo extracciones
de dinero con varias tarjetas de débito.
Horas más tarde, la Policía allanó el domicilio de Beckman,
donde encontró documentación y más plásticos, y detuvo a su pareja, Hugo Rubén
Mena.
A partir de ahí comenzó a desentrañarse un complejo sistema
montado para apropiarse de fondos públicos. Dicen los fiscales que los
contratos eran firmados, en general, sin que los contratados conocieran al
funcionario legislativo que lo suscribiría en nombre del Estado y en la casa de
Beckman y Mena o en una tómbola que ellos regenteaban.
A su vez, tampoco los funcionarios conocían a quiénes
estaban contratando.
La evolución del sistema
El pago a esos contratados se hacía a través de los
responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas cámaras
legislativas. En el Senado, eran Orabona (entre 2007 y 2011) y Gustavo Pérez
(desde 2011); y en Diputados, el responsable era Sergio Cardoso. Ellos tenían
el manejo de los fondos para el pago de esos contratos y, además, contaban con
la facultad funcional de emitir los cheques y, más acá en el tiempo, de generar
la apertura de las cuentas sueldo para los contratados.
Beckman y Mena eran quienes recibían los cheques y luego se
encargaban de hacerlos endosar a sus titulares o de endosarlos falsamente, para
facilitar su cobro por personas allegadas, entre las que se contaban Scialocomo
y Victoria Álvarez, entre otros.
Una vez que se libraban los cheques, esas personas debían
concurrir a una tómbola o hasta una playa de estacionamiento donde se los
repartían para su cobro y luego entregarles el dinero a Beckman, Mena y sus
allegados para que ellos, a su vez, les pagaran alrededor 200 pesos por cada
cheque a los “cobradores”.
A partir de 2017 el sistema se bancarizó y, por ende, a
algunos de los contratados se les habilitó una cuenta sueldo y la
correspondiente tarjeta de débito, que administraban Beckman, Mena y otros integrantes
de la asociación ilícita.
Los de más arriba
El dinero que recaudaban Beckman, Mena y sus allegados les
era entregado, según los fiscales, a Pérez, Cardoso, Roberto Ariel Faure,
Alejandro Almada y Alfredo Bilbao. Este último, además, recibía las rendiciones
de cuenta de la recaudación que realizaba todo el grupo, previa deducciones de
gastos, pagos de impuestos y comisiones; y entregaba esa recaudación, o un
porcentaje, a Orabona (hasta diciembre de 2011) o Aguilera (desde entonces).
Bilbao, además, repartía el dinero producido con Pérez y
Jorge De Breuil, empleado de planta permanente del Senado provincial y
contratado como personal transitorio del Senado de la Nación por Guastavino.
Los fiscales creen que los tres habrían utilizado parte de ese dinero en
inversiones inmobiliarias y agropecuarias.
Pérez es el funcionario que quedó fuera de la estructura del
Senado luego de que Página Judicial revelara los allanamientos en dos estudios
contables que la Justicia entiende que tienen una relación directa con la
Cámara Alta.
Es que en el esquema también había gestiones que realizaban
dos estudios contables de Paraná, cuya tarea era la gestión de la situación
impositiva de los falsos contratados.
Uno de los estudios, denominado “Integral Asesoría”, está
integrado por Pedro Opromolla, Gustavo Falco y Guido Krapp. Ahí se realizaba el
pago de los impuestos de los falsos contratados a través de una terminal de
“Entre Ríos Servicios” que funcionaba en el mismo estudio. Sus honorarios, al
parecer, eran abonados por la Cámara de Diputados. Allí también estaban
contratados el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla y los analistas de
sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios, que integran el staff de
Integral Asesoría.
El otro estudio involucrado en la maniobra es el de Roberto
Ariel Faure, que realizaba las mismas gestiones de pago de monotributo de los
falsos contratados. En su caso, sus honorarios serían abonados mediante un
contrato con la Cámara de Senadores de la Nación, donde también aparece contratado
Mansilla, a través de contratos firmados por Guastavino.
En el marco de la investigación, hace dos semanas los
fiscales solicitaron a la Legislatura que les remita todos los contratos de los
últimos diez años. La Cámara de Diputados rechazó el plano el requerimiento
aludiendo a que la medida era “desproporcionada” y que no se fundamentaban “las
razones para justificar la requisitoria (de modo) que permitan evaluar la
razonabilidad de lo solicitado”. El Senado, en cambio, tomó los mismos argumentos
para también pedir precisiones, pero anunció que se pondría a disposición de la
Justicia.
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