“De códigos, planes y excepciones…”, por José A. Artusi

El Código de Ordenamiento Urbano de Concepción del Uruguay data de fines del siglo pasado. Fue una de las pocas líneas de acción que se implementó como consecuencia de la elaboración del Plan Estratégico (PECU), que estuvo coordinada por Freddy Garay, expresa la nota de opinión del Ex Diputado provincial Cambiemos enviada a 7Paginas.

 

Desde su sanción ha sufrido innumerables reformas espasmódicas, verdaderos parches, y numerosas excepciones, que lo han desnaturalizado y convertido en una norma ineficiente y débil, agravado esto por el hecho de que el proceso de planificación se discontinuó, se retomó brevemente en la reformulación del 2010 y se discontinuó nuevamente, hasta hoy.

 

Digámoslo claramente, no puede haber código sin plan. Por eso es saludable que el año que viene se discuta un nuevo código, en el marco de una actualización del plan.

 

Pero mientras tanto, resulta imprescindible detener por completo las excepciones al cumplimiento de las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano de Concepción del Uruguay. Si el año que viene se va a reformar íntegramente el COU hay que disponer una moratoria, basta de excepciones hasta tener nuevo código.

 

Y, ya que estamos, digamos que en el Código reformado hay que eliminar por completo la posibilidad de excepciones. Las normas están para cumplirse, y si no sirven se cambian, no es tan complicado. Es un absoluto disparate someter a los concejales a la disyuntiva de tener que decidir en qué casos se respeta y en qué casos no se respeta la norma que ellos mismos aprobaron.

 

Las excepciones reiteradas y permanentes generan varios problemas:

1) Erosionan el valor del código como norma de validez general y vulneran el principio de la igualdad ante la ley. Abren además una puerta peligrosa a futuros pedidos de excepciones que se van a intentar fundamentar en las anteriores. Si en un caso se otorgaron, con qué argumentos se negarán en otro?

Introducen un sistema de toma decisiones que es discrecional, probablemente arbitrario, y no sujeto a criterios objetivos explícitos.

2) Generan falta de estabilidad y previsibilidad en las reglas de juego; y por ende, aunque a priori no se vea claramente, atentan contra la posibilidad de alentar inversiones serias a largo plazo.

3) En muchos casos contribuyen elevar artificialmente los precios del suelo y a alimentar la especulación inmobiliaria, dado que generan expectativas indebidas sobre la valorización a futuro de los predios sujetos a posibles excepciones.

4) En otros casos fomentan la expansión urbana dispersa, desconectada, y de baja densidad, lo que generará problemas a futuro en términos de encarecimiento de las infraestructuras y la prestación de servicios, insostenibilidad ambiental, segregación residencial, etc.

5) Tornan inútil al COU como herramienta de planificación y de orientación del desarrollo urbano.

6) Dificultan la implementación de instrumentos de recuperación y reinversión de la valorización del suelo generada por las acciones públicas. El Municipio “regala” alegremente plusvalías inmobiliarias que pueden y deben ser recuperadas, porque surgen a partir de obras, servicios o decisiones administrativas a cargo del Estado. Acá suena a ciencia ficción, pero en ciudades como Trenque Lauquen se hace, no hay justificación posible para el verdadero despilfarro de recursos públicos que subyace en el festival de excepciones, aunque no se vea.

 

Es hora de comenzar a verlo. Y de actuar en consecuencia. Una moratoria de excepciones quizás podría ser un primer buen paso en la dirección correcta.