El Gobierno enviará al Congreso el proyecto para bajar a 15 años la edad de imputabilidad
La baja repercusión negativa que tuvo la implementación de
las pistolas Taser en aeropuertos y trenes parece haber decidido al Gobierno a
avanzar en algunos proyectos que parecían cajoneados.
Uno de ellos es el nuevo
Régimen Penal Juvenil, un pedido que Mauricio Macri les había hecho a sus
asesores en materia de Justicia en 2017 y que quedó postergado por la campaña
Legislativa de ese año, recobró impulso en las últimas horas. Y ahora el
Presidente planea enviarlo al Congreso para intentar reunir consenso con la
oposición y aprobarlo durante las sesiones extraordinarias de febrero. La
principal novedad en la letra del texto, tiene que ver con la baja de la edad
de imputabilidad: de 16 años pasará a 15 años, para los delitos más graves; y
no a 14 como impulsaba el sector más duro.
La información fue confirmada por altas fuentes oficiales.
Más: el tema estuvo sobre la mesa en el almuerzo que compartieron los ministros
en Casa Rosada y, ante la ausencia de Macri por sus vacaciones, encabezó el
jefe de Gabinete, Marcos Peña.
La decisión de enviar el proyecto, que el ministro de
Justicia, Germán Garavano; ya tiene listo hace meses, se reflotó luego de que
se evaluara la buena recepción que había tenido el anuncio de la compra de las
Taser, un aspecto que un año electoral suele ser determinante.
En el Gobierno hablan de un “cambio cultural” que permite
plantear algunos debates que, años atrás, generaban prurito a la clase
política, consignó el diario Clarín.
Fue, precisamente, la ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich quien junto a Garavano hablaron del tema en el cónclave del viernes.
La funcionaria, que pretendía que la edad de imputabilidad bajara a 14 años, le
había dado su conformidad al ministro para que quede en 15 años, porque, según
cuentan cerca suyo, entiende que lo mejor es que salga un proyecto que
reemplace a la Ley N° 22.278, vigente desde 1980, en plena dictadura.
Con las diferencias de criterio internas ya saldadas, y la
carta de que se trata de una baja de imputabilidad más moderada que la prevista
inicialmente, en el oficialismo aspiran a que el consenso con un sector del
peronismo federal les permita avanzar en el Congreso. Y descuentan que el
kirchnerismo se opondrá, publicó Clarín.
El proyecto prevé un sistema de escalas, según la edad. A
los 15 años, los chicos serán imputables sólo por delitos considerados graves:
homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestro extorsivo y robo con armas
de fuego.
En tanto, los mayores de 16 años y los menores de 18 años
serán imputables siempre que no se trate de un delito cuya pena máxima de
prisión es igual o menor a tres años; y podrán ir a la cárcel cuando cometieran
un hecho reprimido en el Código Penal con una pena máxima igual o mayor a diez
años.
En todos los casos, como se apunta en el Artículo 50° del proyecto,
se establece que 15 años será el “plazo máximo” de prisión se le podrá imponer
a adolescentes y se deja claro que “queda prohibida la imposición de reclusión
y de prisión perpetua” para los menores.
Además, se incorporan “mecanismos no tradicionales de
resolución de conflictos”, como la mediación, la conciliación y el acuerdo
restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima, consignó
Clarín.
Otros aspectos
Pero el proyecto no se limita sólo a los casos de los
jóvenes que pueden ser declarados imputables. Movilizados por el impacto que
provocó el caso de “El Polaquito”, el chico de 12 años que según dijo en una
entrevista televisiva mató a un “transa” que no le quiso dar droga; y fue
acusado de robar en un jardín de infantes en Lanús; quienes participaron en las
ocho mesas de trabajo que trazó el Ministerio de Justicia incluyeron, en los
Artículos 85° y 86° del proyecto, la “respuesta a inimputables” que tiene que
dar el Estado.
De ese modo, en los casos que la “investigación preliminar”
determine que fue un menor de 15 años quien cometió un delito reprimido con
pena máxima de diez años, se dispondrá que un equipo interdisciplinario
-integrado por médicos, psicólogos, psicopedagogos, docentes, especialistas en
adicciones y trabajadores sociales- elabore un plan individual para acompañar
al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.
“Hoy un joven de 18 años que comete un delito, probablemente
haya comenzado a delinquir desde muy joven, pero recién tiene su primer
contacto con el Estado cuando va preso a una cárcel de mayores. Si se lo
acompaña antes, tal vez eso se pueda evitar”, razonan en el Gobierno.
“Esto plantea un cambio de paradigma. Hoy hay un modelo
tutelar, en el que el juez decide discrecionalmente. Proponemos adecuar la ley
a la Constitución y a los parámetros internacionales, dijo a Clarín el
subsecretario de Justicia y Política Criminal, Juan José Benítez.
El único punto que Macri deberá definir antes de enviar el
proyecto gira en torno a los plazos máximos para la aplicación de la ley, que
prevé la creación de un Fuero de Menores y establecimientos donde alojar a los
jóvenes privados de su libertad.
“Hay provincias que están más avanzadas que otras. En
algunas puede ser casi de forma inmediata y en las más atrasadas puede llevar
varios años”, explican. Para definir cada situación, en un esquema progresivo,
se conformará una “Comisión de Implementación”.
Tanto el Gobierno nacional como los gobernadores saben que
el proyecto requiere de fondos adicionales. María Eugenia Vidal, que gobierna
el distrito más caliente y con mayor incidencia de los jóvenes en el delito,
fue la primera en plantearlo y pedir tiempo para adaptar el ya colapsado
sistema penitenciario bonaerense.
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