Causa contratos: se dispuso la inmediata libertad de Aguilera, Almada y Cardoso
La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Marina Barbagelata,
dispuso la libertad inmediata de los imputados Juan Pablo Aguilera, Alejandro
Almada y Sergio Cardoso en la causa de los contratos truchos. Fue después de la
audiencia pedida este jueves por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio
Aramberry, para prorrogar las prisiones preventivas de los tres. En principio, los
fiscales solicitaron que se prorroguen las prisiones preventivas por 37 días.
Para eso señalaron los roles que ocuparían los imputados en
la supuesta asociación ilícita y el riesgo que implicaría su libertad. Yedro y
Aramberry insistieron en que la organización “está en funciones” y volvieron a
reclamar información a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. “No
podemos avanzar. Estamos trabajando en la elevación a juicio, pero no podemos
cerrar y avanzar si Senadores no nos envía los seis años que nos debe y si
Diputados no nos envía los cuatro años que nos debe. Reiteramos los pedidos y
nos contestan que están colectando la documentación. Pero eso ocurre desde
septiembre”, pidieron. Asimismo, llevaron a la audiencia una serie de contratos
que consideran amañados y facturas de cobro de los mismos. “Llamamos a los
contratados y desconocen su firma tanto de contratos como de facturas.
Por eso entendemos que esta documentación que nos han
mandado, por el estado de conservación que tiene, está siendo elaborada en este
momento”, manifestaron. Los argumentos no fueron consideraros suficientes para
prorrogar las preventivas, porque entendió la jueza que deberían alegarse
hechos específicos de entorpecimiento actual en la investigación o advertir
real peligro de fuga. De modo que Aguilera, Cardoso y Almada fueron dejados en
libertad con varias medidas restrictivas.
Pasadas las 8 comenzó la audiencia para pedir la prórroga de
las prisiones preventivas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador
Sergio Urribarri y ex secretario del bloque del PJ en el Senado; de Alejandro
Almada, cuñado de Aguilera y funcionario de la Cámara de Diputados; y de Sergio
Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de Diputados -de
licencia-. Los primeros dos cumplieron la medida en la Unidad Penal Nº 1 de
Paraná. Y Cardoso cumplió la medida en el domicilio que fijó en el legajo. Los
90 días de vigencia de esas prisiones vencieron este viernes. Por eso los
fiscales pidieron la prórroga.
Con la decisión de Barbagelata, todos los imputados en la
causa que investiga una organización enquistada en el seno de la Legislatura
para sustraer dinero público, quedaron en libertad restringida o prisión
domiciliaria. Esta última medida corre para los imputados Ariel Faure y Gustavo
Pérez que permanecen con tobilleras electrónicas en sus domicilios. Sin
embargo, también para estos dos casos específicos se espera una resolución de
la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia. Es que los abogados defensores
interpusieron un recurso de queja, similar al que permitió la libertad de los
primeros detenidos en la causa: Alfredo Bilbao, Hugo Mena Giovenni, Esteban
Scialocomo, y Flavia Beckman.
El fallo
La jueza Barbagelata entendió que hay racionalidad en los
pedidos de prórroga realizados por los fiscales. Marcó que la investigación ya
lleva más de 90 días, plazo estipulado para darle un cierre. “Hablamos de una
investigación que tiene un tiempo de desarrollo importante”, señaló y retomó
“cuestiones pendientes para solicitar remisión de causa a juicio” -en
referencia a la documentación que debe la Legislatura-. “Resulta criterioso
señalar cuál es el lugar que se le atribuye a cada uno dentro de la estructura
orgánica”, acotó.
Barbagelata refirió al fallo de la Sala Penal de STJ:
“Entiendo que Entre Ríos es pionera en cuanto a la libertad de los acusados en
el proceso de investigación. El tema es si la libertad es razonable cuando hay
actos concretos y específicos que demostraron actitudes obstructivas en la investigación”.
Y agregó que “la magnitud del injusto y la seriedad de los hechos investigados,
además de la profusa evidencia son elementos que deben tenerse en cuenta”.
La jueza advirtió el pedido de los fiscales en cuanto a la
documentación pendiente que aún está en poder de las autoridades legislativas
de la provincia. “Eso que está pendiente no puede ser modificado ni obstruido
ni debe tener interferencia por parte de los imputados”, marcó pero entendió
que los imputados no tienen “la facultad de disponer la entrega”.
“No se verifican situaciones que deben tenerse en cuenta
para mantener las medidas de coerción extrema como son las prisiones
preventivas. Y además existe la posibilidad de adoptar otro tipo de medidas
menos gravosas”, adelantó y resolvió: “No voy a hacer lugar al pedido de
Fiscalía y dispondré libertad de Aguilera, Almada y Cardoso”.
Luego especificó las medidas restrictivas para los tres
casos:
• Deberán
mantener el domicilio que denunciaron ante Fiscalía. Se les prohíbe modificar
el domicilio sin previo acuerdo con Fiscalía o autorización de un juez.
• No pueden
salir de Paraná sin autorización judicial.
• Se les
prohibió contacto con todas las personas que están relacionadas a la
investigación. Y se los inhibió de vincularse con personas relacionadas a
trámites burocráticos dentro de la Legislatura, vinculadas a suscripción de
contratos, pago de los mismos o remisiones de los mismos.
• Se les
prohibió contacto con personas encargadas del control de los trámites
administrativos. Es decir que no pueden vincularse a los auditores del Tribunal
de Cuentas.
A esas restricciones impuestas por la jueza, el fiscal
Aramberry agregó:
• La
prohibición a los imputados del ingreso a Casa de Gobierno y dependencias
administrativas descentralizadas hasta que la Legislatura remita la
documentación pendiente.
• Que
comparezcan lunes y viernes de cada semana a la comisaría de la jurisdicción
donde fijaron domicilio.
Los defensores Marcos Rodríguez Allende -por Aguilera-;
Guillermo Vartorelli -por Almada-; y Emilio Fouces -por Cardoso- estuvieron de
acuerdo con la propuesta y admitieron también que las medidas restrictivas
tengan vigencia hasta que la Fiscalía concluya la investigación y eleve el
requerimiento de juicio oral.
Analisis
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