Tribunal de Cuentas: los expedientes calientes que tendrá que definir Lara, entre ellos el del ex intendente Cecco
Ante la llegada del actual Diputado provincial Diego Lara al tribunal de cuentas, se supo que el ex intendente de la ciudad de Federación, quien integraría un lote de intendentes que han sido señalados por el pago de sobre precios en el plan Mas cerca, que estaba destinado a obras de pavimento.
Hay varios
expedientes críticos en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y que tendrán que
ser resueltos por el futuro presidente del cuerpo, el aún diputado provincial
oficialista, Diego Lara. La pregunta que se hacen varios integrantes del
organismo de contralor es qué decisión adoptará el abogado de María Grande,
teniéndose en cuenta la estrecha relación que existe con varios de los
exfuncionarios, funcionarios, intendentes y legisladores.
Entre los
expedientes más complejos aparecen aquellos muy avanzados y prestos para ser
enviados a juicio de Cuentas sobre las irregularidades en contrataciones de
pavimento y pago de sobreprecios del plan "Más cerca", que involucra
a varios municipios y sus respectivos exintendentes.
Aquellos casos
que ya se encuentran en la justicia entrerriana son los de Raúl Riganti
(Larroque) y Domingo Daniel Rossi (Santa Elena), pero aún no tuvieron su etapa
de judicialización los casos de Federación (gestión del radical Carlos Cecco),
Seguí, Colonia Avellaneda y San Benito. Sobre estos tres últimos, se entiende
que Lara avanzaría a paso firme, porque históricamente tuvo mala relación
política con los exintendentes Cristian Treppo, Edgardo Dellizzotti y Angel
Vázquez, todos del departamento Paraná Campaña.
La mayoría de los
casos son relacionados a los planes del exsecretario de Obras Públicas del
kirchnerismo, José López, recordado por sus bolsos lanzados al más allá. Nación
enviaba las partidas de dinero a la provincia, intervenía la Cámara de la
Construcción de Entre Ríos y estos derivaban a los empresarios que se iban
seleccionando, aunque en realidad, por lo general los beneficiados eran siempre
los mismos.
El más preocupado
en este tema ha sido el actual titular de la Unidad Ejecutora del gobierno
entrerriano, Cristian Treppo, quien incluso fue en varias oportunidades a
preguntar sobre su situación al Tribunal de Cuentas, acompañado de su abogado
Germán Coronel, a la vez responsable de Legales del Ministerio de Salud de
Entre Ríos. Sucede que hay números muy cuestionados por los auditores y le
resultará muy difícil poder evitar el juicio de Cuentas, salvo que haya una
decisión política que lo pueda favorecer.
Pero Diego Lara
también tendrá que resolver qué hacer con los cinco juicios de Cuentas contra
los exfuncionarios del Consejo General de Educación, Gustavo Tórtul y Carlos
Mohr, por haber presentado rendiciones sin comprobantes justificativos. Son
1.581.251 pesos por el año 2006; 16.362.000 pesos por el 2008; 15.846.000 por
2009; 34.793.000 por 2010 y 98.058.184, por el 2011. Es decir que son cerca de
170 millones de pesos, sobre los que, prima facie, existen irregularidades. En
2011, el dólar estaba en algo más de 4 pesos; o sea, algo más de 40 millones de
dólares de aquellos días. Los funcionarios del CGE presentaban las rendiciones
pertinentes, los auditores exigían los comprobantes y no estaban. El caso es
llevado adelante por el fiscal de Cuentas, Ricardo Genolet, que se va del
Tribunal de Cuentas y supuestamente lo reemplazaría Cristina Federik, hija del
vocal de Cámara Laboral, Guillermo Federik.
Tórtul es el
mismo funcionario, cercano a Sergio Urribarri, que está imputado en varias
causas por delitos de corrupción y siempre tuvo un perfil excesivamente bajo
entre los allegados directos al exgobernador y actual embajador argentino en
Israel y Chipre. Desde el 2012, es un alto funcionario de la Secretaría
Administrativa y Contable de la Gobernación; confirmado por Gustavo Bordet en
su primer gobierno y con continuidad en la actualidad.
Lara también
tendrá que resolver respecto a las rendiciones de cuentas de la Legislatura
entrerriana, la que sigue integrando. Sucede que los números están aprobados
solamente hasta enero de 2017. A partir de allí ninguna fue aprobada, porque en
el medio, en septiembre de 2018, saltó a la luz pública la sonada causa por los
contratos truchos, donde, según la justicia entrerriana, se desviaron más de
2500 millones de pesos entre 2008 y 2018. Cuando apareció esta situación, la
cúpula del organismo de control decidió hacer un paréntesis y quedaron
supeditados a los movimientos de la causa judicial. Según se supo, no se
terminó de analizar de octubre de 2018 en adelante y tampoco se aprobó el
período anterior. Ante el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, nunca se
accedió, por ejemplo, a los contratos que existieron en tales períodos y en
2019.
Además, según se
supo, existe un expediente donde se le imputa al ex interventor del EPRE, Marcos Rodríguez Allende, por haber percibido
viáticos y en el mismo día aparecía firmando resoluciones en Paraná.
Y existen juicios
de cuenta en trámite contra la última Intervención de LAER y otro expediente
donde se investigan irregularidades en leasing de un avión que luego no se pudo
explotar comercialmente por no haber tenido licencia de la aerolínea
entrerriana para volar.
A todo esto habrá
que sumarle los expedientes en torno a las irregularidades de la Caja de
Jubilaciones, sobre los jubilados y las amas de casa fallecidas que seguían
cobrando sus remuneraciones y un juicio de Cuentas contra Edgardo Tentor, que
fue interventor del Puerto Ibicuy, por varias desprolijidades cometidas.
Análisis
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