La oposición denuncia que los "superpoderes" otorgados a Santiago Cafiero violan la Constitución

Sus principales líderes advirtieron que, con el pretexto de la pandemia de coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández retomó una de las prácticas más cuestionadas del kirchnerismo: el manejo de los recursos presupuestarios sin límites ni control del Congreso.

En efecto, en el decreto de necesidad y urgencia 457/2020 que dictó el domingo pasado, el Poder Ejecutivo no sólo aumento en 498 mil millones de pesos el gasto público, sino que además suspendió por este año el tope del 5% que establecía el artículo 37 de la ley de administración financiera para reasignar las partidas del presupuesto. En buen romance, esto significa que, a partir de ahora, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, podrá disponer de "superpoderes" presupuestarios para manejar los recursos públicos a discreción.

Difundirán el presupuesto para espionaje y reasignarán fondos reservados a Salud

La dirigencia de Juntos por el Cambio rechazó, tajante, esta decisión del Gobierno. "La pandemia no puede ser una excusa para eliminar de un plumazo las instituciones de la República. Al Congreso, cuando retome las sesiones, no le van a quedar prácticamente facultades", advirtió el diputado y jefe del radicalismo, Alfredo Cornejo, en diálogo con LA NACION.

"La atribución que se le ha conferido al jefe de Gabinete implica transferirle las atribuciones del Congreso, debido a la eliminación del límite previsto en el suspendido artículo. Ahora, el jefe de Gabinete podrá reestructurar la totalidad del presupuesto. A mi modo de ver, esa atribución constituye un exceso que la torna inconstitucional", dijo a LA NACION el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina.

El legislador anticipó que, en las próximas horas, presentará junto a Cristian Ritondo, jefe de bloque de Pro, un proyecto para dejar sin efecto la suspensión del artículo 37 de la ley de administración financiera que impuso el Gobierno por DNU. "Digamos la verdad. El Congreso Nacional se ha convertido en una institución que funciona con carácter de excepción, en materia penal y tributaria. El abuso de los DNU lo aniquiló. Es casi lo que la realeza a las monarquías constitucionales. Una formalidad", agregó Laspina en su cuenta de Twitter.

"El Gobierno directamente suspendió ayer por decreto la Ley de Administración Financiera para todo 2020 y se arrogó superpoderes presupuestarios ilimitados. Además de no tener el país presupuesto 2020, asume ahora el Presidente las facultades del Congreso", cuestionó, por su parte, el radical Alejandro Cacace, miembro de la Comisión de Presupuesto.

El último límite

En rigor, el manejo discrecional del presupuesto comenzó desde el primer día de la gestión de Alberto Fernández, cuando el Gobierno decidió prorrogar la ley del año pasado y no presentar un nuevo proyecto para este ejercicio. Este último DNU revocó el único límite para la reasignación de las partidas presupuestarias que le imponía la ley de administración financiera, en su artículo 37, aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese límite fue del 7,5% para el ejercicio 2017 y el cinco por ciento 5% para el ejercicio 2018 y siguientes, sobre el monto total aprobado por cada ley de presupuesto. Cualquier reasignación por fuera de ese límite debía pasar por el control del Congreso.

En los argumentos del decreto 457/2020, el Gobierno justifica esta decisión en la necesidad de "dotar de flexibilidad al Presupuesto de la Administración Nacional para la atención de los gastos que se eroguen en virtud de medidas dictadas en el marco de la emergencia sanitaria". En el mismo párrafo, se faculta al jefe de Gabinete a retirar los fondos necesarios que "excedan los necesarios para el normal funcionamiento de la AFI" y destinarlos a políticas nutricionales, educativas o de salud.