El Ejecutivo aún no remitió al Senado los pliegos para Casación Penal de Concordia
La terna para
definir las autoridades definitivas de la Cámara de Casación Penal de Concordia
fue elevada al Ejecutivo en diciembre del año pasado. Los pliegos aún no han
sido enviados al Senado para su tratamiento ni ha habido comunicación oficial
ni extraoficial con los ternados para aclarar esta situación. La comisión de
Acuerdos lleva más de un mes sin ser convocada
El 4 de diciembre
del 2019, el Consejo de la Magistratura cerró el concurso 213 para definir los
integrantes de la Cámara de Casación Penal de Concordia, elevando una terna al
Poder Ejecutivo. El proceso había insumido un año completo, luego de una fuerte
polémica por las presiones que realizó un sector de Cambiemos para imponer en
el Tribunal a un abogado sin antecedentes de concursar por cargos en la Justicia.
Los tres primeros
nombres que el Consejo seleccionó fueron los de María Evangelina Bruzzo; Darío
Gustavo Perroud y María del Luján Giorgio. Complementariamente, también mandó
los de Aníbal Lafourcade y Pablo Garrera Allende. Perroud y Lafourcade habían sido
designados provisoriamente en la Cámara a fines de 2018 por el Superior
Tribunal de Justicia hasta tanto se definan las autoridades definitivas. El
tercer asiento lo ocupó Silvina Gallo, quien también se había anotado en el
concurso 213, pero finalmente desistió.
Con esta etapa
cerrada, correspondía al Poder Ejecutivo elegir los tres nombres que
consideraba oportunos para quedarse en forma permanente en Casación Penal de
Concordia. Pero siete meses después esta definición no se ha producido. Según
la información a la que tuvo acceso esta Agencia, no ha habido explicaciones a
los ternados por el silencio gubernamental “ni oficial ni extraoficialmente”.
Una vez que se
concrete esta selección de nombres, la propuesta deberá pasar por el filtro del
Senado. En primer lugar la comisión de Acuerdos debe publicar los antecedentes
de cada ternado o ternada y recoger las impugnaciones y apoyos que la comunidad
quiera brindar.
Luego, ha de
convocar a una audiencia pública donde interrogará a quienes forman parte de la
propuesta del Ejecutivo para los cargos y, finalmente, emitirá un dictamen
aprobando o rechazando las postulaciones, el que tendrá ser ratificada por el
plenario de la Cámara. Recién entonces la terna habrá quedado confirmada como
la nueva Cámara de Casación Penal de Concordia.
Mientras espera
que le envíen estos pliegos (entre otros, dado que también están pendientes de
confirmación por el Senado las autoridades del Copnaf) la comisión de Acuerdos
que preside el oficialista Horacio César Amavet (Uruguay) está sin sesionar
desde el 26 de mayo. Ese día elaboró los dictámenes sobre las autoridades del
Consejo de Educación, cuyas audiencias se habían producido una semana antes.
Relevancia
La Cámara de
Casación Penal de Concordia fue creada por ley en 2015, pero fue puesta en
funciones recién tres años más tarde. Su objetivo, al igual que la de su par de
Paraná, fue descomprimir la labor de la Sala Penal del Superior Tribunal de
Justicia, revisando las sentencias de primera instancia de los departamentos
Federación, Concordia, Colón, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Federal,
Tala, Villaguay y San Salvador.
Su entrada en
actividad tuvo vaivenes. Un sector importante y de peso de la “familia
judicial” (el entramado de relaciones de parentesco y de intereses que se
conjuga en los Tribunales, principalmente de la capital provincial) no veía la
puesta en funciones de otra Sala de Casación, dado que restaría poder e
influencia a la de Paraná, integrada por Marcela Davite; Marcela Badano y Hugo
Perotti, que aglutinaba la segunda instancia en materia penal de todo Entre
Ríos.
Una vez que la
Cámara de Concordia comenzó a funcionar, dejó en evidencia algunas situaciones
poco comprensibles que se registraban en la otra orilla. La más evidente: la
recusación de fiscales por parte de las defensas. Es que la posibilidad que tienen las defensas
de acusados por la comisión de un delito de impugnar legítimamente a un fiscal
por considerar que su imparcialidad está en duda, se resolvió de manera
distinta en Paraná, donde la Sala consideró que esta decisión depende
enteramente del propio Ministerio Fiscal, que en Concordia, donde se entendió
que son los jueces quienes deben ejercer este control.
En los pasillos
de los Tribunales paranaenses, los abogados penalistas afirman que el criterio
de la Sala de Casación Penal de Paraná está relacionado con el vínculo afectivo
que mantienen la Dra. Badano con el jefe de los fiscales, el Procurador General
Jorge Amilcar Luciano García.
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