“No quieren más justicia, quieren más poder”, por María Alejandra Viola
Existe un aspecto en nuestra vida republicana que trasciende
a los gobiernos de turno, la justicia funciona mal, y eso lo sabe cualquier
ciudadano que no consigue respuestas frente a los hechos de inseguridad - que
cada vez son más frecuentes-, frente a la vulneración de sus derechos, el
ejercicio de sus libertades, expresa la nota de opinión enviada a 7Paginas.
A la vez, venimos siendo espectadores de cómo muchas veces
la justicia se ha moldeado al órgano ejecutivo en el poder. Pero hoy se
vislumbra la aparición de un condimento explosivo en la pretendida reforma
judicial. No se trata del fortalecimiento del principio constitucional de
afianzar la justicia, ni de acercarla a la sociedad. La intención que los mueve
es: alinear el poder judicial y encadenar su esencia que es la independencia.
La sociedad pide justicia, pide que los jueces hagan su
trabajo, que cumplan con los plazos legales, que apliquen el sentido común y
nada de esto se encuentra en el debate de la reforma actual. Este proyecto es
tan importante que merece que se establezcan espacios de debate e intercambio
de ideas con catedráticos, universidades, investigadores, organizaciones
intermedias vinculadas al tema y, por supuesto, los representantes
circunstanciales que los ciudadanos tenemos en el Congreso.
Los tiempos que corren y la grave situación de la justicia
en nuestro país, requiere que se permita un debate de la sociedad sobre el
tema. La oposición tuvo un rol muy importante al solicitarle al gobierno que
retire el proyecto del Congreso. Ahora es necesario hacer partícipe a la sociedad
y llamar a un debate que es la única forma de realizar un verdadero cambio.
En la pretendida reforma se busca ni más ni menos que
garantizar un interés único y determinado: la impunidad de toda una gestión de
gobierno que ha dejado a un país con mayor debilidad institucional. El camino
que encontraron para ello, es robustecer Comodoro Py, área estratégica del
control político y judicial, donde se deciden las causas de corrupción que
preocupan a la cúpula oficialista.
El gobierno quiere un Comodoro Py más musculoso y con ese
fin crea, entre otros, 23 juzgados nuevos para Capital Federal. Manda a cubrir
esos cargos con subrogantes (suplentes) de cargos que jamás estuvieron ocupados
con titulares, por la simple razón que no existen aún. Esta determinación
genera conflicto de poderes y va al choque con el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, porque la Corte Interamericana se ha pronunciado en contra de
una justicia provisoria, de interinatos que violan la garantía del juez
natural, del derecho de acceso a la jurisdicción.
Es cierto que necesitamos una reforma, pero la verdadera
reforma que necesitamos es estructural, es interdisciplinaria y de largo plazo.
Y por otro lado es sistémica, de implementación efectiva del Sistema Acusatorio
y para ello ya hay un Código aprobado. Sobre él tenemos la obligación
republicana de hacerlo efectivo, ya que cumple con el mandato inspirado en los
instrumentos internacionales de obtener justicia en un plazo razonable, con la
meta de accesibilidad a la justicia. Dicho Código también cumplió con una
decisión política, la de tener para su aprobación el consenso de todo el arco
de la sociedad civil, actores judiciales e institucionales.
Pero este proyecto va en el sentido contrario, y se advierte
que una de las motivaciones es trabar la implementación efectiva del nuevo
sistema de enjuiciamiento penal y ya hay un hecho que lo demuestra. El sistema
acusatorio requiere de fiscales, quienes van a tener la acción pública en sus
manos, los que van a llevar adelante la acusación y la imputación. Los jueces
en este sistema serán de garantía. Por eso necesitamos más fiscales y este
proyecto va en el sentido contrario de operativizar ese Código.
Evidentemente al gobierno le molesta lo que implica en
términos de República un Sistema Acusatorio. Le molesta los controles cruzados
que implican las partes contendientes, fiscales con jueces garantizando, jueces
juzgando en la etapa de juicio, la accesibilidad a la causa, el debate público.
Y esto está probado en las provincias que lo han implementado, como la nuestra
que -sin ser la panacea ya que sigue habiendo déficit en las investigaciones y
en la posibilidad de determinar al autor- ha generado mayor celeridad en la
obtención de sentencias.
No podemos permitir que la Argentina reincida en
inconstitucionalidades, no podemos permitir una justicia temporaria, endeble,
sin jueces independientes. Ya que el proyecto que impulsa el gobierno no solo
es riesgo de impunidad para las causas que están en trámite y de las que
vendrán, sino que nos pone en riesgo a ser sometidos a una justicia que ponga
en peligro las libertades de nuestro país.
Y esta tramposa iniciativa se está dando en el marco de una
economía argentina que está atravesando por la depresión más grave de toda su
historia. Si bien tenemos una larga tradición de recesiones y caídas
económicas, nunca antes en toda la historia argentina se había destruido tanta
riqueza en tan poco tiempo. El gobierno insiste en afirmar que el problema es
la pandemia y no la cuarentena. Sin embargo, de ser así, no se explica cómo una
pandemia que por definición impactó en todos los países del planeta hará caer a
la economía argentina entre dos y tres veces más que el promedio mundial.
Es tan grave la caída económica que, sumado al estancamiento
de largo plazo que muestra la economía argentina desde el año 2011, la riqueza
promedio de todos los argentinos, será este año equivalente a la de 1998. Es
decir que hemos retrocedido 22 años.
Excepto Venezuela, no hay otro país en la región que
experimente una decadencia económica y social tan notable como la de Argentina.
El gobierno intenta permanentemente diferenciarse del gobierno chavista y
tildar de irresponsables a quienes hacen alguna comparación de este estilo,
pero lo cierto es que las comparaciones se hacen solas. Los números están ahí.
Y en Argentina, el gobierno le adicionó dos factores agravantes. En primer
lugar, una de las cuarentenas más estrictas, largas y a la postre más
ineficientes del mundo. En segundo lugar, y menos justificable aún, el gobierno
ha aprovechado la difícil situación que todos estamos viviendo para arremeter
contra el sector privado. En lugar de proteger a las empresas, en especial las
pymes, que son las unidades productivas que generan riqueza y dan empleo, y las
que harán que la economía pueda recuperarse en los próximos meses, el gobierno
ha decidido avanzar sobre ellas.
Y proyectos normativos como el de reforma de la justicia
penal que pretende el oficialismo, que hasta puede llegar a modificar la
cantidad de miembros de la Corte Suprema, fortalece aún más la gran debilidad
que tiene nuestro país que es el cambio de las reglas de juego que garanticen
la inversión y el ahorro que son las piedras fundamentales del empleo.
La demostración de esto es que se han multiplicado en forma
exponencial, las consultas de inversores para radicar empresas en nuestro
vecino país del Uruguay a quien, en cuanto a respeto y mantenimiento de las
normas y reglas de juego, deberíamos prestar más atención.
Por eso es que nos encontramos en las calles el 17A, y nos
volveremos a encontrar, tantas veces como sea necesario. Porque como desde el
’83, la sociedad todavía marcha en defensa de los principios, derechos y
garantías constitucionales. Y recordando a nuestro querido Raúl Alfonsín, en
aquellos momentos de la lucha por la recuperación de la democracia, hoy
seguimos siendo esa “gente que lucha y marcha por la unión nacional, el
afianzamiento de la justicia y para asegurar los beneficios de nuestra
libertad”.
María Alejandra Viola, Ex Diputada provincial Cambiemos
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