Denuncian una operación político-judicial para perjudicar a Cresto en plena campaña electoral

Como derivación de una denuncia formulada por el ex titular de una cooperativa de servicios, identificado como Juan “Tuco” González, el intendente Enrique Cresto y algunos funcionarios de su gabinete son objeto de una investigación judicial que pone bajo la lupa determinados procesos administrativos que, según las normas vigentes, cumplen debidamente con las disposiciones establecidas en el ámbito municipal.

“Tuco” González es una persona conocida en el ámbito judicial, precisamente por sus antecedentes. Presidía una cooperativa de trabajo que ofrecía al municipio servicios de limpieza, principalmente en la zona sur de la ciudad. A fines del año pasado - con motivo de las permanentes actitudes extorsivas e intimidatorias del individuo y su participación en determinados episodios delictivos - la municipalidad interrumpe la contratación de servicios a dicho cooperativa.

Precisamente, al tomar conocimiento de las actuaciones impulsadas por el fiscal José Emilio Arias - en base a supuestas irregularidades denunciadas por González en la gestión de cobro de determinados expedientes - el funcionario municipal Guillermo Von Zellheim se presentó esta mañana en Tribunales con sus asesores legales para recusar al fiscal por manifiesta parcialidad en su actuaciones y solicitar a la Procuración General su apartamiento del cargo.

¿En que se fundamenta la recusación? Arias es primo hermano del precandidato a intendente Eduardo Asueta y hasta hace poco tiempo formaba parte del estudio jurídico que su padre y su hermano aún comparten con el doctor Sebastián Bahler, hijo del precandidato a intendente Alejandro Bahler.

Asimismo, según reclamó Von Zellheim a través de sus asesores legales, el fiscal no cumplió los requisitos procedimentales del Ministerio Público Fiscal al pretender dar continuidad a la investigación y avanzar en una eventual imputación sin cumplirse los plazos correspondientes para la presentación de informes que el fiscal solicitó al municipio con fecha 26 de febrero.

En rigor, el proceso administrativo que hoy es objeto de cuestionamientos por el fiscal es el mismo que la Municipalidad sigue desde hace varios años para situaciones similares, por lo que en el entorno del actual intendente consideran que es llamativo que a pocos días del cierre de listas y en plena campaña electoral el fiscal decida avanzar con esta investigación.

“Los profundos cambios que el Intendente viene generando en con el objeto de regularizar y dar transparencia al manejo de los recurso del municipio dejan en el camino inevitables disconformidades. Pero Cresto es un Intendente que prioriza los cambios en positivo para Concordia y no da marcha atrás, a pesar de las presiones y los descontentos que siempre hay. Sabemos que está dentro de las reglas del juego que esta disconformidad se traduzca en intenciones de perjudicar al Intendente y a su gestión. Pero la situación se torna aún mucho más grave cuando a esto se suman las pretensiones de algunas personas que pretenden utilizar la Justicia como herramienta para operaciones de orden político”, expresó, a 7Paginas, la doctora María de los Ángeles Petit, asesora institucional de la gestión de Cresto.