El juicio contra Urribarri se realizará a partir del 16 de septiembre
El exgobernador y actual embajador en Israel, Sergio Daniel Urribarri, será juzgado durante un largo proceso, que acumula tres grandes causas de corrupción de su gobierno, entre septiembre y noviembre de 2021.
El Tribunal que conforman los camaristas José María Chemez,
María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón fijó las audiencias de juicio oral
a Urribarri para los días 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 y 30 de septiembre; 1,
4, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, y 29 de octubre; y 15 y 16 de
noviembre, a las 9, en el salón de actos del Superior Tribunal de Justicia
(STJ).
Se trata de una megacausa que unifica tres expedientes donde
es investigado el exgobernador. La fecha fijada para este año se da luego de
las suspensiones de los juicios respectivos en 2020, y la posterior
unificación. Según pudo saber ANÁLISIS, si bien la fecha del proceso coincide
con un año electoral, esto no influyó, sino que se trató estrictamente de “una
decisión judicial”.
En ese marco, es probable que las respectivas defensas
comiencen a presentar planteos para lograr la suspensión del juicio.
Esa megajuicio ocurre luego de la suspensión, en 2020, de
tres procesos distintos que debía enfrentar Urribarri y que, por distintos
planteos, fueron aplazados y unificados en una única causa: el Sueño
Entrerriano, la Causa de la Vaca y una denuncia por distribución amañada de
publicidad oficial, publicó Entre Ríos Ahora.
A esa instancia se llega luego de un largo camino que
incluyó la recusación de varios magistrados y la pretensión del Ministerio
Público Fiscal de incluir un cuarto juez, finalmente rechazada.
Tres en uno
La causa, que iba a ir a juicio en este mes de octubre,
quedó subsumida en un megajuicio que abarca tres investigaciones penales contra
el exgobernador.
El 6 de septiembre de 2019, el juez de Garantías Ricardo
Bonazzola decidió elevar a juicio la megacausa del Sueño Entrerriano, en la que
están imputados por los supuestos delitos de peculado y negociaciones
incompatibles con la función pública el exgobernador Sergio Urribarri, los ex
ministros de Cultura, Pedro Báez, y de Turismo, Hugo Marsó, y el cuñado del
exprimer mandatario, Juan Pablo Aguilera.
La megacausa del Sueño Entrerriano incluye tres expedientes:
la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que
le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del
empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para
difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que
se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación
con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los
fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de
unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se
utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo
slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano
Las audiencias del juicio se habían fijado para los días 18,
19, 20, 25, 26 y 27 de agosto y 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17 22, 23, 29 y 30
de septiembre a las 9 en el Salón de Audiencias N°1 en los Tribunales de
Paraná.
Pero ese debate no se realizó.
En abril último, la Justicia suspendió el primero de los
tres juicios que iba a sentar en el banquillo a Urribarri. Se trata la
denominada «Causa de la vaca», con fecha de inicio de las audiencias previstas
para 27 de abril de este año y que se extenderían por un mes: hasta el 27 de
mayo.
Aquella vez, la suspensión se fundamentó en la situación de
emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
El juicio debió comenzar el 20 de noviembre último, pero
diez días antes se suspendió a pedido de un grupo de abogados defensores por
cuanto las audiencias se iban a superponer con las audiencias de las causas
Narcomunicipio y Narcoavioneta que se sustancia en el Tribunal Oral Federal (TOF)
de Paraná. La resolución, firmada por los jueces Rafael Cotorruelo, Gervasio
Labriola y Alejandro Grippo, dispuso la suspensión en base a la petición hecha
por los abogados defensores de los imputados, quienes argumentaron que la
denominada «causa de la vaca», que investiga el pago de retornos en la
distribución de contrataciones publicitarias en vía pública, supone una recarga
de trabajo porque su realización coincide con el juicio por la causa narco que
sustancia el Tribunal Oral Federal (TOF), en la que están imputados, entre
otros, Daniel «Tavi» Celis y el intendente de Paraná, Sergio Varisco, de la que
participan los mismos defensores.
Fue el segundo aplazamiento. En realidad, el juicio tenía
fecha de inicio para el 29 de julio, pero la petición de dos abogados
defensores, Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces, que argumentaron
problemas de salud, derivó en la primera suspensión.
Restaba, sin embargo, un tercer juicio que ya tiene fecha
para Urribarri.
En febrero último se conoció la resolución judicial que fijó
fecha a un nuevo juicio, el tercero, que iba a enfrentar este año el
exgobernador y designado embajador en Israel Sergio Urribarri: los días 26, 28,
28 y 30 de octubre de 2020 fueron las fechas que se fijaron para los debates en
la causa en la que está acusado de negociaciones incompatibles con la función
pública en la que también están involucrados el exministro de Cultura y
Comunicación y exlegislador provincial Pedro Ángel Báez, y el empresario
pizzero Germán Buffa.
La resolución de los jueces Gervasio Labriola, Gustavo
Pimentel y Alejandro Grippo se dio en el marco de la causa en la que Urribarri
y Báez están procesados por supuestas negociaciones incompatibles con la
función pública, por el otorgamiento de una pauta de $118 mil a la empresa
Global Means SA, del empresario pizzero Germán Buffa. El empresario también
está procesado y se le endilga el mismo delito, pero en grado de partícipe
necesario.
En la causa se investigaron hechos sucedidos en 2011, cuando
Urribarri era gobernador y Báez director de Información Pública. En 2013 el
diputado nacional radical Jorge D’ Agostino (mandato cumplido) denunció la
situación. El caso se tramitó bajo el viejo Código Procesal Penal de la
provincia, y por ello la instrucción estuvo a cargo de un juez de Transición.
Buffa está sindicado por el Ministerio Público Fiscal de ser
«testaferro» de Báez. “Claramente esta empresa pertenece a Báez”, llegó a decir
en una audiencia la fiscal Matilde Federik en relación a Global Means.
Pero ese tercer juicio no se hará. Las tres causas quedaron
agrupadas en un único megajuicio.
Ahora, el entuerto que se debe sortear es cómo queda
integrado el el tribunal que encabezará los debates.
Ante la recusación de dos de los tres magistrados hubo un
pronunciamiento de primera instancia.
El viernes 2 de octubre un Tribunal rechazó los planteos
para apartar a los dos jueces. En consecuencia, el Tribunal único integrado en
las causas acumuladas para llevar adelante el juicio oral y público queda
integrado por José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón.
Pero esa no es opinión definitiva ya que el defensor
Velázquez anticipó que irá con un recurso ante la Cámara de Casación Penal para
insistir con su planteo recusatorio hacia los dos magistrados cuestionados. No
será la última instancia: de conseguir un revés en esa instancia, adelantó, irá
ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Luego, el camino
que seguirá de contar con una acogida favorable serán, sucesivamente, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH).
Análisis
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