Un fallo judicial reconoció derechos a la educación a una adolescente superdotada
La Sala III de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil
y Comercial, integrada por Andrés Manuel Marfil, Valentina Ramirez Amable y
Virgilio Alejandro Galanti, resolvió que una adolescente de 15 años superdotada
no deberá cursar, ni rendir libres los contenidos exigidos en Argentina para el
ciclo secundario, debido a que acreditó haber cumplido esa etapa al obtener un
título secundario en Estados Unidos. También exhortó al Consejo General de
Educación (CGE) de Entre Ríos a contemplar los casos de niños, niñas y
adolescentes con superdotación que no encuentren un marco académico que los
contenga adecuadamente.
La menor debió enfrentar problemas de integración en
diversos establecimientos a los que asistió, por lo que finalmente optó por
culminar el ciclo secundario, en la modalidad a distancia en un establecimiento
norte-americano.
El caso se generó a partir de un pedido del Defensor
Público, a instancia del CGE, quien pidió que se declare la obligatoriedad de
la educación secundaria presencial de la chica superdotada en una institución
educativa estatal y su inclusión en un espacio terapéutico a los fines de
promover su sociabilización.
La sentencia de primera instancia rechazó ese pedido en esos
términos, pero ordenó al Consejo General de Educación que arbitre los medios,
procesos y turnos necesarios para que la menor pueda culminar sus estudios
secundarios, sin asistencia obligatoria, rindiendo libres la totalidad de las
materias de los años pendientes y se sugirió a su progenitora el acompañamiento
y orientación de su hija, para la incursión y sostenimiento de un espacio
terapéutico. La resolución fue apelada.
La Sala III admitió el recurso y dio validez al título
obtenido por la joven en Estados Unidos, porque estaba reconocido por el
Ministerio de Educación de la Nación y era habilitante para su ingreso en la
Universidad Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde hoy cursa sus
estudios.
En calidad de terceros interesados fueron citados el Consejo
General de Educación y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la
Familia (Copnaf), aunque intervino sólo el primero.
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