Urribarri, Allende, justicia y corrupción


Pocas veces pasaron tantos hechos de trascendencia en Tribunales, en menos de 24 horas y vinculados a personajes importantes de la política entrerriana y con causas por corrupción. El martes se presentó vía zoom, a instancia indagatoria, el exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri. Fue en la causa por negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública, cohecho pasivo y peculado, que compromete seriamente a varios actuales funcionarios y excolaboradores de los gobiernos urribarristas, como así también a su amigo, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.

 

Casi nunca hubo tanta prueba documental en una causa, precisamente, porque encontraron innumerables papeles y soporte informático en el allanamiento que le realizaran a Cardona, en Capital Federal, a fines de 2018, sobre los movimientos de pagos que se hicieron para concretar seis licitaciones en el Estado entrerriano, para la firma Relevamientos Catastrales, propiedad del citado empresario. Allí fue donde además encontraron documentación que demostraba que Cardona había administrado 11.400.000 dólares de la familia Urribarri, entre 2008 y 2015.

 

Urribarri y Cardona Herreros hicieron lo mismo al presentarse ante la justicia: ambos por zoom, con un mismo estudio de abogados de Paraná, realizaron una presentación por escrito de escasas carillas –desmintiendo las pruebas colectadas, las que se notificaron previamente y conforman más de diez carillas del expediente- y se negaron a responder preguntas. Es decir que no aportaron elemento alguno, concreto, para refutar el trabajo de investigación de casi tres años, de parte de los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Y seguramente seguirán por ese mismo camino quienes tengan que presentarse en los próximos días, por la misma causa.

 

Es decir que por un lado se sigue señalando que confían en la justicia, que apuestan al trabajo de esa justicia, pero por el otro lo único que se hace es presentar escritos para la tribuna y tras ello seguir introduciendo chicanas judiciales, a los efectos de continuar con el trámite de la causa para que continúen pasando los años y luego Dios dirá. O sea, como en cada una de las tantas causas por delitos de corrupción que involucran a los hombres y mujeres de la clase política de nuestra provincia, con desvíos millonarios, de lo que nadie se quiere hacer cargo.

 

Seguramente en no más de dos o tres meses –es decir, ya en el 2021, año electoral-, esta causa por pago de coimas por sobreprecios, con dinero del Estado, será elevada a juicio y vaya a saber si ello se concreta el próximo año. Pero así estamos con este sistema perverso. 

 

Lo otro es lo que pasó con José Angel Allende, sin dudas uno de los principales símbolos de la corrupción en Entre Ríos, en los últimos 30 años. O sea, al que venimos denunciando hace más de tres décadas, en medio del silencio de demasiados dirigentes gremiales, políticos y periodistas, que siempre miraron para otro lado o buscaron beneficiarse, congraciándose con el ahora exlegislador.

 

Hemos sufrido presiones de todo tipo por parte de su gente, por sostener en el tiempo nuestras denuncias periodísticas; en absoluta soledad soportamos todos los agravios, descalificaciones y violencia de un dirigente que fue poderoso y que manejaba no solo una patota gremial en Entre Ríos, sino que cuando lo requería hacía venir gente pesada de UPCN Santa Fe. 

 

Este miércoles se concretó la audiencia por el juicio abreviado a Allende que, de alguna manera, podría ir camino al fracaso, después de una sesión en Tribunales, de más de cuatro horas, con Allende por zoom desde su nueva casa de calle Gualeguay. En las últimas semanas hubo numerosas críticas al juicio abreviado que se iba a desarrollar en esta jornada y de la condena que se le otorgaba a Allende. El juicio abreviado no es sinónimo de impunidad tal como se buscó exhibir desde algunos sectores de la dirigencia política que, obviamente, nunca en la vida se ocuparon de Allende, en sus 30 años de protagonismo, salvo algunas pocas excepciones entre los más críticos. Claro que uno deja de lado cualquier cuestionamiento a las víctimas de Allende, en otras causas que se anexaron, como las amenazas a la ministra de Salud, Sonia Velázquez o al periodista Martín Carboni, que tienen todo el derecho a reclamar lo que consideren justo, avalando o no esta modalidad.

 

El juicio abreviado sólo elimina -para decirlo en forma sencilla- el "debate" y la recolección de distintas pruebas que logre acreditar en forma certera el ilícito investigado ante un Tribunal de Juicio. Si bien uno puede o no estar de acuerdo, constituye lisa y llanamente una condena y una pena. En este caso el imputado admite su culpabilidad en los hechos que se le atribuyen y padecerá, en consecuencia, una sentencia que, en el caso, conlleva pena de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Más el decomiso de sus bienes valuados por un ente oficial por la suma que excede el millón de dólares. Y a ello hay que agregarle una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplimentar. No se asemeja esto a una "impunidad" sino todo lo contrario. Hay una condena a cumplimentar, con costos que pagar.

 

Habría que preguntarse si, de caerse el juicio abreviado -y más allá de las objeciones que hizo el Tribunal, remarcando lo que se consideraba errores de investigación y de cálculos periciales, que deberá responder el técnico que las concretó al reanudarse la audiencia-, no estaríamos camino a la impunidad de Allende. Todos conocemos lo que significa; lo engorroso de un proceso por el delito de Enriquecimiento Ilícito. Lo hemos visto en causas anteriores también denunciadas por nosotros en estas últimas décadas, como los casos de Mario Yedro, Domingo Daniel Rossi, a lo que se podría sumar el del exembajador Raúl Taleb, en donde la prueba por lo general resulta escasa o de difícil o imposible recolección. Yedro entregó sus campos valuados en 6 millones de dólares; Rossi solo pagó una multa de 90 mil pesos y Taleb se tuvo que desprender de su departamento de 500 mil pesos, como resarcimiento. En esa complejidad de una investigación de este tipo, el dinero mal habido no se halla en el patrimonio del imputado y las pericias siempre resultan refutadas por otras pericias y así de seguido, lo que alargan el juicio, en ocasiones, por años en incluso décadas.  

 

Es probable, que de no mediar condena, es decir, en la hipótesis que el Tribunal no asienta al acuerdo arribado, con mucha suerte se podrá llegar a un debate dentro de ocho o diez años. No sabremos con certeza cuál resultaría el monto del enriquecimiento y se juzgaría, en realidad,  a "otro" Allende. A un hombre de 70 o 75 años o más y vaya uno a saber en qué contexto social y político. Pero además, qué hará Allende con este marco: no va aceptar el abreviado, va a llevar la causa hasta la Corte Suprema de Justicia y no permitirá que ningún juez lo juzgue, después que él reconoció su culpabilidad. Y con ese marco, a más tardar el mes que viene recupera su mansión del Parque Urquiza y hace pito catalán.

 

¿A quien beneficia esto?: a todos aquellos denunciados por enriquecimiento ilícito, como los casos de Sergio y Mauro Urribarri –entre otros-, que no dejaron de presionar a Allende y a sus abogados para que esto no se concrete, porque pone también la vara muy alta para ellos, en especial en la entrega de bienes, multas y penas. Sería como un antes y después del caso Allende, de prosperar el juicio abreviado, en la historia de los delitos de corrupción en esta provincia y los corruptos y sus defensores lo saben muy bien. Pero los que ahora aparecen como los más entendidos y reclamadores, no lo quieren entender y priorizan ese protagonismo político de minutos o de centímetros, en los diferentes medios.

 

Si se razona con lucidez se podrá advertir que estamos cerca (lo más cerca posible) de una condena y no de impunidad. Y esta causa no se inició ayer: arrancó con la denuncia periodística de ANALISIS en marzo de 2012 (hace más de 8 años) -en nota firmada por Jorge Riani- y con el aporte testimonial y documental de quien habla, que llevó dos cajas de papeles para demostrar de lo que se revelaba, a la fiscal de la causa y 24 horas después de la publicación. ¿Alguien cree que no quisiéramos una mayor condena judicial contra Allende, después que le dedicamos más de 60 notas periodísticas y numerosas tapas en tres décadas, donde se advertía de lo que hacía el exdiputado y en quién se estaba transformando en la política entrerriana?

 

Hoy, sugestivamente, cuando la Justicia se halla al borde de una condena por un delito que resulta muy difícil de acreditar y en consecuencia, reitero, años en probar, emergen súbitamente voces escandalizadas por la "impunidad" que dicen advertir. Como diría Mario Benedetti "el grito tan exacto, si el tiempo lo permite, no me sirve". 

 

En caso que tal "escándalo" logre nublar la visión de los jueces, no se habrá conseguido nada más que la impunidad y será la victoria de un funcionario corrupto. Y así seguiremos perdiendo todos los habitantes de este suelo entrerriano. Porque el dinero mal habido recaudado por Allende es todo lo que le falta a los más pobres, a los más necesitados, a los olvidados de siempre.

Análisis

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