25 años de la más sangrienta masacre de la provincia de Santa Fe


Un día como hoy, pero del año 1995, en la cuidad de Recreo, un evadido de la cárcel de Coronda identificado como Marcelo “El Chajá” Ferreyra, asesinó a una mujer embarazada, a sus cuatro hijos, y violó a su hija adolescente.

El hecho se produjo cerca de la media noche en una vivienda ubicada en inmediaciones a calle Güemes al 1440, de la zona de Barrio Hipotecario Sur.

Allí, Ferreyra ingresó en el inmueble y secuestró a una adolescente de 14 años, quien residía junto a su madre, Nélida Susana Toledo de Vega de 31 años, embarazada de siete meses; y sus hermanitos, Alberto, de 11; Daniel, de 10; Sebastián, de 8; y Cristian, de un año y medio de edad.

Según trascendió, la intención del “Chajá” era llevarse a la joven para prostituirla. En ese momento, Nélida presentó resistencia para que Ferreyra no cumpla su cometido, pero éste la terminó asesinando de varias puñaladas, y luego, asfixió a sus cuatro hijitos.

Luego de masacrar a la familia, “El Chajá” tomó a la adolescente y se la llevó a una vivienda contigua, donde la golpeó salvajemente y luego la violó.

Horas después, mientras el asesino y violador dormía, la menor logró escapar por el ventiluz del baño, y acudió en ayuda de un familiar policía, quien acudió inmediatamente al lugar de los hechos. Allí, el agente se enfrentó a tiros con Ferreyra, que terminó herido de un disparo.

Posteriormente, mientras intentaba escapar, “El Chajá”, fue capturado

Indemnización a la única sobreviviente

El Estado provincial debió indemnizar con la suma de 1,5 millones de pesos a Claudia Vega, única sobreviviente de la “Masacre de Recreo”. La demanda civil fue iniciada por la joven en 1997 y seis años más tarde la Justicia consideró que el Estado santafesino era responsable de haber incumplido con su deber de custodiar al preso que terminó asesinando a su madre embarazada y a sus cuatro hermanos.

La decisión quedó en firme en la Justicia provincial luego que la Corte Suprema confirmara los fallos de primera y segunda instancia que dieron la razón al reclamo de la mujer.

En aquel momento, el monto indemnizatorio se fijó en 550.000 pesos. Esa cifra, fijada en 2003, se transformó por los intereses en poco más 1.400.000 pesos, suma que quedó firme en segunda instancia.

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