Urribarri, Allende, justicia y corrupción
Pocas veces pasaron tantos hechos de trascendencia en Tribunales, en menos de 24 horas y vinculados a personajes importantes de la política entrerriana y con causas por corrupción. El martes se presentó vía zoom, a instancia indagatoria, el exgobernador y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urribarri. Fue en la causa por negociaciones incompatibles, fraude a la administración pública, cohecho pasivo y peculado, que compromete seriamente a varios actuales funcionarios y excolaboradores de los gobiernos urribarristas, como así también a su amigo, el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros.
Casi nunca hubo tanta prueba documental en una causa,
precisamente, porque encontraron innumerables papeles y soporte informático en
el allanamiento que le realizaran a Cardona, en Capital Federal, a fines de
2018, sobre los movimientos de pagos que se hicieron para concretar seis
licitaciones en el Estado entrerriano, para la firma Relevamientos Catastrales,
propiedad del citado empresario. Allí fue donde además encontraron
documentación que demostraba que Cardona había administrado 11.400.000 dólares
de la familia Urribarri, entre 2008 y 2015.
Urribarri y Cardona Herreros hicieron lo mismo al
presentarse ante la justicia: ambos por zoom, con un mismo estudio de abogados
de Paraná, realizaron una presentación por escrito de escasas carillas
–desmintiendo las pruebas colectadas, las que se notificaron previamente y
conforman más de diez carillas del expediente- y se negaron a responder
preguntas. Es decir que no aportaron elemento alguno, concreto, para refutar el
trabajo de investigación de casi tres años, de parte de los fiscales Patricia
Yedro y Gonzalo Badano. Y seguramente seguirán por ese mismo camino quienes
tengan que presentarse en los próximos días, por la misma causa.
Es decir que por un lado se sigue señalando que confían en
la justicia, que apuestan al trabajo de esa justicia, pero por el otro lo único
que se hace es presentar escritos para la tribuna y tras ello seguir
introduciendo chicanas judiciales, a los efectos de continuar con el trámite de
la causa para que continúen pasando los años y luego Dios dirá. O sea, como en
cada una de las tantas causas por delitos de corrupción que involucran a los
hombres y mujeres de la clase política de nuestra provincia, con desvíos
millonarios, de lo que nadie se quiere hacer cargo.
Seguramente en no más de dos o tres meses –es decir, ya en
el 2021, año electoral-, esta causa por pago de coimas por sobreprecios, con
dinero del Estado, será elevada a juicio y vaya a saber si ello se concreta el
próximo año. Pero así estamos con este sistema perverso.
Lo otro es lo que pasó con José Angel Allende, sin dudas uno
de los principales símbolos de la corrupción en Entre Ríos, en los últimos 30
años. O sea, al que venimos denunciando hace más de tres décadas, en medio del
silencio de demasiados dirigentes gremiales, políticos y periodistas, que
siempre miraron para otro lado o buscaron beneficiarse, congraciándose con el
ahora exlegislador.
Hemos sufrido presiones de todo tipo por parte de su gente,
por sostener en el tiempo nuestras denuncias periodísticas; en absoluta soledad
soportamos todos los agravios, descalificaciones y violencia de un dirigente
que fue poderoso y que manejaba no solo una patota gremial en Entre Ríos, sino
que cuando lo requería hacía venir gente pesada de UPCN Santa Fe.
Este miércoles se concretó la audiencia por el juicio
abreviado a Allende que, de alguna manera, podría ir camino al fracaso, después
de una sesión en Tribunales, de más de cuatro horas, con Allende por zoom desde
su nueva casa de calle Gualeguay. En las últimas semanas hubo numerosas
críticas al juicio abreviado que se iba a desarrollar en esta jornada y de la
condena que se le otorgaba a Allende. El juicio abreviado no es sinónimo de
impunidad tal como se buscó exhibir desde algunos sectores de la dirigencia
política que, obviamente, nunca en la vida se ocuparon de Allende, en sus 30
años de protagonismo, salvo algunas pocas excepciones entre los más críticos.
Claro que uno deja de lado cualquier cuestionamiento a las víctimas de Allende,
en otras causas que se anexaron, como las amenazas a la ministra de Salud,
Sonia Velázquez o al periodista Martín Carboni, que tienen todo el derecho a
reclamar lo que consideren justo, avalando o no esta modalidad.
El juicio abreviado sólo elimina -para decirlo en forma
sencilla- el "debate" y la recolección de distintas pruebas que logre
acreditar en forma certera el ilícito investigado ante un Tribunal de Juicio.
Si bien uno puede o no estar de acuerdo, constituye lisa y llanamente una
condena y una pena. En este caso el imputado admite su culpabilidad en los
hechos que se le atribuyen y padecerá, en consecuencia, una sentencia que, en
el caso, conlleva pena de prisión condicional e inhabilitación perpetua para
ocupar cargos públicos. Más el decomiso de sus bienes valuados por un ente
oficial por la suma que excede el millón de dólares. Y a ello hay que agregarle
una serie de reglas de conducta que el condenado deberá cumplimentar. No se
asemeja esto a una "impunidad" sino todo lo contrario. Hay una
condena a cumplimentar, con costos que pagar.
Habría que preguntarse si, de caerse el juicio abreviado -y
más allá de las objeciones que hizo el Tribunal, remarcando lo que se
consideraba errores de investigación y de cálculos periciales, que deberá
responder el técnico que las concretó al reanudarse la audiencia-, no
estaríamos camino a la impunidad de Allende. Todos conocemos lo que significa;
lo engorroso de un proceso por el delito de Enriquecimiento Ilícito. Lo hemos
visto en causas anteriores también denunciadas por nosotros en estas últimas
décadas, como los casos de Mario Yedro, Domingo Daniel Rossi, a lo que se
podría sumar el del exembajador Raúl Taleb, en donde la prueba por lo general
resulta escasa o de difícil o imposible recolección. Yedro entregó sus campos valuados
en 6 millones de dólares; Rossi solo pagó una multa de 90 mil pesos y Taleb se
tuvo que desprender de su departamento de 500 mil pesos, como resarcimiento. En
esa complejidad de una investigación de este tipo, el dinero mal habido no se
halla en el patrimonio del imputado y las pericias siempre resultan refutadas
por otras pericias y así de seguido, lo que alargan el juicio, en ocasiones,
por años en incluso décadas.
Es probable, que de no mediar condena, es decir, en la
hipótesis que el Tribunal no asienta al acuerdo arribado, con mucha suerte se
podrá llegar a un debate dentro de ocho o diez años. No sabremos con certeza
cuál resultaría el monto del enriquecimiento y se juzgaría, en realidad, a "otro" Allende. A un hombre de 70
o 75 años o más y vaya uno a saber en qué contexto social y político. Pero
además, qué hará Allende con este marco: no va aceptar el abreviado, va a
llevar la causa hasta la Corte Suprema de Justicia y no permitirá que ningún
juez lo juzgue, después que él reconoció su culpabilidad. Y con ese marco, a
más tardar el mes que viene recupera su mansión del Parque Urquiza y hace pito
catalán.
¿A quien beneficia esto?: a todos aquellos denunciados por
enriquecimiento ilícito, como los casos de Sergio y Mauro Urribarri –entre otros-,
que no dejaron de presionar a Allende y a sus abogados para que esto no se
concrete, porque pone también la vara muy alta para ellos, en especial en la
entrega de bienes, multas y penas. Sería como un antes y después del caso
Allende, de prosperar el juicio abreviado, en la historia de los delitos de
corrupción en esta provincia y los corruptos y sus defensores lo saben muy
bien. Pero los que ahora aparecen como los más entendidos y reclamadores, no lo
quieren entender y priorizan ese protagonismo político de minutos o de
centímetros, en los diferentes medios.
Si se razona con lucidez se podrá advertir que estamos cerca
(lo más cerca posible) de una condena y no de impunidad. Y esta causa no se
inició ayer: arrancó con la denuncia periodística de ANALISIS en marzo de 2012
(hace más de 8 años) -en nota firmada por Jorge Riani- y con el aporte
testimonial y documental de quien habla, que llevó dos cajas de papeles para
demostrar de lo que se revelaba, a la fiscal de la causa y 24 horas después de
la publicación. ¿Alguien cree que no quisiéramos una mayor condena judicial
contra Allende, después que le dedicamos más de 60 notas periodísticas y
numerosas tapas en tres décadas, donde se advertía de lo que hacía el
exdiputado y en quién se estaba transformando en la política entrerriana?
Hoy, sugestivamente, cuando la Justicia se halla al borde de
una condena por un delito que resulta muy difícil de acreditar y en
consecuencia, reitero, años en probar, emergen súbitamente voces escandalizadas
por la "impunidad" que dicen advertir. Como diría Mario Benedetti
"el grito tan exacto, si el tiempo lo permite, no me sirve".
En caso que tal "escándalo" logre nublar la visión
de los jueces, no se habrá conseguido nada más que la impunidad y será la
victoria de un funcionario corrupto. Y así seguiremos perdiendo todos los
habitantes de este suelo entrerriano. Porque el dinero mal habido recaudado por
Allende es todo lo que le falta a los más pobres, a los más necesitados, a los
olvidados de siempre.
Análisis
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