El gobierno provincial no tiene un plan de seguridad para proteger a los entrerrianos, por José Artusi
El primer dato con el que nos encontramos al revisar los
índices de inseguridad, ya es impactante. En un año la tasa de homicidios
dolosos cada 100.00 habitantes aumentó más del 58% en el territorio provincial,
expreso, el diputado provincial, en la nota de opinión enviada a 7Paginas.
Es evidente que el gobierno entrerriano carece de un
verdadero plan de seguridad ciudadana y prevención del delito y la violencia,
que brinde protección y tranquilidad a su población.
Vale la pena observar algunos datos brindados por el
Servicio Nacional de Información Criminal, la Jefatura de Gabinete y la
Fundación Observatorio de Seguridad Ciudadana, que muestran que se trata de un
problema que se viene agravando, a contrapelo de lo que sucede a nivel
nacional:
- Entre 2015 y 2017 la cantidad de hechos delictivos en
general en la provincia de Entre Ríos aumentó un 20, 66%, mientras que a nivel
nacional disminuyó un 4,74%.
- Entre 2015 y 2017 la cantidad de delitos contra las
personas en la provincia de Entre ríos aumentó un 3,08%, mientras que a nivel
nacional se redujo en un 8,59%.
- La tasa de homicidios dolosos cada 100.000 habitantes se
incrementó un 18,75% en Entre Ríos entre 2015 y 2018, mientras que a nivel
nacional disminuyó un 20%. Si comparamos el 2018 con el 2017 en Entre Ríos
aumentaron aún más, el 58,33%. El año pasado nuestra provincia estuvo entre las
5 peores a la hora de considerar este indicador.
- La tasa de violaciones cada 100.000 habitantes aumentó en
Entre Ríos un 25,80% entre 2014 y 2017 mientras que a nivel nacional disminuyó
un 3,26% .
- Los delitos contra la propiedad en Entre Ríos aumentaron
un 23,48% entre 2015 y 2017. A nivel nacional disminuyeron un 6,80%.
- La tasa de robos cada 100.000 habitantes en Entre Ríos
aumentó un 7,64% entre 2014 y 2017, mientras que a nivel nacional disminuyó un
16,52%.
- La tasa de hurtos cada 100.000 habitantes en Entre Ríos
aumentó un 30,98% entre 2014 y 2017 mientras que a nivel nacional disminuyó un
21,89%.
- El Índice de Calidad Institucional de la Seguridad Pública
Provincial (ICISSP) es un indicador que intenta evaluar en qué medida la
legislación provincial se ajusta al conjunto de normas e instrumentos de
derecho internacional que constituyen una referencia para las instituciones de
seguridad ciudadana. Entre Ríos obtuvo una puntuación de 2,6 del índice
compuesto, lo que la ubica entre las 6 provincias con desempeño más bajo para
este indicador.
Las estadísticas hablan por sí solas. El gobierno de Bordet
sólo puede exhibir peores indicadores en materia de inseguridad que los que
teníamos en la gestión de su predecesor y mentor Sergio Urribarri. Y ello en un
contexto nacional en el que la mayoría de las provincias pueden exhibir una
evolución positiva de esos mismos indicadores, lo que se traduce en la mejora a
nivel nacional, lo que permite por ejemplo mostrar que en el primer trimestre
del 2019 se cometieron 1,3 homicidios cada 100.000 habitantes en todo el país,
8% menos que en el primer trimestre del año pasado.
El gobernador Bordet no habla del tema. Cuando se miran
estas cifras se entiende por qué. Sin embargo, los entrerrianos advierten con
preocupación, aún sin conocer estos datos, que es un problema creciente y cada
vez más fuera de control del gobierno.
Frente a este panorama , los ciudadanos deben elegir
conociendo la información que permita comprender la realidad. La opción es
clara, quienes desde Cambiemos podemos y queremos hacernos cargo de este grave
problema o quienes nos han llevado a este presente doloroso y no saben cómo
enfrentarlo. Como diputado provincial presenté en 2017 un proyecto de ley de
seguridad ciudadana y prevención del delito. Nuestra propuesta está basada en
una concepción en la que entendemos por seguridad aquella situación de hecho en
la cual se encuentran minimizados tanto los riesgos de ocurrencia de delitos
como los niveles de criminalidad y violencia. El Estado posee la
responsabilidad indelegable de proveer y asegurar los niveles aceptables de
seguridad pública y protección a los ciudadanos en lo referido a su integridad
física, como también a su patrimonio, siendo sus herramientas principales las
políticas de prevención, la gestión de las fuerzas policiales y penitenciarias
y la administración de justicia. Nuestros objetivos, entonces, son, además de
reducir las tasas delictivas, recuperar la presencia integral del Estado en
todo el territorio, potenciar la prevención social del delito, desarrollar un
sistema moderno de estadísticas criminales e involucrar a los gobiernos locales
y a la sociedad en su conjunto en el logro de ciudades y áreas rurales cada vez
más seguras y menos violentas.
Algunas de las líneas de acción del Sistema Integral de
Seguridad que proponemos son las siguientes:
- Creación del Consejo Provincial de Seguridad, como ámbito
de consulta y asesoramiento permanente.
- Reforma profunda del servicio penitenciario.
- Implementación de foros locales de seguridad, para
canalizar la participación ciudadana en municipios y comunas.
- Creación de la Oficina de Transparencia y Control Externo
dela Policía.
- Creación de la Defensoría del Personal Policial.
- Implementación de mapas del delito actualizados
permanentemente y creación del sistema de información para la prevención del
delito y la violencia.
- Diseño e implementación de un Plan Estratégico de
Seguridad, con metas e indicadores a monitorear y evaluar permanentemente, que fundamenten
las medidas a tomar.
- Reformas estructurales en la formación del personal
policial y penitenciario y mejoras salariales y de condiciones de trabajo.
- Estrategias específicas destinadas a la prevención de
delitos contra las personas (políticas de focalización policial, articulación
con políticas integradas de prevención social y situacional en áreas
focalizadas, etc.).
- Cooperación con fuerzas nacionales para combatir el
narcotráfico y la trata de personas.
- Articulación con políticas de prevención de adicciones y
tratamiento (salud pública).
- Investigación de bandas.
- Incorporación de adelantes tecnológicos en todas las fases
del plan.
- Acciones coordinadas para la prevención de la violencia de
género.
- Implementación en grandes ciudades de centros de monitoreo
integral con cámaras y dispositivos de recolección y sistematización de
información en tiempo real las 24 horas.
Más allá de las particularidades de cada una de estas
medidas, lo fundamental es reconocer el problema, no ocultarlo debajo de la
alfombra, y poner manos a la obra para ir avanzando con pasos concretos en el
logro de una provincia más segura.
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