Artusi propicia la integración y urbanización de los barrios populares
El diputado provincial José Antonio Artusi, (UCR en
Cambiemos) presentó un proyecto de ley tendiente a crear un régimen de
integración social y urbana de los barrios populares o villas y asentamientos
informales.
La iniciativa del legislador radical plantea definir como
"integración social y urbana de barrios populares» al conjunto de acciones
que procuren la construcción, mejora y ampliación de viviendas, del
equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios
públicos, el tratamiento de los espacios verdes, la eliminación de barreras
urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento
ambiental, la mejora de las condiciones de seguridad, el fortalecimiento de las
actividades económicas en los barrios, la integración en la trama urbana, el
dimensionamiento parcelario y la regularización dominial".
Artusi propone en su proyecto la creación a tal efecto del
Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) como entidad
autárquica de derecho público en la órbita del Poder Ejecutivo, que debería,
entre otras acciones, promover, en cooperación con organismos públicos
competentes a nivel nacional, provincial y municipal, la implementación de
proyectos integrales de desarrollo humano en los barrios populares, que articulen
las mejoras en las condiciones del hábitat con acciones de promoción del
empleo, el acceso a la educación y la salud pública, la integración comunitaria
y la seguridad ciudadana.
El patrimonio de este organismo estaría constituido por:
1. Las sumas que anualmente fije la ley de presupuesto.
2. Los créditos provenientes de organismos multilaterales de
crédito con destino al cumplimiento de sus fines y objetivos.
3. Contribuciones, subsidios, legados y donaciones.
4. Todo aporte que en función de su origen tenga por
finalidad la financiación de programas vinculados a las tareas y temáticas
conforme a sus objetivos.
5. Los montos abonados por los beneficiarios por la
transferencia a título oneroso de los inmuebles sujetos a procesos de
regularización dominial y/o de las viviendas a construir, mejorar o ampliar, en
los casos que correspondiere.
6.- Los montos recaudados por recuperación de plusvalías
urbanas generadas por la inversión pública o por disposiciones urbanísticas en
los barrios populares y en áreas urbanas aledañas o cercanas que también se
vean beneficiadas por tales inversiones o acciones públicas, a través de
contribuciones por mejoras, tasas, gravámenes u otros mecanismos tributarios y
no tributarios.
FUNDAMENTOS. En los fundamentos del proyecto, el legislador
uruguayense sostuvo, después de recordar que el Registro Nacional de Barrios
Populares relevó 167 villas y asentamientos en nuestra provincia: "Durante
décadas, la falta de mecanismos que garanticen a los sectores populares más
vulnerables el acceso al derecho a la vivienda desencadenó, como en buena parte
de América Latina, un proceso de urbanización informal, caracterizado por la
construcción social del hábitat de manera irregular, en predios de propiedad
tanto privada como fiscal, ocupados al margen de las normas estatales y de las
políticas públicas. Incluso desconocido en cuanto a su magnitud por parte de
los organismos del Estado. Las condiciones de habitabilidad de estos
asentamientos y sus viviendas, si bien
en el marco de una cierta heterogenidad, se caracterizaron por la
precariedad de las viviendas, la falta de títulos de propiedad del suelo, la
carencia de servicios públicos básicos y equipamiento comunitario; y, en
general, condiciones de vulnerabilidad social que en interacción con los
déficits habitacionales han configurado un círculo vicioso que algunos autores
han denominado el ciclo de la reproducción del hábitat de la pobreza".
Luego valoró que el actual gobierno nacional "sancionó
la ley nacional nº 27.453, por el que se declara de interés público el régimen
de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el
Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana
(RENABAP)» y consideró «a través de otros proyectos de ley hemos propuesto la
adhesión a la mencionada ley nacional 27.454 por un lado, y por otro la
creación de instrumentos similares a los de esta iniciativa, pero en el marco
más amplio de una ley de ordenamiento territorial. Sin perjuicio del
tratamiento de esos proyectos, que seguimos considerando necesarios, estimamos
que resulta menester contar con herramientas específicas para el abordaje de la
problemática de las villas y asentamientos, a los efectos de no demorar la
creación de políticas públicas que puedan comenzar a brindar mejores
condiciones de vida a sus habitantes, integrar estos barrios a la ciudad en su
conjunto, y evitar en el futuro la persistencia de la generación de
asentamientos informales urbanos".
Finalmente, señaló: "Necesitamos un Estado provincial
activo, que deje de ignorar la problemática de los barrios populares y que
ponga en marcha políticas públicas eficaces para integrarlos a las ciudades, en
beneficio de sus pobladores pero también de la sociedad en su conjunto".
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