25 años de la más sangrienta masacre de la provincia de Santa Fe
Un día como hoy, pero del año 1995, en la cuidad de Recreo, un evadido de la cárcel de Coronda identificado como Marcelo “El Chajá” Ferreyra, asesinó a una mujer embarazada, a sus cuatro hijos, y violó a su hija adolescente.
El hecho se produjo cerca de la media noche en una vivienda
ubicada en inmediaciones a calle Güemes al 1440, de la zona de Barrio
Hipotecario Sur.
Allí, Ferreyra ingresó en el inmueble y secuestró a una
adolescente de 14 años, quien residía junto a su madre, Nélida Susana Toledo de
Vega de 31 años, embarazada de siete meses; y sus hermanitos, Alberto, de 11;
Daniel, de 10; Sebastián, de 8; y Cristian, de un año y medio de edad.
Según trascendió, la intención del “Chajá” era llevarse a la
joven para prostituirla. En ese momento, Nélida presentó resistencia para que
Ferreyra no cumpla su cometido, pero éste la terminó asesinando de varias
puñaladas, y luego, asfixió a sus cuatro hijitos.
Luego de masacrar a la familia, “El Chajá” tomó a la
adolescente y se la llevó a una vivienda contigua, donde la golpeó salvajemente
y luego la violó.
Horas después, mientras el asesino y violador dormía, la
menor logró escapar por el ventiluz del baño, y acudió en ayuda de un familiar
policía, quien acudió inmediatamente al lugar de los hechos. Allí, el agente se
enfrentó a tiros con Ferreyra, que terminó herido de un disparo.
Posteriormente, mientras intentaba escapar, “El Chajá”, fue
capturado
Indemnización a la única sobreviviente
El Estado provincial debió indemnizar con la suma de 1,5
millones de pesos a Claudia Vega, única sobreviviente de la “Masacre de
Recreo”. La demanda civil fue iniciada por la joven en 1997 y seis años más
tarde la Justicia consideró que el Estado santafesino era responsable de haber
incumplido con su deber de custodiar al preso que terminó asesinando a su madre
embarazada y a sus cuatro hermanos.
La decisión quedó en firme en la Justicia provincial luego
que la Corte Suprema confirmara los fallos de primera y segunda instancia que
dieron la razón al reclamo de la mujer.
En aquel momento, el monto indemnizatorio se fijó en 550.000
pesos. Esa cifra, fijada en 2003, se transformó por los intereses en poco más
1.400.000 pesos, suma que quedó firme en segunda instancia.
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