Tres jueces resuelven la elevación a juicio de la megacausa unificada contra Urribarri y compañía


El "sueño entrerriano" del exgobernador Sergio Urribarri generó tres causas que serán unificadas en un juicio oral y público, en lo que será una megacausa que marcará la agenda de este 2019. Pero por instrucciones del Poder Judicial, serán tres jueces lo que determinen la elevación a juicio de cada uno de los legajos para luego unificarse en la instancia oral y pública.

El juez de Garantías Nº5 Elvio Garzón comandará la audiencia que investiga delitos en la instalación del parador playero en Mar del Plata, la jueza de Garantías Nº6 Elisa Zilli presidirá la audiencia respecto a las presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Nelly durante la cumbre del Mercosur y el titular del Juzgado de Garantías Nº4 Mauricio Mayer tendrá a su cargo la audiencia de la solicitada millonaria contra los Fondos Buitre. Estos tres magistrados tienen bajo su órbita la audiencia de elevación a juicio de cada legajo, para los que el Ministerio Público Fiscal solicitó su unificación en un único juicio oral y público.

Tres jueces por separados serán los encargados de analizar el pedido de remisión a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal para una megacausa en la que el principal imputado es el exgobernador Sergio Urribarri.

Se trata de los tres legajos unificados en los que se investigó la fallida campaña del “sueño entrerriano”, que tuvo a Urribarri como precandidato a presidente en 2015. La acusación pública considera que el exmandatario financió su campaña con fondos públicos y por ello le achaca los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.

En septiembre de 2018 la Fiscalía unificó tres expedientes, y en diciembre pasado pidió la elevación a juicio con un pedido de condena para el exgobernador: 9 años de cárcel, inhabilitación absoluta perpetúa para ejercer cargos públicos y una multa de $90 mil.

Las causas unificadas, son: la de la instalación del parador playero en Mar del Plata, que le costó a la Provincia $14.561.870,00; la causa Nelly/Mercosur, en la que se investigó el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos durante la Cumbre de presidentes que se realizó a fines de 2014 en Paraná; y la solicitada contra los Fondos Buitre que se difundió en junio de 2014 y que costó $4.308.500,23. La suma de todas estas investigaciones arroja la cifra de $46.870.370 millones, publicó Entre Ríos Ahora.

Tres jueces para cada caso

El pasado 17 de diciembre, la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) resolvió que las tres causas que fueron unificadas por la Fiscalía sean desagregadas en la instancia previa al juicio, esto es, la audiencia de elevación a debate oral y público.

En el sorteo dispuesto por la OGA resultaron los tres jueces de Garantías que analizarán cada legajo. El juez de Garantías Nº 5, Elvio Garzón, presidirá la audiencia para la causa que investiga la instalación del Parador playero en Mar del Plata en enero de 2015.

En tanto, el expediente por la contratación de la empresa Nelly, durante la cumbre del Mercosur de 2014, en Paraná, quedó a cargo de la jueza de Garantías Nº 6, Elisa Zilli, quien el 10 de diciembre de 2018 dispuso la suspensión de juicio a prueba para uno de los acusados en este expediente, el dueño de la firma, Jorge “Corcho” Rodríguez.

Finalmente, la remisión a juicio de la solicitada millonaria contra los Fondos Buitre quedó en manos del juez de Garantías Nº 4, Mauricio Marcelo Mayer.

En la resolución antes mencionada, la OGA explicó que los tres casos serán discutidos en audiencias por separados por el “grado de complejidad del trámite” y siguiendo instrucciones de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que integran los jueces Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio. Superada esa instancia, aclararon, los casos serán juzgados por un único Tribunal de Juicio.

Al respecto, se indicó que “sin perjuicio de la acumulación de los mencionados Legajos de I.P.P. (Investigación Penal Preparatoria) dispuestos por el Ministerio Público Fiscal, esta Oficina de Gestión debe garantizar, conforme lo dispuesto por la Reglamentación para Oficinas Judiciales de Entre Ríos, la asignación equitativa de las audiencias según el grado de complejidad del trámite, conforme dichos criterios reglamentarios”.

Además, se dejó en claro que “siguiendo expresas instrucciones de la Excma. Sala Penal al respecto, corresponde garantizar la asignación equitativa en estos casos cuya complejidad en el trámite no puede soslayarse, considerando además la carga horaria que demandan este tipo de audiencias y observando criterios objetivos de distribución de trabajo, considerando además, que en la eventualidad de ingresar los mencionados pedidos a la órbita del Tribunal de Juicio y Apelaciones, se disponga la acumulación de los Legajos de OGA a fin de que un mismo Tribunal juzgue los hechos aquí requeridos”.

Imputados y penas

Los demás imputados en las diferentes causas, son: Pedro Báez, exministro de Cultura y Comunicación y actual diputado provincial; Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y secretario del bloque de senadores del PJ; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el ex ministro de Turismo, Hugo José María Marsó; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

En el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía hizo un adelanto de condena para cada acusado. Para Urribarri pidió 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión.

Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.
Analisis digital



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