Susana Medina participó de la Cumbre de juezas africanas sobre la trata de personas y crimen organizado.
El encuentro se desarrolló en el Vaticano y se concluyó que
“ la trata y tráfico de personas son dos aspectos de un mismo delito global,
transnacional complejo, que surge del crimen organizado” y no se dudó de
calificarlo como un delito de lesa humanidad y, en consecuencia,
imprescriptible.
Medina, también titular de la Asociación de Mujeres Juezas
Argentinos comentó que en el documento emitido se recordó que “la Organización
de Naciones Unidas incluyó, como Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7, “la
adopción (por parte de los Estados) de medidas inmediatas y eficaces para
erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización
de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas
sus formas”.
El continente africano, y en especial África
Subsahariana, se encuentran
particularmente afectado por este delito. La pobreza, la miseria, la falta de
educación, la ignorancia, la falta de oportunidades laborales, la
discriminación y la exclusión social padecidas por millones de personas, así
como la mirada indiferente o cómplice de los
de sus gobiernos y de la comunidad internacional, continúan agravando esta situación. A este respecto, de Sus Santidades Francisco
y Benedicto XVI han calificado al tráfico como la peor forma de exclusión y la
“globalización de la indiferencia”.
Resulta imperativo que los Estados asuman un fuerte
compromiso para combatir este delito en forma coordinada y erradicar la
corrupción y las complicidades de los poderes estatales, fortalecer la
independencia judicial para que los magistrados puedan decidir sin presiones y
los fiscales investigar sin obstáculos.
Entre otros aspectos se concluyó que “ las juezas
concluyeron que para que cada una de ellas, desde sus lugares de trabajo,
puedan contribuir en la erradicación de estos flagelos inadmisibles se
necesitan leyes imprescriptibles, ágiles y universales; garantizar el acceso a justicia
gratuito para las víctimas, adoptar medidas destinadas a evitar su
revictimización, reconocer todos sus derechos (políticos, sociales y
económicos), restaurar su libertad y dignidad, brindarles herramientas para su
empoderamiento, su independencia económica y la reparación integral del daño.
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