La Mesa de Enlace aseguró que la judicialización del uso de agrotóxicos “no resuelve nada”
Los principales actores de la producción agropecuaria de
Entre Ríos nucleados en la Mesa de Enlace manifestaron su preocupación ante la
falta de definición respecto de las distancias permitidas para la fumigación
con agrotóxicos en la provincia. “La incertidumbre que se desprende del actual
estado de cosas es un elemento paralizante y sumamente injusto”.
En un duro documento, la Mesa de Enlace de Entre Ríos
manifestó “la más profunda preocupación por la situación que atraviesan los
sectores agropecuario, agroindustrial, profesionales asociados a estas
actividades, entre otros que están directa e indirectamente involucrados a los
rubros productivos afines, ello en el marco de las indefiniciones por parte del
Estado provincial respecto de las distancias de las pulverizaciones agrícolas.
El organismo aclaró que no sólo responsabiliza al Poder Ejecutivo,
sino también al Legislativo y Judicial, que “por acción u omisión” garantizaron
“haber llegado a esta situación de imprevisibilidad”.
Remarcaron que “el actual estado de cosas es un elemento
paralizante y sumamente injusto”, ya que se trata de una actividad
“absolutamente lícita”. Al respecto, indicaron que el sector resultó
“damnificado” y “rehén” de la situación, al ser acusado “de manera
irresponsable por parte de sectores que nunca han podido respaldar
científicamente sus dichos”.
En el comunicado enviado a esta Agencia, hicieron hincapié
en que sin justificaciones “las ciencias agrarias y todas aquellas acciones que
tienen que ver con una producción más amigable con el medio ambiente, son
demonizadas”: “Siempre hemos defendido las buenas prácticas agrícolas y hemos
dado a conocer nuestro rechazo hacia toda acción contraria a ellas, ya que la
irresponsabilidad de algunos no puede hacer que se nos castigue a todos. No
obstante ello, la prohibición lisa y llana de la actividad, la reglamentación sin
parámetros respecto de las pulverizaciones y el ataque sistemático hacia los
productores, no podemos ni debemos tolerarla”, enfatizaron.
Seguidamente, cargaron contra la Cámara de Diputados de la
provincia por no haber tratado la ley de fitosanitarios, y contra el Poder
Judicial por haber revocado el decreto reglamentario dispuesto por el
Ejecutivo, y calificaron la medida como “caprichosa y demagógica”: “Nos
preocupa que a la Justicia entrerriana no le interese recabar datos científicos
ni del ámbito del sistema de salud a la hora de dictar una medida”, dispararon.
Asimismo, cuestionaron que “el Ministerio de Salud de la
provincia tenga informes epidemiológicos y no dé a conocer los resultados. Lo
más triste del caso es que ello tal vez ocurra porque los mismos sean benévolos
con el sector agropecuario. Igual de sorprendente es que los entes sanitarios
nacionales y provinciales no sean tenidos en cuenta”.
“La pregunta que surge desde el más estricto sentido común
es ¿Qué elementos habrá sopesado la Justicia para decidir en una cuestión
técnica de esta magnitud? Lamentablemente, se erige como respuesta que los
mezquinos intereses políticos han triunfado una vez más por sobre la razón y la
justicia”.
En el mismo tono, cuestionaron el rol de algunos sectores
políticos, gremiales y ambientales quienes –según el documento- “han tomado
esto como una bandera para sacar una tajada sectaria e irresponsable”.
“Ni a estos grupos ni al Estado les preocupa que no haya
cuerpos técnicos provinciales que estén acorde a las circunstancias y a la
importancia de la temática. Las áreas competentes en la materia no tienen ni
personal, ni equipamiento para llevar adelante un trabajo de control a lo largo
y ancho de la provincia, lo que termina siendo un ejemplo cabal del desinterés
y de la falta total de dimensionamiento de la problemática que padecen miles de
productores entrerrianos. En resumen, no les interesan la producción ni los
productores, salvo a la hora de recoger la recaudación de los asfixiantes
impuestos provinciales, los más altos por lejos de la región”, sostuvieron.
Ante esto, advirtieron que “dejar de producir en más de 300
mil hectáreas conllevará el abandono obligado de la actividad que vienen
desarrollando muchos entrerrianos. Eso dejará secuelas sociales profundas, tal
vez irrecuperables. Ninguno de los tres poderes del estado entrerriano, ni los
impulsores de esta medida judicial ridícula se han detenido a pensar en las
familias, en los tamberos, en los pequeños productores. A nadie le importa su
suerte”.
Por último, indicaron que “subidos a una falsa e
inconducente ideología harán estragos en miles de entrerrianos de tierra
adentro. Total, los micrófonos y los flashes más resonantes, los que dan más presencia
mediática, están en las grandes ciudades. Mientras tanto, los productores y los
vecinos rurales esperamos del Estado entrerriano una cuota de empatía, para
entender en la encrucijada que nos han metido. Trabajamos dentro de una
actividad lícita y pilar de la Argentina, pero en Entre Ríos, paradójicamente,
somos el pato de una boda ajena”
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