El 70% de los fiscales de Entre Ríos fue nombrado a dedo
Según la información publicada por el propio Ministerio Público Fiscal (MPF), 7 de cada 10 fiscales no lograron su cargo por concurso ni cuentan con el aval del Senado para ejercer la acusación pública en Entre Ríos · Seis departamentos ni siquiera cuenta con un titular en su territorio y las investigaciones son hechas por interinos o suplentes · El Consejo de la Magistratura mantiene además sin definición 21 concursos para cubrir 41 fiscalías en distintos lugares de la provincia
El mapa que el MPF tiene publicado en su sitio web da cuenta
de la existencia de 18 Unidades Fiscales (UFI) en todo el territorio
provincial. Allí se registran 108 fiscales con distintas niveles de
responsabilidad. De ese total, solo 31 figuran como titulares, es decir con
concursos ganados en el Consejo de la Magistratura y pliegos enviado por el
Poder Ejecutivo al Senado y acuerdo de este cuerpo. Los 77 restantes están
categorizados como suplentes, interinos, provisorios y temporales. Esto
significa que ninguno de ellos tiene la estabilidad que garantiza la
Constitución provincial y dependen de la voluntad del Procurador General, Jorge
Amilcar Luciano García, para continuar en sus cargos.
Las 18 UFIs están repartidas en cada una de las cabeceras
departamentales, con el detalle de que en Federación existe una más en la
localidad de Chajarí. En 6 de ellas (Federación, San Salvador, Federal,
Villaguay, Villa Paranacito y Gualeguay) el mapa de la Procuración informa que
no hay fiscales titulares, sólo funcionarios con algún tipo de precariedad en
su nombramiento.
La situación en algunas de las Unidades Fiscales es
paradigmática. Concordia registra solamente tres titulares: José Costa; Mario
Guerrrero y Mariana Elíaz, mientras que los otros 10 fiscales figuran como
suplentes, interinos, transitorios o provisorios: Florencia Casati; Martín
Nuñez; Fabio Zabaleta; Germán Dri; Julia Rivoira; José Emilio Arias; Francisco
Azcue; Daniela Montangie; Juan Pablo de Giambattista y María Josefina Fonseca.
En Paraná, donde se concentra la mayor cantidad de miembros
del Ministerio Público Fiscal, figuran 15 titulares y 21 personas con distinto
grado de precariedad.
Los problemas que esto puede traer aparejado van más allá de
la cuestión institucional y se reflejan en las dificultades para el ejercicio
del acceso a la justicia que tiene la ciudadanía. Es que la Constitución
provincial le asigna al MPF la exclusividad para ejercer la acción penal
pública y conducir las investigaciones.
Por caso, la decisión de archivar la causa por el crimen de
Gabriel Gusmán por parte de Fiscalía fue tomada por dos fiscales que figuran en
el mapa como interinos sin acuerdo del Senado: Juan Francisco Ramírez Montrull
y Gonzalo Badano, quien además está listado como integrante de la Unidad
Anticorrupción.
Otro ejemplo es el femicidio de Gisela López en Santa Elena.
Las pesquisas estuvieron a cargo de un fiscal suplente, Santiago Alfieri, a
quien se le cuestiona la prueba recolectada dado que la conclusión es, hasta
ahora, la impunidad del crimen. En particular, se le endilga que dejó un
allanamiento clave en manos de la Policía debido a que se habría ido a Santa Fe
para asistir a un evento deportivo.
Esta Agencia intentó contactarse con el procurador García
para consultarle el grado de actualización del mapa y las especificidades de
las designaciones, ya que la Constitución le asigna la potestad de designar y
remover su personal y de cubrir “con carácter provisorio” las vacantes hasta
que se sustancie el concurso. El Procurador General respondió a través de la
oficina de prensa de Tribunales que no realizaría declaraciones, remitió las
consultas al texto de la Constitución y de la ley orgánica de los Ministerios
Públicos e recordó que los concursos son responsabilidad del Consejo de la
Magistratura.
Este organismo, creado para evitar arbitrariedades del poder
político en la designación de jueces y funcinarios judiciales, está en mora con
los concursos para cubrir fiscalías. A través de la Resolución 1065 del 23 de
agosto del 2019 convocó a cubrir 32 cargos de fiscales (concursos 232 al 245),
sin que se haya producido hasta el momento otro movimiento que la inscripción de
profesionales de la abogacía con interés en los lugares.
A esto debe agregarse que otros 9 cargos para ocupar
fiscalías habían salido a concurso (numerados del 217 al 223) a través de la
resolución 1050 del 4 de octubre de 2018, pero el trámite aún no han concluido.
Recién el pasado viernes 27 de noviembre se concretaron las entrevistas
particulares y este lunes 30 se publicó el orden de mérito. Restan las
impugnaciones y luego la elevación de ternas al Ejecutivo.
APFDigital ha estado tratando desde mediados de octubre de
obtener precisiones sobre este particular del presidente del Consejo, el
secretario de Justicia Pablo Biaggini, pero no ha respondido ni los llamados ni los mensajes.
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