Argentina bajó 12 lugares en el ranking global que mide la corrupción
En el primer año del Frente de Todos, descendió al puesto 78 entre 180 países y obtuvo 42 puntos sobre los 100 que reciben los corruptos en el Índice 2020 de Transparencia Internacional
En el primer año del gobierno de Alberto Fernández en el
poder, Argentina empeoró su posición en el ranking anual de la organización no
gubernamental Transparencia Internacional (TI) que mide cómo es percibida la
corrupción en el Estado, según expertos, inversores y empresarios. Nuestro país
descendió 12 lugares, al pasar del puesto 66 en el ranking de 2019 al 78 el
último año, entre los 180 países medidos por TI para la elaboración del Índice
de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020.
Este descenso en el ranking se da después que, en el último
año de la gestión de Mauricio Macri, Argentina escalara 19 posiciones en el
Índice 2019 y tuviera su mejor desempeño desde 2012.
En el IPC 2020 que difundió hoy la organización líder en la
lucha contra la corrupción a nivel global, Argentina obtuvo 42 puntos sobre 100
máximos posibles, 3 menos que en 2019. En la escala utilizada, 0 puntos
implican que un país es percibido como muy corrupto, y 100 puntos corresponden
a aquellos con corrupción inexistente.
Con este puntaje, Argentina se ubica justo por debajo del
promedio global en materia de percepción de corrupción que, al igual que el año
pasado, es de 43 puntos, y continúa entre los dos tercios de los países que no
alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador que TI.
La peor perfomance del país había sido en 2015, cuando
obtuvo solo 32 puntos sobre 100, y quedó en el puesto 107 sobre 168 países,
mucho más cerca del final de la tabla que hoy.
Corrupción y pandemia
En su análisis, TI vinculó estrechamente los resultados de
la medición de este año con el manejo de la pandemia del COVID-19. “El Índice
de Percepción de la Corrupción 2020 revela que la corrupción está socavando los
sistemas sanitarios y contribuyendo al retroceso democrático”, advirtió la
organización no gubernamental (ONG) que lidera la lucha contra la corrupción a
nivel global más de 25 años.
Y destacó que “los países con buenas puntuaciones en el
Índice invierten más en sanidad, tienen más capacidad de proporcionar cobertura
sanitaria universal y son menos propensos a vulnerar las normas e instituciones
democráticas o el estado de derecho”.
“El COVID-19 no es solo una crisis sanitaria y económica: es
una crisis de corrupción. Y no la estamos superando”, advirtió por su parte
Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional. “Hasta donde
alcanza la memoria, ningún año ha puesto a prueba a los gobiernos como el que
ha pasado, y aquellos que tienen los niveles más altos de corrupción han demostrado
menor capacidad para afrontar el reto. Pero incluso los países que ocupan los
primeros puestos del Índice, tienen la obligación urgente de reconocer su papel
en perpetuar la corrupción dentro y fuera de sus países, agregó esta abogada
argentina que preside la organización desde 2017 y fue reelecta el año pasado.
Los estudios realizados por el programa Sanidad Global de
Transparencia Internacional encontraron que la corrupción priva al sector
sanitario global de USD 500.000 millones al año. Entre las prácticas
documentadas figuran demandas irregulares de pago a pacientes, malversaciones
de fondos, robos, ausentismo, inflación de precios, favoritismo y manipulación
de datos.
Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano,
capítulo argentino de TI, opinó en diálogo con Infobae: “Indudablemente el
análisis de la corrupción durante 2020 estuvo cruzado por la pandemia. No es
que la pandemia hizo más o menos corruptos a los países, pero mostró las
debilidades y las fortalezas existentes. Nosotros decimos que la emergencia
genera medidas excepcionales como la compra urgente de insumos, y la inversión
en infraestructura. Esas medidas excepcionales deben estar acompañadas por
medidas excepcionales en materia de transparencia”.
“Hoy, el gran desafío, más allá de controlar lo que sucedió
durante 2020, es prestar especial atención a la compra de vacunas, a los
acuerdos firmados, y a los contratos que deben cumplir las farmacéuticas”,
agregó el directivo de esta ONG fundada en 1989, principal referente en materia
de lucha contra la corrupción en el país y la encargada de presentar los
resultados de Argentina.
Uruguay, al tope en América
En relación a los 32 países medidos del continente
americano, Argentina se ubica en el puesto 14, uno más abajo que el año pasado.
El ranking lo encabezan - al igual que en 2019 - Canadá con 77 puntos sobre
100, Uruguay con 71, y Estados Unidos y Chile con 67 ambos.
Para TI, “la corrupción constituye una gravísima amenaza a
la vida y al sustento de los ciudadanos, especialmente cuando se combina con
una emergencia sanitaria. Existe una correlación entre la ausencia de
corrupción en el sector público de un país y un mayor gasto en sanidad”. Y citó
el ejemplo de Uruguay que obtuvo la puntuación más alta de América Latina,
“realiza una fuerte inversión en sanidad y cuenta con un buen sistema de
seguimiento epidemiológico que ha sido de gran ayuda a la hora de afrontar el COVID-19
y otras enfermedades infecciosas, como la fiebre amarilla y el zika”.
Respecto de Estados Unidos, que mantiene su tendencia
descendente y obtuvo su peor puntuación desde 2012, la ONG internacional
analizó: “Aparte de los presuntos conflictos de interés y abusos de autoridad
existentes al más alto nivel, en 2020 han saltado las alarmas por la débil
supervisión del billón de dólares destinado a la lucha contra el COVID-19, en
un país con una larga historia de normas democráticas que promueven la rendición
de cuentas por el gobierno”.
En el otro extremo de la tabla, los países percibidos como
más corruptos son Nicaragua con 22, Haití con 18 y Venezuela, en último lugar
de América en el puesto 173, con solo 15 puntos sobre 100.
El ranking global
En un calco de los ocurrido el año pasado, el ranking global
en 2020 lo lideran nuevamente Nueva Zelanda y Dinamarca con 88 puntos sobre
100, seguidos por Finlandia Suecia, Suiza y Singapur, con 85. El top ten lo
completan Noruega con 84, los Países Bajos (ex Holanda) con 82, y Alemania y
Luxemburgo con 80.
Y también al igual que en 2019, los países percibidos como
más corruptos de los 180 analizados son Sudán del Sur y Somalia con 12, Siria
con 14 y Venezuela y Yemen con 15.
“Cerca de la mitad de los países llevan casi una década
estancados en la misma posición dentro del índice, lo que sugiere que los
esfuerzos de sus gobiernos para llegar a las causas primarias de la corrupción
se han paralizado. Más de dos tercios tienen una puntuación por debajo de 50”,
advirtió la ONG cuya sede central está en la ciudad alemana de Berlín.
Para TI, en 2020, “las actuaciones de emergencia en
respuesta al COVID-19 han revelado profundas grietas tanto en los sistemas
sanitarios como en las instituciones democráticas, poniendo de relieve que, en
multitud de casos, las personas que están en el poder o controlan las finanzas
del Estado sirven a sus propios intereses, en lugar de los de las personas más
vulnerables. En la fase de recuperación tras la crisis, es esencial que la
lucha contra la corrupción no se quede atrás en sus esfuerzos por lograr un
resurgimiento justo y equitativo en toda la comunidad global”, concluyó TI al
difundir el informe que acompaña el Índice.
Cómo se elabora el Índice
El IPC mide anualmente la percepción de la corrupción de
empresarios y expertos pero sólo en relación a la conducta del sector público,
o sea en el ámbito político y administrativo. Se calcula tomando 13 fuentes de
datos de 12 instituciones que registran percepciones de corrupción en los
últimos dos años, en base a encuestas de distintas instituciones
internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la
corrupción en el Estado.
Para incluir un país o territorio en el índice es necesario
que haya sido evaluado por un mínimo de tres fuentes. La puntuación de cada
país se determina calculando la media de todas las puntuaciones estandarizadas
disponibles sobre ese país, redondeada a un número entero.
En el caso de Argentina, la medición se hizo en base a ocho
encuestas de distintas entidades internacionales: el Índice de Transformación
de la Fundación Bertelsmann, las Calificaciones de Riesgo País de Global
Insight, el Anuario de Competitividad Mundial del International Institute for
Management Development (IMD), The Economist Intelligence Unit Country Ratings,
la Guía Internacional de Riesgo País de PRS Group, el Proyecto Variedades de
Democracia, el Foro Económico Mundial EOS, y el Índice de Estado de Derecho del
Proyecto Justicia Mundial.
Las preguntas se refieren, entre otros aspectos, a la
existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, la falta de castigo penal
o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos con
el Estado, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios
y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos públicos, entre
otros aspectos.
Por Mariel Fitz Patrick
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