Declaración del plenario de secretarias/os generales de Agmer
Este miércoles 9 de junio, se reunió el Plenario de
Secretarios/as Generales de AGMER, recordando al compañero docente Aldo
Geminani, al cumplirse diez años de su trágica muerte, ocurrida durante la
jornada de trabajo y como consecuencia de la precariedad en el sistema de
transporte de alumnos rurales.
Pandemia,
vulnerabilidad social, educación y salarios
Nadie puede negar que estamos transitando una crisis a
escala global. El capital financiero generó durante años las condiciones
necesarias para que esto suceda, y mientras el “libre mercado” observa con
estupor el derrumbe económico, el alarmante aumento del desempleo y el colapso
de los sistemas de salud, los Estados vuelven a estar en el centro de la escena
para poner freno a una debacle que podría ser mayor. El surgimiento y la
propagación del virus fue suficiente para impactar en la base de sustento del
neoliberalismo, el mismo que durante más de cuatro décadas ha reforzado su
apuesta por un sistema político y social basado en la injusticia, la codicia,
la mercantilización y la privatización, mostrando así la peor cara del
capitalismo.
Este modelo, impuesto a sangre y fuego por la última
dictadura cívico-militar, profundizó en democracia la expoliación de los
recursos naturales, el extractivismo que saquea y contamina, acumulando en
pocas manos ganancias siderales sin pagar impuestos y sin generar trabajo,
mientras una mayoría es condenada a la pobreza. Así lo expresa Boaventura de
Sousa Santos cuando nos habla de la pedagogía del virus, la cual hace visible
la crisis política, ideológica y sanitaria que ha dinamitado los sistemas
públicos de salud, educación y trabajo.
La falta de igualdad y de justicia encuentra su rostro más
cruel en el racismo, la violencia de género, la estigmatización de la pobreza,
la justificación de la desigualdad masiva, lo cual se expresa en más violencia,
en ajuste sobre el puebloy en la multiplicación de la mentira a través de
noticias falaces.
Denunciamos a su vez los ataques criminales por parte de
fuerzas policiales en Tucumán, Chaco y San Luis. Estos crímenes que ocurren en
el marco de un rebrote de fuertes presiones de la derecha fascista, deben
esclarecerse para que sus responsables obtengan castigo. El brutal asesinato
del obrero rural Luis Espinoza en Tucumán, luego de su secuestro y
desaparición, o el ataque sufrido por una familia de la comunidad Qom en Chaco,
son hechos que no podemos permitir que sigan ocurriendo. Demuestran lo hondo
que han calado la doctrina Chocobar y los prejuicios de clase, la matriz
racista, la desigualdad de género y el desprecio a la dignidad humana.
Repudiamos cada uno de estos actos criminales y rechazamos todo tipo de
violencia estatal contra el pueblo.
En el mismo sentido expresamos nuestra profunda indignación
ante el espionaje ilegal llevado adelante desde el año 2018 por la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) sobre sindicatos, periodistas, académicos,
militantes sociales y organizaciones populares, con fichas que caracterizan a
los espiados por su posición respecto a cuestiones que son reivindicaciones
históricas de nuestros colectivos. Manifestamos nuestra preocupación y reclamo
de pronto esclarecimiento e insistimos en que estas prácticas que nos
retrotraen a las peores épocas de la dictadura no pueden volver: ¡Nunca Más!
Esta situación es mucho más grave en esta parte del mundo,
con sociedades mucho más desiguales y mayores niveles de exclusión y de
pobreza, abandonadas a su propia suerte por el capital financiero. Las/os
argentinas/os estamos todavía lejos de sentir el impacto feroz de la pandemia
en los niveles que ha golpeado a varias de nuestras naciones hermanas, pero las
similares condiciones sociales y económicas nos expone a los mismos riesgos.
Hemos también padecido las consecuencias de políticas regresivas que atentaron
contra la salud y la educación, que desarticularon el tejido social, aumentando
la desocupación y la marginalidad, y nos condenaron a una deuda francamente
impagable. Como sociedad debemos afrontar esta situación en un contexto signado
por una pobreza superior al 40% y una emergencia alimentaria preexistente, con
ajustes en salud, educación, ciencia y tecnología y un aparato productivo
seriamente dañado en su capacidad. La realidad actual nos permite imaginar las
consecuencias que habría tenido la pandemia con un modelo de Estado excluyente,
donde las políticas públicas en materia de salud se sintetizaban en una
decisión tan absurda e irracional como la supresión misma del Ministerio de
Salud.
En ese escenario, reivindicamos el regreso a una presencia
activa del Estado como regulador y garante de derechos. Acordamos además con la
urgencia de asistir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (PyMEs,
monotributistas y hogares en situación de pobreza e indigencia), aplicando
medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la exención de cargas
patronales, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva(REPRO) y el
Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Alertamos también acerca de la existencia de sectores
vinculados al capital financiero que todavía hoy, en los peores momentos de
necesidad, pretenden continuar asegurando y aumentando sus ganancias,
vulnerando las disposiciones sobre los precios máximos–una vez más–, golpeando
sobre nuestros salarios ya debilitados y continuando con sus prácticas de
suspensiones y cesantías, lo cual ningunea las regulaciones que al respecto se
han dispuesto por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia. Los costos de esta
crisis no puedenvolver a caer sobre las espaldas de las y los trabajadores, es
momento de avanzar en formas distintas que promuevan la redistribución del
ingreso, con mayor solidaridad y justicia social. En esa dirección, acordamos
con el impuesto a las grandes fortunas y entendemos que debe ser el punto de
partida para una reforma impositiva profundamente progresista, que elimine
entre otros puntos el impuesto al salario y proteja principalmente a los que
menos tienen.
En Entre Ríos el tratamiento frente a la pandemia y las
acciones que como sociedad venimos llevando adelante han logrado la escasa
circulación del virus. Sin embargo, los casos que han surgido en los últimos
días nos obligan a estar alertas, poniendo especial atención a las medidas de
cuidado y de prevención. El distanciamiento social y preventivo continúa siendo
la responsabilidad de todas y todos. Desde el inicio de la cuarentena nuestra
organización ha estado acompañando, poniendo todo lo que está a nuestro alcance
en centros de salud, organizaciones sociales y establecimientos educativos.
Tenemos el firme convencimientode que la solidaridad es el paso necesario que
tenemos que dar para comenzar a transformar un paradigma basado en el culto por
el individualismo y en la idolatría del mercado.
Desde este lugar reivindicamos, destacamos y valoramos el
desempeño de las y los trabajadores de la educación, en particular de los
equipos directivos, personal de cocina y auxiliares que en un escenario adverso
continúan fortaleciendo el vínculo entre la escuela y las familias, asegurando
escolarización en contextos donde la pandemia también ha puesto en superficie
las desigualdades de acceso pleno al derecho fundamental de la educación.
Valoramos también el esfuerzo de las familias que integran nuestras comunidades
educativas, que en tiempos difíciles y adversos se preocupan en sostener el
vínculo escolar de sus hijos e hijas.
Insistimos en que es imperativo generar condiciones de
trabajo que aporten especialmente tranquilidad, contención y acompañamiento,
evitando la sobrecarga laboral, en los contenidos y en las actividades. Debemos
comprender lo particular de la situación en la que estamos, los y las docentes,
equipos directivos, alumnos y alumnas, sus familias necesitan vivir la
educación a distancia sin presiones, porque de ser así a lo único que se aporta
es al malestar y a la angustia, que se suman a la incertidumbre que generan las
preocupaciones frente a la enfermedad, las dificultades de empleo y los
problemas económicos. Cuidarnos también implica paciencia, prudencia y diálogo.
Y lo venimos sosteniendo desde el inicio de la cuarentena.
Destacamos como un logro importante haber generado un
mecanismo de designación de suplencias. El avance global de la pandemia y las
medidas implementas en la necesidad de evitar su propagación dejaron a las y
los trabajadores de la educación sin la posibilidad de acceder a espacios de
trabajo. Hoy Entre Ríos es una de las pocas provincias que ha conseguido
avanzar en un marco normativo sobre esta cuestión, y esa es una conquista de
todos los sectores que forman parte de este sindicato.
Sobre el retorno a las aulas manifestamos que deberá ser
pensado a partir de un profundo diálogo entre los diferentes actores que
intervienen en el proceso educativo y en el marco de amplios consensos.
Teniendo en cuenta la situación en que nos encontremos frente a la pandemia y
los acuerdos sobre un conjunto de puntos que van desde transporte y situaciones
edilicias hasta elementos de prevención, distribución de tiempos y espacios,
etc. Sostenemos que no es posible imaginar el regreso antes del inicio del
receso de invierno.
La profundización de la crisis económica, social y sanitaria
ha golpeado con dureza sobre el salario de las y los trabajadores, y la
docencia de ninguna manera es la excepción. En Entre Ríos el avance de la
pandemia nos encontró con una discusión salarial no resuelta, hoy gran parte de
nuestro salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que el
encarecimiento del costo de vida se hace cada vez más difícil de afrontar.
Exigimos la urgente convocatoria a la discusión salarial que
ponga los ingresos por arriba de los índices de pobreza y dé cuenta de los
índices inflacionarios.Sostenemos que el salario no es ganancia y exigimos
urgente equiparación salarial de los equipos directivos en función de los
acuerdos paritarios anteriores.
No es un dato menor que un amplio porcentaje de docentes
activos y jubilados no logra cubrir con sus ingresos la Canasta Básica Total ($
45.593,98 INDEC – abril 2020) y que la Canasta Básica Alimentaria acumuló una
suba del 14.8 % en el primer cuatrimestre de 2020.
Si a esto le sumamos las deficiencias en la cobertura por
parte de las Obras Sociales, que, especialmente para el sector de jubilados
sabemos los gastos médicos y de medicamentos insumen buena parte de sus
ingresos, es imprescindible la inmediata recomposición salarial de activos y
jubilados, los cuales en el corriente año no han tenido ninguna actualización.
Repudiamos toda política de ajuste como la reforma
previsional de Córdoba y a la vez exigimos para todos los trabajadores
jubilados un salario acorde al costo de vida y que tenga relación directa al 82
% móvil de los trabajadores activos de cada sector. Reafirmamos la defensa
irrestricta del sistema previsional entrerriano, la ley 8732, solidaria y
generacional.
Demandamos la continuidad y actualización del pago de los
aportes nacionales en el salario. Reclamamosel acceso al IFE para aquellas
compañeras y compañeros que no han podido acceder a coberturas de suplencias.
Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la situación
en la que se encuentran nuestras obras sociales, rechazamos las actitudes
corporativas que pretenden sacar ventaja a partir de una crisis sanitaria y
económica que golpea con fuerza en el salario de los trabajadores. Recordamos,
además, que en la provincia tiene vigencia la ley que prohíbe el cobro del plus
médico.
Destacamos como una conquista central los acuerdos
paritarios alcanzados por CTERA referidos a Condiciones de Trabajo en este
contexto de pandemia y reclamamos al gobierno provincial que dé cumplimiento a
los puntos establecidos en ese ámbito, que tienen fuerza de ley e involucran a
todas las jurisdicciones.
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