Comienza el juicio por narcotráfico contra Varisco
El próximo jueves 19 comenzarán las audiencias en el juicio
por narcotráfico que involucra al intendente de la capital provincial, Sergio
Varisco, al supuesto capo narco Daniel “Tavi” Celis y más de treinta imputados
más. El tribunal que los juzgará estará integrado por Lilia Carnero; Noemí
Berros y Roberto López Arango, con José Candiotti al frente de la Fiscalía. Habrá
más de 20 defensores en las audiencias
En las audiencias se debatirán dos causas: una es “Celis,
Miguel Ángel y otros” y la restante “Lemos, Luciana; Gómez, Juan Manuel;
Heintz, Jonathan Jesús; Figueroa Lagos, Wilber y otros”, ambas por infracción a
la ley 23.737 que estableció duras penas para el narcotráfico y sus actividades
conexas.
El primero de los expedientes es el que se conoció como la
causa “de la avioneta” iniciada a partir del descubrimiento de la avioneta que
aterrizó con más de 300 kilos de marihuana en Colonia Avellaneda en 2017 y la
restante es la que se inició un año después, en la que se descubrió el supuesto
involucramiento de Varisco; el concejal Pablo Hernández y la funcionaria
Griselda Bordeira (detenidos desde junio del año pasado) con la banda de Celis.
Las audiencias se realizarán en la sede de la Justicia
Federal de calle 25 de Mayo, donde habrá un gran despliegue de fuerzas de
seguridad federales (Policía Federal; Gendarmería y Prefectura). Según se
informó a esta Agencia, debido que habrá más de 30 acusados en las causas, a
los se sumarán 23 abogados defensores, los representantes de Fiscalía y el
personal de apoyo del Tribunal, se establecerá un lugar para seguir las
instancias del juicio desde el edifico de calle Urquiza vía videoconferencia.
Para la cobertura ya hay acreditados 35 medios provinciales
y nacionales, entre periodistas, camarógrafos y fotógrafos.
Las audiencias se realizarán este jueves 19 y viernes 20 de
septiembre sobre el mediodía y continuarán el lunes y martes de la semana
próxima. Las estimaciones indican que estos cuatro días estarán dedicados a la
lectura de las acusaciones (el texto es tan extenso que está previsto que haya
tres personas del Tribunal abocados a la lectura) y al planteamiento de
incidentes previos por parte de las defensas que el Tribunal deberá resolver.
La ley contra el narcotráfico prevé sanciones de hasta 20
años de cárcel para quienes se involucren en este negocio ilícito.
El mecanismo
La instrucción de las causas que serán juzgadas en conjunto
estuvo a cargo del juez Federal Leandro Ríos, quien elaboró desde el inicio un
organigrama de funcionamiento de la banda.
En el primer escalón, para el Juez Federal, estaría “Tavi”
Celis quien fungiría como “organizador de las operaciones de comercio del
estupefaciente” además de “coordinar las diferentes adquisiciones del tóxico
señalado con el objetivo final de su distribución y venta, y dirigía vía
telefónica a sus asistentes y colaboradores mediante la permanente impartición de órdenes de diferente tenor y
alcance, relativas a la ejecución del acuerdo”.
Este “acuerdo” al que hace mención el Magistrado se habría
celebrado entre “Tavi” y Varisco, a quien secundaron el concejal Pablo
Hernández y la subsecretaria de Seguridad del Municipio Griselda Bordeira, con
el fin de financiar el comercio de estupefacientes. Lo curioso es que este
entendimiento se habría producido, según la reconstrucción del Magistrado,
durante los primeros días de septiembre de 2017 (presumiblemente, el día 5) es
decir, dos meses después de que Varisco, Hernández y Bordeira fueran a
testimoniar ante Ríos en la causa de la avioneta con marihuana caída en Colonia
Avellaneda.
El Juez entendió, además, que “Tavi” Celis desde la cárcel
coordinó desde “la adquisición y
traslado del tóxico, el control
de su cantidad y calidad, su resguardo,
sus correspondientes precios de venta y modalidades de pago y, por
último, decidía acerca de la identidad de las personas que lo adquirirían,
aceptando algunos y rechazando otros”.
Financiación y provisión
En un segundo escalón estarían el intendente Sergio Fausto
Varisco y Wilber Figueroa Lagos, alías “Tío” o “Pariente”.
En la apreciación del Juez Federal, Varisco “con la
asistencia y colaboración del concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí
Bordeira, a partir del acuerdo mencionado, proporcionó periódicamente los
recursos económicos necesarios en favor de Daniel Andrés Celis para la adquisición y comercialización de
estupefacientes –cocaína–, por intermedio de los empleados municipales Ernesto
Ramón González y/o Alan Nicolás Viola y/o
Luciana Ernestina Lemos, y/u
ocasionalmente de terceras personas cuya
identidad aún no ha podido establecerse”.
“Además, Sergio Fausto Varisco, Héctor Pablo Hernández,
Griselda Noemí Bordeira y Ernesto Ramón González adquirieron, entre los días 20
de abril y 2 de mayo de 2018, la cantidad de al menos 6 panes o ladrillos de
cocaína al precio de entre $150.000 a $165.000 por cada uno de ellos, con la
finalidad de distribuirlos en la ciudad de Paraná y Concordia”, precisó Ríos en
la lectura de la imputación.
Sobre “el tío” Figueroa Lagos, el Magistrado consideró que
es quien proveería la droga a la banda operando desde la ciudad de Buenos
Aires. La llegada a Paraná de los estupefacientes, entendió el Juez, se pudo
haber producido de dos maneras: directa, con el propio Figueroa Lagos llegando
a Paraná a los triplex que hay en el predio de la casa de Celis, o de modo indirecto,
utilizando a un grupo de “mujeres de mediana edad”, cuya identidad Ríos aún no
tendría confirmada.
El tercer escalón
Luciana Ernestina Lemos es la ex pareja de “Tavi” y, con el
hermano del narco, Eduardo Celis”, conformarían la tercera línea de la
estructura de la banda, junto a Bordeira y Hernández.
Según la reconstrucción del Magistrado, Lemos “asistía y
colaboraba bajo las órdenes de Daniel Celis” encargándose de la adquisición del
estupefaciente a Figueroa Lagos de forma directa o por la intermediación del
grupo de mujeres desconocidas. Así también tenía asignada la “venta,
distribución y recaudación del dinero de las comercializaciones del tóxico
producidas”, consideró Ríos.
La esposa de “Tavi” Celis debía a su vez comunicar a su
esposo con el hermano Eduardo “transmitiendo órdenes del primero hacia el
segundo”, precisó el Juez Federal.
Periódicamente, además, debía proveer al resto de la banda
de “aparatos de telefonía celular, como así también de chips telefónicos, con
la finalidad de renovar de manera sistemática, íntegra y regular la
aparatología con la cual la organización se contactaba, todo ello con la
finalidad de no ser descubiertos”.
Por último, Lemos “tenía por función mantener la
comunicación entre Daniel Celis y el Intendente de la ciudad de Paraná Sergio
Varisco, mediante el concejal municipal Héctor Pablo Hernández y la funcionaria policial Griselda Noemí
Bordeira, de manera permanente, fluida y secreta, en especial en lo referido a
los pagos de dinero y entregas del tóxico que los mencionados funcionarios
municipales adquirían, en particular los días 1/12/2017 y 27/4/2018”, sostuvo
el Magistrado.
Eduardo Celis por su parte “se encargaba del almacenamiento
del tóxico por brevísimos lapsos de tiempo en su domicilio y en fincas
cercanas, todos ubicados en el Barrio Antártida Argentina de la ciudad de
Paraná. Colaboraba en la distribución del tóxico, todo bajo las órdenes de
Daniel Celis, por su indicación directa o por intermedio de Luciana Lemos. En
ocasiones asumía la función de venta del tóxico con precio diferencial”.
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