Tres jueces resuelven la elevación a juicio de la megacausa unificada contra Urribarri y compañía
El "sueño entrerriano" del exgobernador Sergio
Urribarri generó tres causas que serán unificadas en un juicio oral y público,
en lo que será una megacausa que marcará la agenda de este 2019. Pero por
instrucciones del Poder Judicial, serán tres jueces lo que determinen la
elevación a juicio de cada uno de los legajos para luego unificarse en la
instancia oral y pública.
El juez de Garantías Nº5 Elvio Garzón comandará la audiencia
que investiga delitos en la instalación del parador playero en Mar del Plata,
la jueza de Garantías Nº6 Elisa Zilli presidirá la audiencia respecto a las
presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Nelly durante la
cumbre del Mercosur y el titular del Juzgado de Garantías Nº4 Mauricio Mayer
tendrá a su cargo la audiencia de la solicitada millonaria contra los Fondos
Buitre. Estos tres magistrados tienen bajo su órbita la audiencia de elevación
a juicio de cada legajo, para los que el Ministerio Público Fiscal solicitó su
unificación en un único juicio oral y público.
Tres jueces por separados serán los encargados de analizar
el pedido de remisión a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal para
una megacausa en la que el principal imputado es el exgobernador Sergio
Urribarri.
Se trata de los tres legajos unificados en los que se
investigó la fallida campaña del “sueño entrerriano”, que tuvo a Urribarri como
precandidato a presidente en 2015. La acusación pública considera que el
exmandatario financió su campaña con fondos públicos y por ello le achaca los
delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y
fraude al Estado.
En septiembre de 2018 la Fiscalía unificó tres expedientes,
y en diciembre pasado pidió la elevación a juicio con un pedido de condena para
el exgobernador: 9 años de cárcel, inhabilitación absoluta perpetúa para
ejercer cargos públicos y una multa de $90 mil.
Las causas unificadas, son: la de la instalación del parador
playero en Mar del Plata, que le costó a la Provincia $14.561.870,00; la causa
Nelly/Mercosur, en la que se investigó el pago de $28 millones para difundir
cuatro spots televisivos durante la Cumbre de presidentes que se realizó a
fines de 2014 en Paraná; y la solicitada contra los Fondos Buitre que se
difundió en junio de 2014 y que costó $4.308.500,23. La suma de todas estas
investigaciones arroja la cifra de $46.870.370 millones, publicó Entre Ríos
Ahora.
Tres jueces para cada caso
El pasado 17 de diciembre, la Oficina de Gestión de
Audiencias (OGA) resolvió que las tres causas que fueron unificadas por la
Fiscalía sean desagregadas en la instancia previa al juicio, esto es, la
audiencia de elevación a debate oral y público.
En el sorteo dispuesto por la OGA resultaron los tres jueces
de Garantías que analizarán cada legajo. El juez de Garantías Nº 5, Elvio
Garzón, presidirá la audiencia para la causa que investiga la instalación del
Parador playero en Mar del Plata en enero de 2015.
En tanto, el expediente por la contratación de la empresa
Nelly, durante la cumbre del Mercosur de 2014, en Paraná, quedó a cargo de la
jueza de Garantías Nº 6, Elisa Zilli, quien el 10 de diciembre de 2018 dispuso
la suspensión de juicio a prueba para uno de los acusados en este expediente,
el dueño de la firma, Jorge “Corcho” Rodríguez.
Finalmente, la remisión a juicio de la solicitada millonaria
contra los Fondos Buitre quedó en manos del juez de Garantías Nº 4, Mauricio
Marcelo Mayer.
En la resolución antes mencionada, la OGA explicó que los
tres casos serán discutidos en audiencias por separados por el “grado de
complejidad del trámite” y siguiendo instrucciones de la Sala Penal del
Superior Tribunal de Justicia, que integran los jueces Daniel Omar Carubia,
Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio. Superada esa instancia, aclararon, los
casos serán juzgados por un único Tribunal de Juicio.
Al respecto, se indicó que “sin perjuicio de la acumulación
de los mencionados Legajos de I.P.P. (Investigación Penal Preparatoria)
dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, esta Oficina de Gestión debe
garantizar, conforme lo dispuesto por la Reglamentación para Oficinas
Judiciales de Entre Ríos, la asignación equitativa de las audiencias según el grado
de complejidad del trámite, conforme dichos criterios reglamentarios”.
Además, se dejó en claro que “siguiendo expresas
instrucciones de la Excma. Sala Penal al respecto, corresponde garantizar la
asignación equitativa en estos casos cuya complejidad en el trámite no puede
soslayarse, considerando además la carga horaria que demandan este tipo de
audiencias y observando criterios objetivos de distribución de trabajo,
considerando además, que en la eventualidad de ingresar los mencionados pedidos
a la órbita del Tribunal de Juicio y Apelaciones, se disponga la acumulación de
los Legajos de OGA a fin de que un mismo Tribunal juzgue los hechos aquí
requeridos”.
Imputados y penas
Los demás imputados en las diferentes causas, son: Pedro
Báez, exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial; Juan
Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del
PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur;
Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de
la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el
titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del
Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth
Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.
En el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía hizo un
adelanto de condena para cada acusado. Para Urribarri pidió 9 años de prisión;
para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión;
para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de
prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial;
Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión.
Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios
pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una
pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían
cometido con “ánimo de lucro”.
Analisis digital
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