Los “Radicales por la producción y el trabajo”, contra la ley de emergencia
“Esta emergencia pone al descubierto el histórico déficit
que viene soportando Entre Ríos, donde se gasta mucho más de lo que se
recauda”, cuestionó el grupo y aseguró que “la responsabilidad hay que
encontrarla en la ausencia de un gobierno con un proyecto político serio, de
crecimiento y desarrollo, donde la optimización del gasto público es esencial”
Los “Radicales por la producción y el trabajo” difundieron
un documento donde cuestionan el proyecto de ley de emergencia enviado por el
gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura.
“¡Ley de emergencia, otra vez!!! ¿Después de dos décadas de
gobierno, quien es el responsable? ¡Háganse cargo!”, se lee en el texto enviado
a esta Agencia.
Además, sostienen que “cuando los gobiernos son mediocres,
no entienden, no piensan, se hacen los distraídos, solo atacan y recurren al
bolsillo ajeno”.
Afirman que la iniciativa “perjudica a un amplio sector,
especialmente el productivo” y que se trata de “un impuesto que afecta no solo
a los que producen, sino también a los que trabajan y los que están en la
pasividad”. En el mismo sentido subrayaron: “Es un impuesto al trabajo, ya sea
autónomo, o en relación de dependencia”.
En otro tramo señalan: “No puede pasar inadvertido lo que se
quiere plasmar en el artículo 3º de este proyecto de ley, que no es nada más
que permitir al Poder Ejecutivo Provincial, por supuesta vía reglamentaria,
pueda crear otros impuestos”.
Le reclaman a Bordet que “gobierne esta Provincia con un
plan serio y responsable” y que “lleve a cabo un plan de gobierno que implique
el crecimiento y desarrollo armonioso de toda la provincia”, lo cual “conlleva
una necesaria optimización del gasto público”.
“Este proyecto de “emergencia”, no es más que una mayor
presión tributaria, y los entrerrianos, a eso, no lo soportamos más”, remarcan.
A continuación se transcribe el documento completo, que
lleva las firmas de los exsenadores provinciales Raymundo Kisser y Miguel
Piana, y el actual diputado Julián Maneiro, entre otros:
“Una vez más, ante la falta de recursos intelectuales, nos
anuncian una “Ley de Emergencia Pública en la Provincia de Entre Ríos”, y para
ello argumentan la necesidad de “asegurar el cumplimiento de las funciones
inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios
públicos”. En realidad, esta emergencia que se pretende sea declarada por ley,
no es más que poner al descubierto el histórico déficit que viene soportando
Entre Ríos, donde se gasta mucho más de lo que se recauda.
Entonces, la más fácil: declarar culpable a la mencionada
pandemia covid-19, cuando en realidad, la responsabilidad hay que encontrarla
en la ausencia de un gobierno con un proyecto político serio, de crecimiento y
desarrollo, donde la optimización del gasto público es esencial.
Ocurre que aquí se siguió surfeando sobre la cresta de la
ola, esquivando algunas turbulencias, a pesar de la buena predisposición de la
Nación que, durante años, y en especial en el último mandato, ha depositado
mensualmente, y hasta con los adelantos, la coparticipación, y así, evitar un
desequilibrio fiscal. Nada de eso ha sido suficiente. No hubo un control, ni se
optimizó el gasto público y, tampoco se encauzó a la Provincia. No es
casualidad que Entre Ríos sea la hermana pobre de la Región Centro.
Los entrerrianos debemos asumir que, en los últimos años,
los Gobiernos de esta Provincia siempre fueron de un mismo color político, y
los que han Gobernado han llevado al empobrecimiento a gran parte de la
sociedad, mientras que algunos funcionarios se convertían en los nuevos ricos
de la sociedad.
Ahora, se está convocando compulsivamente, con este proyecto
de ley, que perjudica a un amplio sector, especialmente el productivo, para que
realice un aporte importante, pero no para cambiar nada, sino solo para
“asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la
normal prestación de los servicios públicos”. El artículo 1º del proyecto de
ley lo expresa con claridad. Aquí no se quiere cambiar nada. Se quiere seguir
con la “fiesta”.
Nadie puede hacerse el distraído: la emergencia por la
pandemia se viene atendiendo desde el Gobierno nacional. La Provincia no
contribuye o aporta para el pago de todos los subsidios, como son la IFE,
sueldos a los empleados de algunas actividades, o asistencia a ciertos
sectores, etc. Evidentemente, frente a esta turbulencia, hay que “meterle la
mano una vez más en el bolsillo” a un sector importante de los entrerrianos, y
para que nada cambie y, se siga gastando mal.
Se pretende convocar “solidariamente” a los entrerrianos
para que, de sus sufridos bolsillos, aporten para que esta fiesta continúe. La
solidaridad, es un aporte voluntario, y que se sepa, aquí no es justamente eso,
sino obligatorio. Se trata de un impuesto, que afecta no solo a los que
producen, sino también a los que trabajan y los que están en la pasividad. Es
un impuesto al trabajo, ya sea autónomo, o en relación de dependencia.
Lo que se pretende sancionar, no tiene el nombre que se le
quiere dar, sino el que realmente tiene: es un impuesto más, y como muchos
impuestos extraordinarios o excepcionales, lo será para siempre. Esta Provincia
no tolera más presión impositiva, y lo vienen sosteniendo todas las entidades
que nuclean a las principales actividades productivas, sean industriales,
comerciales, agropecuarias o del trabajo.
No puede pasar inadvertido lo que se quiere plasmar en el
artículo 3º de este proyecto de ley, que no es nada más que permitir al Poder
Ejecutivo Provincial, por supuesta vía reglamentaria, pueda crear otros
impuestos. Es lisa y llanamente, bajo el argumento de la reglamentación,
delegar facultades legislativas que le corresponden al Poder Legislativo. Los
objetivos de una ley, deben surgir de su propia redacción y sanción, pero nunca
quedar supeditados a la reglamentación, máxime cuando se quiere recurrir al art.
35º de la Constitución Provincial. Esa norma impone, como obligación del
Estado, el equilibrio fiscal, y ese equilibrio es un derecho colectivo de los
entrerrianos.
También, en este proyectado artículo 3º, se habla de
“Fortalecer el carácter solidario, proporcional y equitativo del régimen
previsional con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del sistema”. La
sustentabilidad del sistema de la Caja de Jubilaciones de la Provincia no se
logra con más impuestos, y menos por vía reglamentaria, sino con una ley
sancionada por la legislatura. Se logrará haciendo un estudio serio y razonable
de toda la ley, de los beneficios que se otorgan, y con un adecuado régimen de
financiamiento, pero que se prolongue a través del tiempo. Con una ley de
emergencia, no se soluciona un régimen previsional que está destinado a tener
perdurabilidad a través del tiempo. Esto realmente es absurdo. Es un engaño. La
situación originada, supuestamente, por la pandemia, no puede ser el argumento
para querer tratar el déficit histórico, de los últimos años, de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. Esto no es serio.
Sin dudas que el proyectado artículo 9º, atado a las
facultades que se pretenden con el artículo 3º, es tremendo. Uno de los
requisitos esenciales, en materia tributaria, es justamente la precisión
normativa, la tipicidad, y con la misma rigurosidad de una normativa penal. Lo
que se debe tributar, debe surgir de la ley, y no de un decreto reglamentario.
Es un absurdo pretender dimensionar un impuesto por la cantidad de hectáreas, y
no por su avalúo.
Este proyecto, no solo generará malestar en el sector
productico, industrial y comercial sino también, de la Policía de la provincia,
servicio penitenciario, empleados públicos, funcionarios judiciales, y del
sector pasivo.
Señor Gobernador asuma su responsabilidad. Después de más de
un mandato ya cumplido: “HAGASE CARGO”. No se olvide que “cuando los que mandan
pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.
Gobierne esta Provincia con un plan serio y responsable.
Lleve a cabo un plan de gobierno, que implique el crecimiento y desarrollo
armonioso de toda la Provincia. Eso conlleva una necesaria optimización del
gasto público. Este proyecto de “emergencia”, no es más que una mayor presión
tributaria, y los entrerrianos, a eso, no lo soportamos más."
Firman el documento:
Sergio D. DEZORZI DNI 12.896.353, Gualeguay; Humberto RE DNI
8.441.927, Diamante; Alfredo MONTIEL BARBARA DNI 13.296.392, Paraná; Miguel
PIANA DNI 10.646.896, Chajarí; Gabriela TAMAÑO DNI 16.988.777, Concordia;
Cecilia Andrea LISSASO DNI 12.064.341, Diamante; Daniel GARAT DNI 11.161.252,
Concordia; Luis FLEISCHER DNI 13.883.137, Lucas González; Raymundo KISSER DNI
4.992.051, Hasenkamp; Julián MANEIRO DNI 24.613.811, Crespo, Miguel PACHECO DNI
8.451.861, Diamante; Felipe A. MARTINEZ DNI 11.047.403, Nogoya; y siguen las
firmas.
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