Un ex funcionario de Federal se declaró corrupto y devolverá más de 800 mil pesos
Martín Alejandro Robalo, ex director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal, admitió haber cometido delitos contra la Administración Pública.
Martín Alejandro Robalo, ex
director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Federal, admitió haber
cometido delitos contra la Administración Pública y aceptó ser condenado a tres
años de prisión de ejecución condicional por el delito de peculado, más la
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El ex funcionario aceptó los
cargos en el marco de un acuerdo de juicio abreviado que alcanzó con la
Fiscalía. Además de cumplir reglas de conductas, se comprometió a devolverle al
Municipio de Federal 875.133,51 pesos, cifra que sustrajo de las arcas del
Estado a través el producido de la venta de materiales de residuos –reciclables
obtenidos de la planta de tratamiento de residuos municipal.
Robalo fue denunciado a fines de
agosto de 2018 por el intendente Gerardo Chapino (PJ), quien, en una
conferencia de prensa dio a conocer la situación y lo apartó del cargo.
Entonces, sostuvo: “Hicimos lo que corresponde en estos casos, porque en
nuestra función nosotros no permitimos ningún tipo de delitos”.
El acuerdo de juicio abreviado fue
presentado el miércoles pasado en una audiencia ante el juez de Garantías de Federal,
Maximiliano Larocca Rees; y en la que participaron la fiscal Susana Irurzún; el
abogado defensor del acusado, Gustavo Rader; y el abogado del Municipio, Juan
Manuel Benítez. El juez abrió un cuarto intermedio hasta el 30 de diciembre
para dar a conocer si homologa el acuerdo y condena al ex funcionario, publicó
el portal Entre Ríos Ahora.
Entre la prueba presentada al
magistrado se mencionó la denuncia del intendente Chapino; declaraciones
testimoniales de empleados municipales y del contador del Municipio,
Maximiliano Taborda, quien detectó la maniobra fraudulenta.
Según supo Entre Ríos Ahora, la
maniobra de Robalo consistió en pedirle a la empresa compradora de los residuos
reciclables, “Las 3E SRL”, que transfiera a su cuenta particular parte del
dinero que debía ir a las arcas municipales.
Las transferencias de la venta de
residuo
En la audiencia del miércoles 22,
la defensa del ex funcionario solicitó al juez Larocca Rees limitar el trabajo
de los periodistas presentes bajo el argumento de garantizar “los derechos de
su defendido”. En concreto, pidió que se impida a la prensa filmar la audiencia
pública.
A dicha petición se opuso la
fiscal Irurzún, quien resaltó que se estaba ante un caso que involucra a un ex
funcionario público. El juez de Garantías coincidió con la representante del
Ministerio Público Fiscal y el trámite prosiguió con la exposición del acuerdo
alcanzado entre las partes.
Al exponer los hechos acordados,
la fiscal indicó que Robalo aceptó que en su carácter de director de Servicios
Públicos de la Municipalidad de Federal abusó de sus funciones y sustrajo, en
distintas oportunidades, dinero del patrimonio municipal.
Enumeró que se registraron seis
transferencias de dinero del municipio a su cuenta en el Banco de Entre Ríos
entre junio y noviembre de 2017; y siete entre febrero y agosto de 2018.
Los montos iban desde cifras de 18
mil pesos a 50 mil pesos. En total, se contabilizó que sustrajo 383.406,48
pesos, dinero que era el producido de la venta de materiales de residuos
–reciclables obtenidos de la planta de tratamiento de residuos municipal, y
cuya custodia le fue encomendada a Robalo.
En el acuerdo de juicio abreviado,
la Fiscalía señaló que el imputado “desplegó una conducta que verdaderamente
importó una apropiación definitiva de los caudales públicos mediante la
maniobra descripta -con el consecuente quebranto para las arcas públicas
municipales. El imputado tenía total conocimiento de esta situación. Tenía
pleno y certero conocimiento de su obrar ilícito, y así mismo opto por sustraer
estos fondos públicos para su propio provecho”.
Al finalizar, solicitó al juez que
el ex funcionario sea declarado responsable del delito de peculado en concurso
real y que sea condenado a la pena de tres años de prisión condicional e
inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y al pago de la
suma de 875.133,51 pesos, correspondiente a capital e intereses y que deberán
ser pagados en dos cuotas: 437.566,75 pesos, primero; y 437.566,75 pesos,
después.
Además, se fijó que durante tres
años mantenga informada a la Justicia sobre su residencia; y que desarrolle
trabajo comunitario, que deberá ser controlado por la Oficina de Medios
Alternativos (OMA). Ahora, sólo resta que el juez homologue el acuerdo.
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