Concordia: Comienza el juicio por presunta corrupción en la aduana
16 años después de la denuncia inicial llegará a la
instancia del debate en juicio la causa por contrabando que derivó en el
procesamiento de 21 personas, entre ellas Eduardo Cristina, actual Presidente
del EMAPI (Ente Mixto de Administración del Parque Industrial de Concordia).
Hay 57 testigos que deberán ser escuchados durante las
audiencias que, en principio, fueron programadas para comenzar el próximo
martes 6 de Agosto en el Tribunal Oral Federal de Paraná, en los autos
caratulados "MELLA, EDUARDO GABRIEL; HANSON ROSENDE FEDERICO GUSTAVO;
SILVANO, VIRGINIA CATALINA; MONTOREANO, JUAN FERNANDO; PIVAR, MARIA Alejandra y
otros s/infracción ley 22.415".
La lista completa de procesados incluye a Jorge Dufau;
Robert Trombotti Fernádez; Guillermo
Javier Iacobelli; Omar Alberto Custodio; Juan Carliños Impringlio; Sergio
Alejandro Impringlio; Eduardo Ramón Burgos; Eduardo Gabriel Mella, Federico
Gustavo Hanson Rosende; Virginia Catalina Salvano; Jorge Alejo Barrera; Juan
Fernando Montoreano; Eduardo Horacio Cristina; Fernando Alfredo González;
Rogelio Alejandro Alberto Carbonell Araya; Roberto del Carmen Tapia Guzman;
Juan Bernardo Covarribias Jara; Riocardo Mauricio Gómez Guerra; Manuel Jesús
Miñoz Quiróz; Fernando Albarto Olivos Ortega y Marcos Gabriel Rosales Cerda.
Las transacciones bajo investigación habrían significado un
perjuicio al Estado por 3 millones de dólares.
En el origen de la causa, a fines del año 2003, la Unidad
Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) denunció
a dos empresas argentinas y a funcionarios aduaneros y a transportistas. La
acusación por fraude apuntaba contra la Aduana de Concordia, bajo la premisa de
que habría avalado el reingreso al país de transportes que habían partido desde
Iquique (Chile) hacia Uruguay, para luego retornar al país trasandino, pero se
sospecha que ya en territorio argentino los contenedores eran ilegalmente
abiertos para descargar mercadería electrónica no declarada.
La causa cobró estado público gracias a una información de
la agencia oficial Télam que daba cuenta de la maniobra. Aquella primera
noticia, del año 2003, aseveraba que la Dirección General de Aduanas (DGA)
había “desbaratado un complejo sistema de contrabando que permitía el ingreso
al país de mercaderías declaradas como en tránsito, entre Uruguay y Chile, que
incluyó diferencias en las declaraciones por unos 3 millones de pesos, sólo en
las últimas transacciones detectadas”.
El por entonces titular de la Unidad Fiscal de Delitos
Tributarios y Contrabandos (UFITCO), Luciano González Valle, detallaba que una
de las principales involucradas era la ex firma de indumentaria Chemea,
investigada junto a los transportistas y agentes de transporte que facilitaron
las maniobras.
Lo que se informaba oficialmente en aquel momento era que la
Fiscalía había podido “constatar a fines de agosto (del 2003) el ingreso al
país de un cargamento con destino a Iquique (Chile), a través de la aduana de
Concordia (Entre Ríos), cuyo valor declarado era de 22.600 dólares, muy
inferior a los más de 370 mil que se transportaban realmente”, sospechando que
“el propósito era descargar el excedente no declarado en Argentina, para
ingresarlo al mercado local”. En aquel operativo “el camión con la mercadería
fue detenido en las cercanías de la localidad de Uspallata, donde se comprobó
que llevaba artículos de electrónica e informática por más de 370 mil dólares”
y los bienes “habían ingresado al país a nombre de Open Sport Business y Boeing
S.A. (ex Chemea), bajo el rótulo de productos textiles, artículos de
computación, bazar, del hogar, ferretería y otros”, precisaba Luciano González
Valle. Agregando que esa solo sería una muestra de otros 9 casos similares y
otras 11 que estaban sospechados.
Aduana intervenida
Tras aquel escándalo, a través de la Dirección General de
Aduanas se determinó la intervención de la Aduana de Concordia, lo que hizo
mediante la Disposición Nº 96/2003, del 10/10/2003, aludiendo a las “presuntas
irregularidades detectadas por la Dirección General De Aduanas y por la Unidad
Fiscal Para la Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO),
llegando a suspender a algunos agente por un plazo de 60 días.
La medida también incluyó el traslado del entonces
"Administrador de la Aduana de Concordia, Eduardo Ramón Burgos (Legajo Nº
17.527-7) en comisión de servicios a la Aduana de Colón, por el tiempo que dure
la intervención”.
En los comienzos de la investigación, fueron citados a
declarar los despachantes de aduanas Juan Montoreano y Eduardo Cristina, el
transportista Daniel Pizarro, y, como personal de la Aduana, Federico Hanson,
Virginia Silvano, Eduardo Mella, Héctor Toulliet y Jorge Liberatori, algunos de
los cuales terminaron imputados de acuerdo a lo que resolvió la Justicia
Federal de Concepción del Uruguay
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