El intento de salvar a Allende “es una estafa cívica”
El jefe de bloque de diputados de la UCR, Gustavo Cusinato,
cuestionó el acuerdo de Juicio Abreviado acordado entre los fiscales y José
Allende: “la corrupción no se abrevia”, dijo. Remarcó que “el Juez o Tribunal
de Juicio no está obligado a homologar el acuerdo que suscribieron imputado y
Fiscal”.
El presidente del bloque de diputados provinciales de la
Unión Cívica Radical, Gustavo Cusinato, cuestionó el acuerdo de Juicio
Abreviado acordado entre los fiscales y el exlegislador y titular de UPCN, José
Allende.
Tajante, el legislador radical afirmó que “la corrupción no se abrevia”.
Luego consideró que unificar causas que ninguna relación guardan entre sí,
constituye “una estafa cívica”.
Cusinato advirtió que “el Juez o Tribunal de Juicio no está
obligado a homologar el acuerdo que suscribieron imputado y Fiscal”.
LA CORRUPCIÓN NO SE
ABREVIA
La causa judicial que tiene en el centro de la escena al ex
diputado y gremialista José Angel Allende está hoy bajo la lupa mediática y de
todos los ciudadanos porque su desenlace pone a prueba la fortaleza ética de un
Poder Judicial sospechado, la política criminal del Ministerio Público Fiscal y
el valor de un precedente que puede ser peligroso para la ya herida
credibilidad de las instituciones provinciales.
El ex legislador imputado ha cerrado un “acuerdo” con la
Fiscalía que investiga los delitos de enriquecimiento ilícito y negociaciones
incompatibles con la función pública además de una causa por amenazas y otra
por violencia de género que ninguna relación guardan entre sí, que se le
endilgan al viejo dirigente gremial
aparececiendo asi frente al hombre común como una estafa cívica –una
más- que lo trompea sin aviso y que escandaliza al más común de los sentidos.
La figura que se usará es el llamado “Juicio Abreviado”, un
procedimiento especial previsto en el Código Procesal Penal que le permite al imputado de un delito
arribar a un acuerdo judicial con el Fiscal que lo investiga evitando de este
modo someterse a un juicio oral y público, a cambio de lo cual confiesa su
autoría o participación en el o los hechos ilícitos que se le atribuyen y
“pacta” una pena con su acusador, además de un modo de reparación del daño
causado a la víctima.
Puede imaginarse sin demasiado esfuerzo cómo serán de
gravosas las pruebas que habrían de producirse en un juicio oral si de antemano
se aceptan que las “evidencias de cargo” ya acumuladas por los fiscales motivan
a la defensa de Allende a un “cambio de estrategia” para cerrar un acuerdo.
Claro que para que esta cuestión penal haya podido cerrarse
necesitó inexorablemente de dos condiciones:
1) Que un fiscal haya
estampado su firma en el acuerdo de confesión condicionada y transacción
económica, al devolver bienes de origen espurio, dinero mal habido o
injustificadamente adquirido;
2) Que un Juez de Garantías homologue ese acuerdo, es decir,
lo apruebe en una audiencia judicial después de pedirle al acusado su
aceptación del convenio.
Aquí, en el reino de la permisividad y el garantismo, no
existen limitaciones ni por el tipo del delito imputado ni por la gravedad de
la pena que tiene asignada en el Código Penal.
En fin, dá lo mismo que al abreviado lo pida un homicida
confeso, un pederasta que reconoce su pecado, el ladrón de una garrafa que
admite su inconducta, o un funcionario
corrupto que acepta los hechos imputados y su culpabilidad.
Una causa judicial que se inició por una investigación
periodística y que ya lleva años de investigación, que no tiene a la Oficina
Anticorrupción del Gobierno Provincial como querellante (acusador particular
que representa a la víctima) porque el mismo Código Procesal Penal se lo impide
y frente a la inexistencia de una Fiscalía
Anticorrupción que obligó a crear el art. 208 de la Constitución Provincial
reformada en 2008 y que aún brilla por su ausencia, pone la pelota en el campo
del Procurador General de la Provincia, el Dr. Jorge Amílcar García y su
adjunta la Dra. Cecilia Goyeneche, quien tiene asignada por ley el diseño de la
política criminal y la persecución penal del Ministerio Público Fiscal.
El Juez o Tribunal de Juicio no está obligado a homologar el
acuerdo que suscribieron imputado y Fiscal.
De hecho, puede rechazarlo fundadamente si entiende necesario
ampliar el conocimiento de los hechos que se han investigado hasta el momento
por la Fiscalía (por ejemplo, porque quiere saber si los hechos denunciados
pueden caer bajo otra figura penal) o porque discrepa con la calificación legal
de los delitos que acordaron acusadores y acusado (por ejemplo, han convenido
calificar como negociación incompatible con la función pública lo que para el
juez aparece como cohecho o tráfico de influencia).
A lo que puede agregarse otra causal: un acuerdo
groseramente arbitrario estimado contrario a derecho o que se aparte
de los hechos objeto de la investigación penal o que constituya un
fraude legal. En este caso el propio Juez podría anularlos de oficio.
Este caso sentará un precedente y si las sospechas del
ciudadano de a pie se confirman, varios funcionarios o ex funcionarios públicos
podrán quedarse tranquilos frente a investigaciones criminales en curso, porque
la “impunidad legal” estará garantizada. Tal vez sea tiempo de que se adecúe
nuestro código procesal penal para que estos procedimientos abreviados no
puedan aplicarse a los casos de delitos de corrupción o, aún siendo
comprendidos en él, su aplicación sea más rigurosa o más gravosa para el
delincuente confeso de delinquir contra el Estado, es decir, contra todos nosotros.-
No debiera escapárseles a todos los hombres y mujeres
públicos que el artículo 37 de la Constitución Provincial, que juraron cumplir
y defender, establece que “Los funcionarios y empleados de los tres poderes del
Estado, de los municipios y de las comunas, sirven exclusivamente a los
intereses del pueblo. Deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una
conducta acorde con la ética pública, la que constituye un valor social que
hace a la esencia misma del sistema republicano”.
Comenzar a honrar este mandato sería un mensaje que
oxigenaría el clima enrarecido que sobrevuela sobre nuestra Justicia.
Noticiauno
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