Coparticipación de impuestos: la historia que se repite, por la Dra. María de los Ángeles Petit
El carácter federal del estado argentino está sustentado
financieramente por el sistema de Coparticipación de Impuestos.
El debate sobre los fondos no es nuevo, lleva más de 200
años, desde los orígenes de la Patria, cuando el principal escollo de la unidad
era el plano económico, más allá de los avances políticos.
Desde 1534 la Aduana de Buenos Aires concentraba la
totalidad del comercio exterior del país y el cobro de los derechos de
importación y exportación fueron una de las causas que retrasaron la
organización definitiva del país.
Sin la presencia de Buenos Aires, en 1853 se aprueban las
bases de la Constitución Nacional y después de la firma del Pacto de San José
de Flores en 1859, Buenos Aires se incorpora en las reformas constitucionales
de 1860 y 1866, determinándose expresamente que los derechos de exportación no
son coparticipables.
Eso se mantuvo hasta el año 2009, 143 años después, en que
se resuelve coparticipar parte de esos derechos en el llamado Fondo de la Soja
que fue dejado sin efecto en el año 2018 por un Decreto del Presidente Macri.
Recorrer la historia argentina es volver a vivir una y otra
vez la misma historia.
Más cerca en el tiempo, en la década del 60, el régimen de
coparticipación se caracterizó por el criterio poco democrático con que se
gastó y el ajuste fiscal del estado nacional sobre las provincias,
interrumpiéndose la tendencia al crecimiento de los gobiernos provinciales.
Esto se mantuvo hasta 1973 en que la Ley de Coparticipación unificó totalmente
el régimen de impuestos.
Esta ley sustituyó impuestos e incorporó otros como por el
ejemplo, el IVA.
La Ley Nº 20.221 define la distribución primaria: un 50%
para la Nación y un 50% para las provincias; la distribución secundaria ( entre
la provincias) se establece de acuerdo a tres criterios: un 65% de acuerdo a la
población, un 25% de acuerdo a la brecha en el desarrollo de las provincias, y
un 10% de acuerdo a la dispersión poblacional. Cada provincia establece a su
vez, su propio sistema de coparticipación interna con sus gobiernos locales.
Entre 1984 y 1988 el sistema federal de unificación y
coparticipación impositiva perdió vigencia legalmente y literalmente dejó de
existir hasta que se firma en 1986 el Convenio Financiero Transitorio de
Distribución de Recursos Federales a las Provincias.
Recién en 1988 se promulgó la tercera y vigente Ley Nº
23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales aprobada en 1988
permanece vigente, debido a su cláusula de renovación automática en caso de no
sancionarse un régimen reemplazante.
Esta ley establece la masa coparticipable, compuesta por la
recaudación de los impuestos existentes (menos los derechos de importación y
exportación), los impuestos que prevean sistemas especiales, y aquellos
impuestos nacionales con afectación específica.
Estableció la recaudación centralizada de impuestos como
Ganancias, IVA, Internos, Combustibles y otros.
La distribución primaria que establece la Ley es de 56,66%
para las provincias, 42,34% para la Nación y 1% en formas de aportes del Tesoro
Nacional.
Hoy, esta Ley, vigente, es una sombra, una ilusión
financiera que se degrada cada día más.
Lo cierto es que desde 1975 hasta hoy, la coparticipación va
en franco descenso.
Los gobiernos nacionales, cada vez con más necesidades
económicas para mantener sus liderazgos, aprobaron diferentes normas,
artilugios económicos sobre nuevos ingresos no coparticipables que fueron en
detrimento de los gobiernos provinciales.
Se podría analizar la Reforma Constitucional de 1994, el
procedimiento para la aprobación de una nueva ley, los pactos fiscales de 1992,
la creación de nuevos impuestos, etc.
Pero es indudable que la masa coparticipable disminuye con
cada gestión de gobierno nacional, muchas veces, con la anuencia de los
gobiernos provinciales.
Y la disminución de esos fondos significan políticamente la
profundización de la agonía del sistema federal argentino.
Más de 200 años de debate, idas y vueltas, creación y
supresión de impuestos, decisiones unilaterales han ido convirtiendo nuestro
país en una república centralista.
La decisión de los últimos días del Presidente Macri de
suprimir el IVA para determinados productos, significa para las provincias una
disminución de más de 50.000 millones de pesos, y gran parte de ellos,
corresponde a los gobiernos locales.
Presentada como una medida para disminuir el impacto de la
devaluación post PASO, en el fondo es una arremetida más sobre los fondos
coparticipables, que, además, pretende instalar en la sociedad que quienes no
aceptan la medida se encuentran en la vereda opuesta al beneficio de la
población en general.
Esta interpretación no se condice con la realidad de todos
los días ni con las políticas públicas de los últimos años, especialmente con
las implementadas en el ámbito social.
Hoy son los gobiernos locales la primera y última red de
contención de la crisis social, con una ausencia total del Estado Nacional.
Paradójicamente, el Gobierno Nacional entiende que el
inyectar fondos a los agentes públicos nacionales, subsidios a los
beneficiarios de la AUH por única vez o adelantando los montos de movilidad a
los jubilados, ayudarían a afrontar la crisis.
Esto, desfinanciando a las provincias y a los municipios,
quienes son los que en la política diaria y directa atienden las demandas
sociales básicas.
Y en el medio, sin mucha publicidad, sin debate y sin querer
de una vez por toda, afrontar una realidad latente, la historia se vuelve a
repetir una y otra vez, y el sistema federal continúa su lánguida extinción y
con él, la lucha de nuestros caudillos y la raíz de la Nación Argentina: las
provincias preexistentes que le dieron origen.
Dra. María de los Ángeles Petit (Especialista en
municipalismo y gobiernos locales)
(Extraído de su libro “Argentina 1810-2010. ¿República
Federal o Unitaria? Delta Editora Año 2010).
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