Cuatro gremios vinculados con el Estado van a la Justicia contra la Emergencia Solidaria


Agmer, Amet, UDA y ATE recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia Solidaria.

Cuatro gremios formalizarán este lunes una presentación conjunta en la Justicia con el objetivo de frenar parte del articulado de la Ley N° 10.806, sancionada a principio de mes luego de un tratamiento exprés en la Legislatura, y que supone la aplicación de recortes salariales y aportes extra de los trabajadores del Estado para sostener financieramente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

Este lunes, a las 10, habrá una conferencia de prensa virtual a través de la plataforma Google Meet de la que participarán dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para dar a conocer detalles de los recursos judiciales conjuntos.

El viernes pasado, el plenario de secretarios generales de Agmer reclamó al Poder Ejecutivo la derogación de los Artículos 4°, 5° y 6° de la denominada Ley de Emergencia Solidaria. Se trata de los puntos más polémicos y que mayor afectación produce en el bolsillo de activos y jubilados.

La ley fija en el Artículo 4° que para sostener el sistema previsional los aportes personales, se calcularán “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema:

Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16 por ciento de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18 por ciento; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20 por ciento); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22 por ciento.

Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16 por ciento, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2 por ciento al 4 por ciento, publicó el portal Entre Ríos Ahora.

En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18 por ciento, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20 por ciento); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22 por ciento.

Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo régimen está comprendido en la Ley N° 5.797. En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4 por ciento; desde $100.001 a $200 mil un 6 por ciento; desde $200.001 a $300 mil un 8 por ciento y desde $300.001 en adelante aportarán un 10 por ciento.

Si bien la ley aplica medidas al sector financiero y al campo, la evaluación que hace Agmer es que las cargas son desiguales. “Los números son muy concretos y contundentes, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 por ciento lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 por ciento y el sector agropecuario el 7,1 por ciento. Las y los legisladores que aprobaron los Artículos 4°, 5°, 6° del texto citado son, también, claramente responsables de la confiscación salarial de quienes venimos sosteniendo en nuestras espaldas la educación, los comedores escolares y la salud, frente a semejante situación de gravedad social y de haber atentado contra el 82 por ciento móvil de los haberes jubilatorios”, señala el sindicato.

El Gobierno promulgó la Ley de Emergencia Solidaria el miércoles 8 de julio por la tarde, a las puertas de un fin de semana extra largo y al inicio de la feria judicial de julio. La estrategia de los gremios fue aguardar a que finalice el receso en la Justicia, y entablar las demandas a partir de este lunes.

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