El nuevo juzgado de Federación, ya figura entre las obras prioritarias para el STJ

En las últimas horas, el poder judicial hizo llegar a la legislatura, un anteproyecto solicitando la incorporación de nuevas obras en el presupuesto 2019. Dentro de ellas se encuentra los Juzgados de Paz de Bovril, de Viale, de Santa Elena; y los edificios proyectados en Federación, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

El Poder Judicial de Entre Ríos, según se informó a 7Paginas, aportó un anteproyecto de ley tendiente a que la Legislatura provincial apruebe la incorporación de nuevas obras al plan ya autorizado por el artículo 21º de la Ley Nº 10660, Presupuesto 2019. En la iniciativa también se pide que se lo autorice a disponer de las sumas depositadas en cuentas bancarias inmovilizadas y sin rédito alguno en el Nuevo Bersa. Es importante destacar que esos fondos permanecen inmovilizados desde hace 3 años y no han sido sometidos a ningún tratamiento financiero que permita la generación de interés en orden a resguardar o mantener su valor frente al proceso inflacionario, entre otras consecuencias negativas, a lo que se suma que la falta de reclamo por parte de los justiciables genera la inmovilización de la cuenta y la imposibilidad de proceder al archivo de la causa. El objetivo final es que los recursos puedan ser utilizados y destinados a cubrir inversiones en infraestructura y tecnología. Entre las nuevas obras están las destinadas a los Juzgados de Paz de Bovril, de Viale, de Santa Elena; y los edificios proyectados en Federación, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

El anteproyecto de ley fue entregado por el presidente del STJ, Dr. Emilio Castrillon a la Ministra de Gobierno y Justicia Dra. Rosario Romero. El mismo tiene como objetivo lograr la disponibilidad de los fondos inmovilizados y poder destinarlos a obras de infraestructura y otros bienes; preservando al menos a partir del tercer año su valor en inversiones. Por un lado, se contempla asegurar la respuesta financiera a cualquier solicitud de fondos pertenecientes a tales cuentas y, por otro, el archivo de los expedientes cuya existencia sólo provoca problemas de funcionamiento edilicio en cuanto a espacio y peso, y de desarrollo funcional propias del organismo.

En uno de sus artículos, el anteproyecto presentado a Romero contempla la autorización al STJ a disponer de los fondos existentes en cuentas judiciales de los expedientes concluidos o paralizados, con excepción de los correspondientes a menores e incapaces, y que estando en condiciones de ser requeridos por quien tiene el derecho a los mismos no fueron solicitados para su percepción por el plazo de tres años los que pasarán a una Cuenta Especial a la orden del Superior Tribunal de Justicia.

Por otra parte, se establece que los fondos de la Cuenta Especial serán destinados a financiar la ejecución del plan de obras públicas, la adquisición de bienes de uso y la aplicación de nuevas tecnologías u otros destinos que la Justicia determine.

También se contempla que el STJ deberá mantener inmovilizado un 20% de los fondos del artículo 3º para dar cumplimiento a los beneficiarios cuando sean requeridos. En caso de que ese porcentaje resultare ocasionalmente insuficiente se lo autoriza a realizar los refuerzos o readecuaciones presupuestarias para asegurar el cumplimiento.