El caso Aguilera invita a promover la consigna “que se vayan todos”
La decisión de hacer lugar a un habeas corpus para que el
cuñado de Sergio Urribarri, entre otros detenidos, pueda cumplir su prisión
preventiva en su domicilio es un elemento más que pone de relieve el modus
operandi de las elites políticas y judiciales que deciden sobre las instituciones
de la provincia.
De pronto, en Entre Ríos, la letra constitucional fue
inapelable. Se impuso, incluso, ante cualquier procedimiento. El Superior
Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a un habeas corpus por un detenido. Se
apeló al estado de las cárceles y la ley de ejecución de pena 24.660. Lo
esperable era que al detenido en cuestión se lo destine a un pabellón especial,
a donde se alojan a los procesados, como lo indicó la jueza de garantías. Pero
el detenido quedó horas antes de la Navidad habilitado para cumplir la medida
en su domicilio pese a que dos fallos se lo habían negado. El detenido era Juan
Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador y ahora presidente de la Cámara de
Diputados, Sergio Urribarri.
Aguilera y otros seis detenidos recibieron la prisión
domiciliaria
Lo que ocurrió este 24 fue el accionar de un sector de la
elite, política y judicial, que decide entre otras cosas el devenir de los
ciudadanos en la provincia. La primera pregunta que surgió tras la noticia es
que si la letra de la carta magna correrá para los otros mil detenidos que
están en la misma situación de Aguilera. La respuesta no está en lo jurídico ni
en lo político, está en el ámbito de lo social. Los otros detenidos no
pertenecen a ninguna elite, a tal punto que los abogados que pidieron por
Aguilera también tienen detenidos en Unidad Penal, pero en el caso de Aguilera
los honorarios se los paga la elite. Por eso hubo un habeas corpus. Por eso
hubo interpretación de la Constitución. A propósito del fallo, ¿se presentarán
los defensores oficiales? Los fiscales de la causa de los contratos truchos
apelaron la medida.
La petición por Aguilera interpuesta por Miguel Ángel
Cullen, a la que se sumaron otros abogados defensores que son parte de la
causa, debió resolverla la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales, pero sus
integrantes decidieron en un caso anómalo e irregular hacerle lugar pero remitirlo
a un juez. Quienes votaron por esa decisión fueron Daniel Carubia y Claudia
Mizawak. Miguel Ángel Giorgio votó en disidencia.
¿Fue el urrbarrismo en pleno quienes trabajaron en esta
operación judicial? Es probable y lógico. Un miembro de la familia estaba a
punto de pasar las fiestas tras las rejas. ¿Quiénes fueron los operadores y
ejecutores? Mizawak, a la que se sindica como urribarrista, fue abogada
personal y luego fiscal de Estado de Jorge Busti. Carubia fue socio de Busti en
el estudio de Concordia. A ambos, el tres veces gobernador los ungió vocales
del Superior Tribunal de Justicia en la sensible Sala Penal y de Asuntos
Constitucionales. ¿Dos halcones de la vieja guardia le hicieron un favor a
Urribarri? Se lo hicieron a una elite que gobierna la provincia hace tres
décadas con operadores en los tres poderes del Estado.
El juez que decidió la domiciliaria de Aguilera, Gustavo
Pérez, Alfredo Bilbao y Ariel Faure, entre otros, fue Mauricio Mayer. Antes de
ingresar al Poder Judicial, Mayer integró la Oficina Anticorrupción, la
pantomima que inventó Busti para sepultar la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas (FIA) que lo había investigado a él y a su alfil y compañero de
andanzas y de carrera política de toda la vida: Urribarri.
La causa de los contratos
La causa de los contratos truchos es un capítulo inquietante
que describe el modus operandi de las elites, con sus viejos y nuevos actores,
purgando en defensa propia más allá de las diferencias que pueda haber entre
las cooperativas que las integran.
El caso fue revelado por Página Judicial el 3 de octubre,
día en que se allanaron dos estudios contables que para el Ministerio Público
Fiscal integran la asociación ilícita por la cual se fraguaron 2 mil millones
de pesos en una década en el seno de la Legislatura. A partir de allí se
especuló, inmediatamente, con la imputación de todos quienes habían presidido
las cámaras parlamentarias. No ha pasado. Después de Aguilera, como uno de los
escalones más altos de la pirámide, sería el turno de Aldo Ballestena, senador
por La Paz a quien en el entorno de Adán Bahl le han adjudicado haber firmado
los contratos en cuestión. El vicegobernador debería afinar el lápiz y ajustar
la hipótesis. Se está escribiendo que estaba al tanto del sistema de saqueo,
pero que a la vez manifestaba su desacuerdo. No es la mejor presentación del
relato. Si lo sabía debió denunciarlo, de no haberlo hecho incurre en el delito
de incumplimiento de su función pública.
En la Cámara de Diputados la cuestión es aún más inquietante.
Urribarri, siempre en el ojo de la tormenta por sus complicaciones en varias
causas de corrupción que tramitan en los tribunales, tiene contratado a buena
parte de los integrantes de uno de los estudios allanados que supuestamente
administraban contratos truchos. Sin embargo, fueron los integrantes del otro
estudio los detenidos. Todo tiene su explicación.
En Diputados está contratado Pedro Opromolla, con quien la
fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, tiene un departamento en común y su marido
Sebastián Orlando fue socio (¿o es?). Cuando se reveló esa noticia, Goyeneche
apuntó a una organización criminal y mafiosa integrada supuestamente por
dirigentes políticos, abogados defensores y periodistas. Sus súbditos enrolados
en el novedoso Consejo de Fiscales de Entre Ríos, con la firma de Matilde
Federik, Álvaro Piérola y Gamal Taleb, ratificaron la idea de que existe esa
organización.
¿Por qué integrantes del estudio contable vinculado al
Senado terminaron detenidos, mientras que los socios del buffet vinculados a la
siempre polémica presidencia de Diputados ni siquiera están imputados? Asesoría
Integral, que integran entre otros Opromolla, tiene como clientes a magistrados
de esta ciudad. Hay apellidos de la comunidad judicial relacionados entre sí
familiar y profesionalmente. Ciudad chica infierno grande. Es un caso
verdaderamente digno de filmar.
Sobre el procurador Jorge García pesa un pedido de jury que
en una primera etapa fue rechazado de manera unipersonal por Diego Lara, la
espada parlamentaria de Rosario Romero. El presidente del STJ, Emilio
Castrillón, pícaro, dijo en algunos medios que esa resolución fue escrita en el
Ministerio de Gobierno. La historia – según la cuenta el propio Busti - es a
José Carlos Halle en su función de secretario de Justicia a quien hay que
adjudicarle la designación de García.
Castrillón impulsó un candidato cuando se enteró que Julio
Federik era el postulante de Romero para integrar la Cámara de Casación Penal
de Concordia. Todo se enturbió y la integración interina quedó estancada en la
polémica. Se recurrió, con buen criterio, a llamar a concurso en el Consejo de
la Magistratura. Federik no se anotó, pero es uno de los integrantes del
jurado. Mientras tanto defiende a Opromolla y a Juan Domingo Orabona, el
presidente del Instituto del Seguro y contador de Concordia del que se
preguntan qué será de su destino en la causa. No se lo ha tocado pese a su rol
activo que tuvo en la administración del Senado años atrás.
Los nombres y apellidos se repiten hace décadas. Se
relacionan. Integran cooperativas políticas y judiciales con apoyo mediático.
Algunas de ellas, pese a las diferencias, este fin de año se las ingeniaron
para pugnar por un privilegio. Aparentemente prevaleció la Constitución y se
cuestionó la indignidad de la cárcel. Se presentó un habeas corpus. Se le hizo
lugar. Y tuvo efecto.
Todos los procesos aparecen como algo cíclico. Se reformulan.
Y permanecen. Da la sensación de que la única salida es que se vayan todos.
Página Política
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