Integrantes de la Magistratura evalúan demandar la inconstitucionalidad de la ley de emergencia
La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la
Provincia de Entre Ríos se reunió a última hora del jueves con la ministra de
Gobierno y Justicia, Rosario Romero, para expresarle “sorpresa y desagrado” por
la forma en que se sancionó la ley de emergencia económica provincial. La
presidenta de la institución, Gabriela López Arango, mencionó que ahora se analizará
la norma desde su constitucionalidad y que muchos magistrados están dispuestos
a presentar demandas para defender la intangibilidad de sus haberes
En el encuentro “le pudimos expresar por primera vez cara a
cara a alguien del Gobierno, nuestra sorpresa y desagrado con el que recibimos
este proyecto de ley sin ninguna discusión previa. Entiendo que las medidas de
gobierno se tienen que tomar quizá sin mucha discusión, porque si no saldrían,
pero nosotros este comienzo de año nos autolimitamos para no tener ningún
aumento de haberes hasta el 30 de junio”, recordó.
“Llamemos a las cosas por su nombre: hay una suspensión de
todos los regímenes especiales, no es únicamente el de la Justicia. Eso nos
hizo ver Romero. La ley ya está. Tendrán que ver (las autoridades del
Ejecutivo) ahora que deben reglamentar la norma, cómo lo hacen”, apuntó.
López Arango puntualizó que la Asociación dividió a sus
integrantes en cuatro grupos provinciales para realizar asambleas virtuales en
las cuales tomaron conocimiento de primera mano de cuál era el sentir ante esta
ley. Estos aportes “formarán parte de nuestra estrategia de ahora en más”,
anunció.
En estos encuentros, estuvo en debate la posibilidad de que
los integrantes de la magistratura reclamen por vía judicial la intangibilidad
de sus haberes, que se verán afectados por la ley de emergencia dado que se les
disminuirá un porcentaje que va del 2 al 6% de los salarios por la retención
que irá a financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones.
“Esto no lo tratamos con la Ministra”, aclaró la titular de
la Asociación de Magistrados, quien también recordó que el descuento golpea a
los pasivos: “A ellos les afecta en un 10%. El 82% móvil de la jubilación les
desparece y quedarán en el 72%”, señaló.
“Hay todo un análisis constitucional que hacer. En esa tarea
nos tendremos que poner ahora”, tras la reunión con Romero, consignó. Al
respecto, mencionó que hay temperamento de activos y pasivos de la magistratura
en actuar ante la Justicia en defensa de sus haberes. “Por eso en la solicitada
(publicada el domingo pasado) hablábamos de que podía generarse una situación
institucional indeseada. Hemos estado muchos años sin conflictividad y de golpe
se le abre la puerta”, comentó.
“Nosotros podremos representar la voluntad, la idea de
muchos de nuestros asociados y muchos de ellos podrán hacer lo que crean
conveniente de acuerdo a sus necesidades e ideas”, comentó, agregando que “no
está definido” si el reclamo será individual o colectivo debido a que “no hemos
efectuado un estudio de dictámenes que puedan analizar la norma desde su
constitucionalidad. No lo hicimos (aún) porque hemos estado abocado a la gestión
(del encuentro). Pero se hará en los próximos días. Iremos evaluando los pasos
a seguir”, sentenció.
Enganche
La titular de la entidad mencionó que luego de la
autolimitación realizada en febrero, durante marzo sobrevino la pandemia y la
declaración de cuarentena que, con matices, lleva más de 100 días. López Arango
dijo que no desconocen esta realidad: “Seríamos necios si no viéramos lo que
pasa a nuestro alrededor”.
“Incluso nos habían ofrecido no tener los aumentos de la
Corte Suprema y tener los de la Administración Central, que en marzo discute
paritarias. Y dijimos no: queremos los de la Corte, si no los da, no los
tengamos. Era febrero y no sabíamos que no habría aumentos para nadie”,
comentó.
“Más allá de la cuestión dineraria, lo que queremos es
nuestra ley de enganche. Porque es el marco regulatorio por el cual se
autorizan nuestras remuneraciones y es la norma con la cual el Poder Judicial
tiene una verdadera independencia, no tiene que ir a discutir salarios con otro
Poder del Estado. Además en esa paritaria donde están los gremios con la
Administración Central, nosotros no tenemos silla”, afirmó.
López Arango destacó que la ley de enganche “fue una
solución a la discusión salarial”, postuló, destacando que el Poder Judicial
provincial fue uno de los que más “ha trabajado y dado respuestas en este
tiempo especial”.
La titular de la Asociación de Magistrados comentó que la
reunión fue “muy amigable y en muy buenos términos, pese a lo áspero de tener
la ley sancionada por la Legislatura. No hubo reproches”.
Sin embargo, reconoció que debido al esfuerzo que ha hecho
la magistratura, los funcionarios judiciales y los empleados para sostener el
servicio de justicia durante la pnademia, se sienten “anímicamente defraudados”
por el anuncio de la ley de emergencia el viernes pasado y su tratamiento y
sanción esta semana.
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