El Gobierno acudirá a la Justicia porque dice que “Agmer incumplió con los términos paritarios”
El Gobierno provincial considera que “la dirigencia de Agmer
incumplió las condiciones de la paritaria al no notificar su respuesta a la
propuesta salarial en la Secretaría de Trabajo y anunciar una medida de fuerza
a través de los medios de comunicación en plena negociación”. Por este motivo
acudirá a la Justicia. Los días no trabajados serán descontados
“Somos un gobierno de buena fe, y por sobre todo nos
interesa garantizar el derecho a la educación. Reconocemos que los incrementos
salariales no son los que quisiéramos para nuestros docentes, pero es el máximo
esfuerzo que podemos hacer para no generar un desorden financiero que nos
impida pagar los sueldos en tiempo y forma como lo venimos haciendo hasta
ahora”, destacó el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Gustavo
Labriola.
Luego del anuncio que la dirigencia de Agmer diera a conocer
a través de la prensa, funcionarios del Consejo General de Educación y del
Ministerio de Economía mantuvieron un encuentro con sus equipos de trabajo para
definir los pasos a seguir.
“Ratificamos nuestro absoluto respeto al derecho a huelga
como lo hemos hecho siempre, pero en el medio de una negociación salarial
paritaria sus miembros deben respetar la reglamentación que tanto ha defendido
el gremio, y sin embargo no lo han hecho”, expresó la presidenta del CGE, Marta
Landó.
Ante los sucesivos rechazos a las propuestas salariales y la
realización de medidas de fuerza que “ponen en peligro el derecho a aprender, y
el incumplimiento de los términos paritarios vamos a pedir las sanciones que
correspondan a los dirigentes gremiales y a solicitar al Poder Judicial la conciliación obligatoria para que
se abstengan de realizar nuevas medidas de fuerza y se convoque a una audiencia
de conciliación”, consideraron.
“Se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones
informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo
con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad
educativa en un escenario económico muy complejo producto de decisiones que
escapan a este gobierno provincial”, señaló Labriola.
“La modalidad se repite en cuanto a que al rechazo de una
propuesta salarial siempre se le agrega una medida de fuerza, pero en esta
oportunidad fue en el marco de una negociación paritaria en la que se deben
respetar reglas que los dirigentes gremiales conocen”, explicó.
“Desde el Gobierno entendemos que nuestro derecho de
negociar de buena fe se ha visto vulnerado y entendemos que la instancia
judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin
a la situación de conflicto”, puntualizó.
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