El presupuesto provincial muestra asignaturas pendientes (Parte II), Por José Antonio Artusi


En la primera parte de este artículo sosteníamos que "el proyecto de ley de presupuesto del ejercicio 2020 de la Provincia de Entre Ríos muestra a las claras dos cuestiones centrales, vinculadas entre sí, que deberemos abordar en el corto plazo si queremos sacarla de la situación de estancamiento en la que se encuentra desde hace algunos años, para encaminarla por la senda del crecimiento y el desarrollo.

Me refiero a dos tareas estratégicas que configuran verdaderas asignaturas pendientes que no debemos dilatar, una reforma tributaria (cómo recaudamos); y una reforma del Estado (cómo gastamos).
Mientras no lo hagamos, no podremos pedirle magia a los encargados de confeccionar el proyecto de presupuesto cada año."
En esa primera parte nos referimos a la necesidad de la reforma tributaria: vayamos ahora a la cuestión de la reforma del Estado.

Partimos de una hipótesis, que puede corroborarse mirando el proyecto de presupuesto 2020, pero sobre todo las ejecuciones presupuestarias de años anteriores, así como otros indicadores estadísticos: el Estado entrerriano gasta mal, de manera ineficiente, no destina lo suficiente a inversiones que alienten el desarrollo y presta servicios básicos cada vez más deficitarios, que ocasionan sobrecostos a las familias y a las empresas, disminuyendo de esta manera el poder adquisitivo real de los entrerrianos y afectando la competitividad de nuestras sectores productivos.

El 15 de enero, el diario porteño, Ambito Financiero, haciéndose eco de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, señalaba que “a pesar de las fuertes limitaciones que tuvo en 2018 la mayoría de las provincias para sostener la obra pública con fondos propios, cinco distritos lograron destinar un importante volumen de recursos destinados a bienes de capital".

El mencionado estudio brinda un ranking, elaborado con la incidencia de los gastos de capital (donde figura la obra pública y otras inversiones en maquinaria y equipamiento) al tercer trimestre de 2018.

Al tope de ese ranking aparece la provincia de San Juan, con 27,3% de sus gastos destinados a gastos de capital. Entre Ríos se encuentra en el último lugar, con sólo 5,5%. Sin embargo, si se observa y analiza la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2018 la situación es aún peor, pues la incidencia de los gastos de capital en los gastos totales se redujo al 4,84% .

Y estas cifras forman parte de una tendencia preocupante, que muestra una reducción constante de la incidencia del rubro construcciones y del rubro maquinaria y equipos en el total de gastos, tendencia que se profundiza aún más si analizamos la ejecución al tercer trimestre de 2019. Esta tendencia va unida a la sistemática subejecución de estas partidas, vale decir que se termina ejecutando muchísimo menos de lo que se establece cuando se aprueba la ley de presupuesto.

En maquinaria y equipos la incidencia de esta partida en el total de gastos viene reduciéndose sistemáticamente desde 2015. A su vez, considerando la crónica subejecución de esta partida, proyectando los resultados de los primeros 3 trimestres, a este ritmo se llegaría a ejecutar sólo un 37% de lo presupuestado.

En construcciones la incidencia de esta partida en el total de gastos, al igual que la anterior, viene disminuyendo desde 2015, representando en la proyección de este año poco más de la mitad del porcentaje del 2015.

Proyectando la ejecución al 30/9/2019, a este ritmo se llegaría a ejecutar sólo un 42,80% del total presupuestado.
Con esta constante tendencia a la subejecución de los gastos de capital, casi que pierde sentido analizar las previsiones para el 2020, pero alcanza con señalar que la partida prevista para el año que viene será menor en términos reales a la prevista para este año, que obviamente no se ejecutará ni siquiera en un 50%.

La contracara de este descenso en la incidencia de los gastos de capital - de 9,31% en 2015 a 4.20% en 2019 - es obviamente el aumento de la participación de los gastos corrientes que representaban el 90,69% en 2015 y llegan al 95,87% este año.
En definitiva, una provincia que no recibe suficientes inversiones privadas ni públicas, que lleva a que calificarla como “estancada” ya parezca insuficiente.

Pero, por otro lado, ese aumento de la incidencia de los gastos corrientes (personal, funcionamiento, etc.) tampoco ha redundado en una mejora evidente de los servicios básicos que debe prestar el Estado. Por el contrario, aunque los fríos números del Presupuesto no lo muestran con tanta claridad por sí solos, es evidente que tenemos servicios de educación, salud, seguridad, vivienda, saneamiento, etc., cada vez más deficitarios, lo que lleva a buena parte de nuestra sociedad a buscar en el sector privado las respuestas que debería dar en muchos casos el Estado.

En este sentido, parecen pertinentes las siguientes reflexiones de Martín Lousteau:
"Hoy el Estado nacional tiene tres veces más plata ajustada por inflación por cada uno de nosotros que un cuarto de siglo atrás! Con el triple de recursos por habitante deberíamos estar recibiendo tres veces más seguridad, salud, educación, justicia, infraestructura y jubilaciones que hace 25 años... El crecimiento de los recursos no sólo se dió en el Estado nacional, sino también en las provincias y en los municipios... Pero no termina allí. Como la educación ya no tiene el estandar que pretendemos, el que tiene la posibilidad manda a sus hijos a un colegio privado. Como el hospital público ha caído mucho en sus servicios, si tenés empleo en blanco pagás y usás una obra social o prepaga... Frente al incremento de la inseguridad también compramos protección privada... Pero no le mandás esa factura al Estado".

Observemos que el senador electo por la Ciudad de Buenos Aires menciona cuestiones que son todas de competencia provincial.
Es verdad que se ha hecho en los últimos 4 años un notable esfuerzo por modernizar el Estado nacional, en materia de reducción y profesionalización de personal, Gobierno abierto, digitalización y conectividad: y podemos ver esfuerzos similares en muchos municipios, pero no lo observamos en la administración provincial. Es verdad también que sigue siendo necesaria una profunda reforma tributaria a nivel nacional, que podría estar articulada con la provincial, tal como han propuesto algunos legisladores nacionales como Eduardo Conesa en su momento.

Queda claro que se trata no tanto de recaudar y gastar más, sino de recaudar y gastar mejor.
Tenemos, en definitiva, uniendo las dos asignaturas pendientes que hemos comentado, un Estado que asfixia a los entrerrianos con impuestos distorsivos y regresivos, y que por otra parte no brinda a la sociedad ni las inversiones en infraestructura necesarias para desarrollarnos ni los servicios esenciales que una sociedad democrática, integrada y moderna necesita para mejorar la calidad de vida sus habitantes.

Entre Ríos necesita profundas reformas que la encaminen por la senda del progreso y el desarrollo sostenible. Haríamos bien, todos, en no rehuir ese imprescindible debate.

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