Asamblea Ambiental Gualeguaychú: “Se terminan los tiempos, las alertas y la paciencia”
En un fuerte pronunciamiento, los ambientalistas explicitan
fuertes críticas a las autoridades nacionales, provinciales y locales por sus
políticas ambientales a lo largo de 2018
En las últimas horas la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú
dio a conocer un extenso documento en que detallan la preocupante situación en
ocho cuestiones ambientales y realizan severas críticas al accionar de las
autoridades de la CARU y de la Cancillería, a varios legisladores, entre ellos
Alfredo De Ángeli y Nicolás Mattiauda.
En noviembre de 2017, el Gobierno del Presidente uruguayo
Tabaré Vázquez, firmó con Botnia el primero de los documentos para la
instalación de una segunda planta de pasta de celulosa, esta vez a orillas del
río Negro. Una planta que duplicará a la que la misma corporación posee en Fray
Bentos.
Al respecto, en
junio de este
año, la Asamblea
Ciudadana Ambiental alertó
a las autoridades
de la Cancillería Argentina y de
la CARU sobre dos cuestiones muy preocupantes.
La primera son
los desechos industriales
que dicha futura
planta arrojará al
río Negro, curso
que desemboca en el Uruguay en la zona de La Pesquería, en la costa
Uruguay Sur. El efecto acumulativo de dichos efluentes debe ser tenido muy en
cuenta ya que deben sumarse los futuros desechos a los que ya produce la actual
pastera de Botnia ubicada en Fray Bentos. Sobre este aspecto, el Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya fue taxativo en su Fallo de 2010, cuando
advirtió a Uruguay y Argentina que deben abstenerse de
aumentar el grado
de contaminación en
el río Uruguay
con nuevos emprendimientos industriales de magnitud.
El otro aspecto grave lo constituye el hecho de que Botnia
haya expresado al Gobierno uruguayo que la primera alternativa a la
localización de su segunda planta en el Departamento de Durazno sea Fray
Bentos.
En tal sentido, poco después de la reunión celebrada en
junio en la Cancillería, la CARU dio a conocer un documento titulado “Plan de
Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en Áreas de Plantas de
Celulosa”, publicado en el sitio web del Ente Binacional el 20 de julio de
2018.
En la Introducción de dicho Plan, se lee textualmente:
“Teniendo en cuenta la implantación futura de plantas de celulosa
y en el
marco del actual
PROGRAMA DE EVALUACIÓN
DE CALIDAD DE
AGUAS Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION DEL RIO URUGUAY (PROCON) se desarrolló un esquema cuya acción se
centra en zonas de posible influencia de los emprendimientos”.
Más adelante, se describen las nuevas áreas a monitorear en
el curso del río Uruguay, y entre ellas figura “el área de influencia del
emprendimiento M’Bopicua”, que como es de dominio público es el lugar donde
originalmente se iba a establecer la pastera de ENCE y que tras su decisión de
abandonar el proyecto vendió esas tierras a Botnia. Precisamente, este sería el
lugar donde podría llegar a instalarse la planta Botnia II si resultara
inviable localizarla a orillas del río Negro.
Para la CARU existe una posibilidad concreta de “la
implantación futura de plantas de celulosa”
sobre el río Uruguay, hecho que
ha quedado en evidencia en el documento al que se hace referencia, el cual,
misteriosamente ha desaparecido del sitio oficial del organismo y ha dejado de
ser público.
Tanto la posibilidad de un posible aumento de la
contaminación por acumulación del río Uruguay como la posibilidad concreta
de que una
segunda pastera de
Botnia termine instalándose
Fray Bentos, son competencia de nuestra Cancillería y de
la CARU, que tienen pleno conocimiento de la situación y tienen la obligación
de requerir la información pertinente a las autoridades uruguayas. Desconocemos
si desde el 18 de junio último y hasta a la fecha, han realizado gestión alguna
en esta trascendental cuestión.
Está latente la probabilidad de que todo cuanto ha venido
batallando la Asamblea Ciudadana Ambiental durante estos años con Botnia I se
reproduzca. La Asamblea ya logró que la española ENCE no se instale en el río
Uruguay, pero ahora podemos llegar a tener una Botnia II. Y si el Gobierno
Nacional no actúa a tiempo, una vez más, tendremos hechos consumados.
Una vez más,
la Asamblea Ciudadana
advirtió con mucha
antelación, profusa documentación
y datos técnicos que la posibilidad
de que Botnia
II se instale
a orillas del
río Negro uruguayo
es técnica y ambientalmente imposible.
Las autoridades nacionales,
a través de
la CARU deberían
informar que temperamento adoptarán
ante el severo
alerta planteado y
actuar a tiempo,
porque existen plazos estipulados en el Estatuto de río
Uruguay para las reclamaciones. Plazos que si se obvian, pueden originar hechos
consumados.
Si así ocurriera, las autoridades deberían ser conscientes
que Gualeguaychú dará una nueva batalla. Y ésta vez, será inevitable.
Con relación al conflicto no concluido sobre la planta de
Botnia existente en Fray Bentos, hay otra cuestión muy preocupante. Los últimos
informes mensuales respecto al monitoreo de la planta Orión que figuran publicados
en el sitio oficial del organismo binacional son los correspondiente a los
meses de agosto a noviembre de 2017. Los mismos se publicaron el 25 de
septiembre de este año y, desde entonces, no se conocen nuevos resultados al
respecto.
2. MONITOREO DEL
AIRE
Por otra parte,
la Asamblea Ciudadana
Ambiental desde hace
más de dos
años, viene realizando
un permanente seguimiento para que de una vez por todas sepamos qué aire
estamos respirando en la ciudad. La contaminación atmosférica que produce
Botnia Fray Bentos es cada vez mayor, y va de la mano del aumento de su
producción autorizada por el ex presidente José Mujica.
En este punto, seguimos dando vueltas para que, entre el
Municipio, la Provincia y la Nación, se pongan en marcha el equipo de la CNEA
que hace años venimos reclamando, y que por cuestiones burocráticas está
demorada, impidiendo que conozcamos la calidad del aire que respiramos día a
día en Gualeguaychú.
3. FUMIGACIONES
Asimismo, el Gobierno Nacional viene otorgando excepcionales
facilidades a las multinacionales que en nuestro país realizan una actividad
extractivista sin precedentes, llámese fracking, minas a cielo abierto y
también en materia de agro negocios, a través del uso indiscriminado y muchas
veces sin control alguno, de agrotóxicos potencialmente cancerígenos en las
actividades productivas.
La Asamblea Ciudadana
Ambiental reafirma que
hasta que no
se demuestre que
alguna de estas sustancias que se utilizan en dichas
actividades no daña la salud humana, se opone tenazmente, haciendo valer el
principio precautorio que fija la ley vigente en todo el territorio nacional en
materia de Ambiente.
En Entre Ríos, esta política se replica sin subterfugios. La
actitud demostrada por el Ejecutivo provincial de apelar fallos judiciales de
primera instancia y, no solo eso, del Superior Tribunal de Justicia que ordenan
y establecen perímetros de
seguridad en las
fumigaciones terrestres y
aéreas alrededor de
escuelas y poblaciones rurales y
cursos de agua, es escandalosa.
Es llamativo que
a la responsable
del Consejo General
de Educación de
la provincia, no
se le haya escuchado una sola manifestación pública
durante 2018, solidarizándose con los docentes y alumnos que permanentemente
son fumigados.
También resulta vergonzoso
que el Senador
Departamental de Gualeguaychú,
Nicolás Mattiauda y el
Senador Nacional Alfredo De Ángeli estén presionando junto a la Mesa de Enlace
para que se reglamente con un Decreto
del gobernador Bordet
el fallo judicial
emitido por el
Superior Tribunal respecto
a las fumigaciones. En la parte
resolutiva del mencionado fallo no existe referencia alguna por parte de los
tres
Vocales ordenando al Poder Ejecutivo Provincial a dictar decreto
alguno. Muy por el contrario, uno de ellos en
su voto particular
llega a exhortar
al Poder Legislativo
a sancionar una
nueva ley en
materia de agrotóxicos que
sustituya la actual
que rige en
Entre Ríos. Si
se produjera alguna
norma regulatoria respecto de la
sentencia judicial, los responsables inevitablemente deberán ser llevados ante
la Justicia sin miramiento alguno.
4. LEY DE LA MADERA
Muestra de la genuflexión del Gobierno provincial hacia el
de la Nación, ha sido la derogación de la llamada Ley de la Madera en Entre
Ríos. Con el pretexto de hacer aumentar el proceso productivo en la provincia,
los rollizos en bruto de eucaliptus están siendo exportados a China desde
Concepción del Uruguay, con el silencio cómplice del Intendente de esa ciudad,
que hasta la fecha no ha emitido opinión al respecto.
Es un secreto a voces que, mientras una parte de estos
embarques de troncos van al gigante asiático, otros van veladamente al Puerto
de Montevideo como materia prima que luego se desvía hacia las dos
pasteras que están
activas en Uruguay.
La vergonzante derogación
de esa ley,
impulsada por el Gobernador Bordet y votada por la inmensa
mayoría de diputados y senadores provinciales, solo buscaba defender los
intereses de la
Asociación Forestal Argentina
(AFOA) y vender
fundamentalmente a las industrias pasteras del Uruguay.
Las mentiras esbozadas por el Gobernador Bordet intentando
justificar que la derogación de la ley permitiría reactivar la
industria maderera entrerriana,
la incorporación de
valor agregado y
la construcción de viviendas están a la vista de todos.
Sobran los dedos de una mano para contabilizar
los “proyectos de desarrollo maderero” mientras los productores del
sector padecen una crisis sin precedentes. Y no solo esto: las prometidas 250
casas de madera que Bordet anunció que se iban a construir en 2018 no existen.
5. GLIFOSATO
Existe un apoyo manifiesto del Gobierno de Entre Ríos hacia
los sectores concentrados de la producción agrícola a favor del uso de
agrotóxicos. La actuación de las Secretarías de Ambiente y de Producción de
la provincia es
impresentable y los
responsables de dichos
organismos, Barbieri y
Gabbás son los ejecutores de esta política que prioriza
el agro negocio a la salud de los entrerrianos. Resultan patéticos argumentos
tales como “uso racional” o “buenas prácticas” en el uso de estos venenos.
Afortunadamente, para el ejido de Gualeguaychú hubo una resolución muy concreta
de prohibición para el uso, almacenamiento, tenencia y comercialización del
glifosato, si bien la Municipalidad de Gualeguaychú debería proponer la
modificación de los irrisorios montos de las multas que se fijaron por
Ordenanza a los infractores.
Asimismo aún no se ha
reglamentado la Ordenanza,
también ya aprobada,
que regula la aplicación del resto de los agrotóxicos.
Se desconoce si la misma contará con un presupuesto capaz de hacer efectivo un
verdadero control sobre los productores y profesionales las empresas de
fumigación.
Si bien apoyamos esta clase de normativas, la Asamblea cree
que estas medidas deben ser prudentes y consensuadas, llegando
a acuerdos con plazos determinados,
dando tiempo a los productores
para adaptarse y lograr una producción sana y sin contaminantes.
6. PLANTA DE
EFLUENTES CLOACALES
Otra de las
cuestiones muy preocupante
es el lamentable
estado de funcionamiento de la
Planta de Efluentes Cloacales,
que es una de las causas más importantes de la contaminación del río
Gualeguaychú. Hay que recordar que el Intendente y hoy Diputado Nacional Juan
José Bahillo ya decía en 2011 que el funcionamiento de la planta “siempre fue
óptimo”. Una falsedad que repetiría sin vergüenza alguna en varias oportunidades, todas ellas
documentadas, entre octubre de 2012 y hasta 2015.
La nueva gestión municipal a partir de diciembre de 2015,
reconoció que el funcionamiento de la planta no era el
adecuado. Pero pese a los
Convenios firmados con
Universidades Nacionales, diferentes reparaciones que debieron hacerse,
renovación de algunos componentes de la planta, el resultado sigue siendo el
mismo. O peor. En este sentido, la Asamblea Ciudadana Ambiental renueva el
fuerte reclamo que viene ejerciendo a través del Foro Ambiental, para que se
ponga en condiciones definitivamente la Planta de Efluentes y cesar con la
contaminación del río Gualeguaychú.
7. PLANTA EFLUENTES
PIG
Celebramos la concreción
de la nueva
planta de tratamiento
de efluentes del
Parque Industrial de Gualeguaychú y su derivación aguas debajo
de la Toma de Agua de nuestra ciudad. Este logro se debe al permanente reclamo
de los vecinos
del Barrio Don
Pedro quienes lograron que interviniera
la UFIMA. También destacamos el accionar del Foro Ambiental y la presión
de la Justicia para conseguir una solución definitiva a la grave situación de
contaminación ambiental denunciada.
8. ECOPARQUE
Un párrafo final merece la situación en el Ecoparque de
nuestra ciudad, ya que el mismo quedaría sin capacidad para el tratamiento y
enterramiento de los residuos urbanos. Una obra sobre la que, la Auditoría
General de la
Nación, en mayo
de 2015, reveló
que existieron irregularidades atribuibles
a la anterior gestión municipal y que nunca se
investigaron.
Cuatro años después de su construcción y puesta en
funcionamiento, el Ecoparque prácticamente está al límite de
su operación y ahora
será necesario que la Municipalidad
negocie un nuevo
crédito para su ampliación. La Asamblea Ciudadana
Ambiental exige a las autoridades locales que hagan público a la brevedad cuál
será el accionar
concreto que llevarán
a cabo para lograr que
el Ecoparque continúe funcionando.
Finalmente, ante este terrible panorama de lo que ha
acontecido en el año que está finalizando en materia ambiental en nuestra
ciudad como así también en la provincia como en la Nación, desde la Asamblea
Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, advertimos seriamente a las autoridades
que actúen conforme a cumplir con la obligación constitucional de garantizar el
derecho de la población a que su salud sea preservada y a vivir en un ambiente
sano.
Los tiempos, las alertas y la paciencia, se terminan.
ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL GUALEGUAYCHÚ
Gualeguaychú, 18 de diciembre de 2018”.
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