En el Poder Judicial hay 8 personas con Covid-19 y 48 se encuentran aisladas
En el marco de la declaración de la Pandemia Covid-19, desde
marzo pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) adoptó políticas
tendientes a resguardar la salud de los integrantes de la magistratura, de la
planta de personal, profesionales de la matrícula, funcionariado y justiciables
que concurren a los edificios públicos de las distintas jurisdicciones;
garantizando la prestación del servicio de justicia. Todas las medidas que se
implementaron fueron con el objetivo de cuidar la salud de quienes cumplen con
su trabajo y poder dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía.
Las decisiones que se fueron plasmando a lo largo de estos
meses, según se informó a 7Paginas, tuvieron el objetivo de cubrir las
diferentes etapas transitadas durante la pandemia.
En ese sentido se incorporaron protocolos de trabajo,
atendiendo las situaciones epidemiológicas de las distintas jurisdicciones de
la provincia.
No obstante, el Poder
Judicial de Entre Ríos no está exento de las consecuencias de la pandemia y a
la fecha se registran 8 casos positivos y 48 personas se encuentran aisladas,
de las cuales 27 residen de Paraná.
Cada jurisdicción tiene una particularidad diferente en
relación a su funcionamiento y al impacto de la pandemia; por eso las políticas
que aplica el STJ atienden específicamente a esas necesidades particulares.
A partir de la declaración de la circulación comunitaria
tanto en Paraná como en Gualeguaychú, se fijaron pautas de trabajo para
garantizar la salud y el servicio indelegable que tiene el Poder Judicial.
Es así, que en ambas ciudades debido a que el personal debe
prestar su trabajo desde los domicilios particulares, al igual que integrantes
de la magistratura, la capacidad de respuestas de los organismos se ve
menguada, por razones lógicas. De igual manera, si bien los plazos procesales
se encuentran suspendidos, los jueces y juezas continúan dictando sentencias
con su considerada validez.
El Superior Tribunal de Justicia ha encarado durante estos
últimos meses una política de seguimiento del trabajo que se realiza en los
distintos organismos judiciales de todos los fueros e instancias en relación a
los trámites que se resuelven, a modo de garantía de la prestación del servicio
de justicia.
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