Allanaron la casa y secuestraron el celular del ex diputado Alejandro Bahler
La vivienda particular del ex diputado provincial y hoy alto funcionario del rubro turístico de la Provincia de Entre Ríos, Alejandro “Loquillo” Bahler, fue allanada por una comisión policial, secuestrándose su teléfono celular personal.
Si bien el hecho habría ocurrido durante el fin de semana,
recién trascendió hoy de fuentes habitualmente bien informadas.
La causa penal en curso lo tiene al funcionario provincial
investigado por amenazas calificadas, a las que se les agregaría las de
coacción agravada y extorsión en perjuicio de un legislador Nacional en
ejercicio.
Bahler, adquirió fama nacional, al denunciar un supuesto
complot en su contra que lo tendría como víctima de una “vendetta” por lo cual
un amigo íntimo del ex diputado provincial y colaborador suyo fue detenido y
sujeto a varios meses tras las rejas, lo que finalizo con un acuerdo con la
fiscalía que le permitió salir en libertad, al igual que otras dos personas que
fueron señaladas como parte de la partida que se habría organizado para
–supuestamente- ejecutarlo por no haber cumplido con promesas preelectorales
realizadas.
Todo fue un gran “circo” que le permitió al ex diputado
pasearse por los canales capitalinos de TV en el papel de víctima, adquiriendo
una fama que –según su propia percepción- lo llevaría a postularse en un futuro
a los más altos cargos.
Ese globo que diariamente se encargaba de “inflar” explotó
de pronto, su caso dejo de interesar a la opinión pública cuando se usaron
todos los recursos mediáticos para explotar en su beneficio el que su mejor
amigo y colaborador estuviera planificando su muerte violenta.
Por ese motivo, y dado su función como diputado de la
provincia, la casa familiar de Bahler fue custodiada por la Policía de Entre
Ríos. Esta fue otra de las primeras sorpresas que arrojo la nueva
investigación, la fuerza policial sigue con la custodia, cuando los supuestos
sicarios fueron detenidos en marzo de 2016, es decir hace casi cinco años.
Amaro –su amigo- fue condenado en septiembre de 2016, tras declarar que ha sido
sometido a un “juicio extorsivo” y que fue “obligado” a convenir esa condena
que lo dejaba en las puertas de la cárcel pero del lado de afuera porque “no
tengo plata para pagar a un abogado”.
Ahora, Bahler nuevamente se ve envuelto en la telaraña
judicial y quienes eran sus amigos y confidentes en el Poder Judicial ya no
están en las fiscalías, fueron eyectados a ocupar los más altos cargos de la
Justicia porque “hicieron bien los deberes” y no porque fueran elegidos como
los más aptos por el Consejo de la Magistratura. Como si fueran ciertas las
palabras de Amaro, quien “descubrió” que “es todo muy político el tema”. Cada
Poder del Estado tiene una cuota de Poder y cada cual la usa a su manera y como
dijera Montesquieu “el que detenta el poder tiende a abusar de él y a
eternizarse en él.”
Bahler no satisfizo sus ansias de poder, no se pudo
eternizar como diputado, aunque es cierto que soñaba con ser gobernador y
después de atormentarlo a quien si fue elegido en ese cargo, Gustavo Bordet,
consiguió que le tirara una soga, en marzo de este año, plena Pandemia en curso
, el Ejecutivo provincial, lo designa mediante el decreto 475 como
“representante de Entre Ríos ante el Instituto Nacional de Promoción
Turística”.
En sus considerandos, explica que se trata de un “ente
público-privado”, que tiene por finalidad la “promoción turística internacional
de la Argentina y posicionar al país como destino turístico internacional entre
los mercados emisores”.
El nombramiento causo estupor, “cuando el sector atraviesa
una de sus más duras crisis, al haberse paralizado la actividad turística en el
país y en el mundo, como consecuencia del Coronavirus, se nombra a otro
“ñoqui”.
Ahora, si se comprueba las amenazas y demás delitos que lo
tienen como sospechoso y se abre su teléfono y están los mensajes extorsivos,
su designación podría caer y su sueño de escalar hacia lo más alto lo puede
llevar a tratar de escalar las paredes de la UP3 pues la intimidación a
“enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero, cosas, dinero
o documentos que produzcan efectos jurídicos.”, tiene una pena de cinco a diez
años, siendo un agravante que se haya producido en contra de un representante
del pueblo en el Congreso de la Nación.
Esta vez, las cosas no vienen bien para el “Loquillo”. La
causa recayó en una fiscal que no es amiga de nadie, Julia Rivoira, y se dice
en el ámbito tribunalicio que lo va a investigar “como corresponde”. Vamos a
ver, recién se empezó a desovillar y hay mucha lana en el ovillo.
Fuente: EL SOL
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