Orden de detención contra la expresidenta Áñez, militares y ministros de su gobierno
Es en el marco de un proceso abierto por el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019. La orden afecta a la expresidenta de facto, cinco exministros y seis jefes militares.
Bolivia vivió hoy una jornada de alta tensión política
después de que un fiscal de La Paz ordenara la detención de la expresidenta de
facto, Jeanine Áñez, (2019-2020) y varios de sus colaboradores, en un proceso
abierto por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019, por el que un
juez envió esta tarde a la cárcel al exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas.
"Denuncia pública. De manera ilegal y abusiva han detenido
a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías, por el caso armado de 'golpe de
Estado'; además hay orden de aprehensión en contra de Jeanine Áñez, el
exministro de la Presidencia Yerko Núñez y en contra mía", denunció el
exministro de Justicia Álvaro Coimbra en su cuenta de Twitter.
Coimbra fue detenido esta tarde y estaba siendo trasladado a
La Paz.
Más tarde, la propia Áñez, que hasta esta tarde no había
sido detenida, deploró por esa red social el accionar de la justicia al
subrayar que "la persecución política ha comenzado".
En un segundo y último tuit, sostuvo que la persecución
representa "la práctica socialista" y agregó que "mienten sin
ruborizarse, reescriben historias para justificar abusos", a la vez que
reiteró su postura de que "no fue un golpe, fue sucesión constitucional
debido a un fraude electoral".
La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido
volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita
dictadores, necesita libertad y soluciones.
La legisladora acusó a Luis Fernando Camacho, actual
gobernador electo de Santa Cruz y candidato en las presidenciales del año
pasado, ganadas por Luis Arce, de instigar junto a su padre y varios mandos
militares y policiales las graves revueltas y la salida de Morales.
Camacho, también a través de twitter, instó a Arce a dejar
"de hacer la vista gorda" y a cesar "el amedrentamiento y la
persecución".
Áñez, quien no logró su objetivo de ser electa gobernadora
del departamento amazónico de Beni en los comicios del 7 de marzo (salió
tercera), estaba en la capital de esa región, Trinidad, cuando fue divulgada la
orden de detención, según medios locales y la agencia de noticias Sputnik.
Esa orden, según un fragmento divulgado por Coimbra,
afectaba a varias personas: Áñez, cinco exministros y seis jefes militares,
aunque no figuraban los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman
y Serio Orellana, y de la Policía, Yuri Calderón, citados en mandamientos
previos de detención.
Los cinco exministros incluidos en la lista eran, además de
Coimbra y Guzmán, los de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando
López, ambos refugiados en Estados Unidos, y de la Presidencia, Yerko Núñez.
Tras la denuncia de Coimbra, la red privada Unitel reportó
que Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil
al aeropuerto de esa ciudad, desde donde se esperaba que sea llevado a La Paz.
"Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de
aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron", relató a Unitel
la esposa de Guzmán.
Fuentes de la fiscalía de La Paz dijeron que era probable
una declaración oficial de esa oficina sobre el caso en las próximas horas.
Al mediodía, efectivos policiales detuvieron a Guzmán por su
presunta vinculación con el caso de “terrorismo y sedición” cuando se
produjeron las protestas opositoras contra el golpe de Estado que dejaron 36
muertos y más de 800 heridos.
Guzmán fue detenido en inmediaciones de su domicilio, pese a
que sostuvo que nunca fue notificado para que comparezca ante la justicia.
Esta tarde, un juez envió a la cárcel al exjefe de Estado
Mayor de las Fuerzas Armadas almirante Flavio Arce San Martín por el caso
denominado “golpe de estado”, acusado por los delitos de terrorismo, sedición y
conspiración.
Arce San Martín fue parte del Alto Mando militar comandado
por el general Williams Kaliman, quien el 10 de septiembre de 2019 pidió la
renuncia del expresidente Evo Morales, acorralado por un paro cívico, denuncias
de fraude electoral y un motín policial.
Roger Valverde, abogado de Arce San Martín, confirmó la
determinación judicial que se cumplirá en la cárcel de San Pedro de La Paz.
El caso de "terrorismo y sedición" fue presentado
por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue
propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.
Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se
convirtió en el cuarto exjefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de
detención por su aparente participación en el golpe y es acusado por la
presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en
grado de complicidad, según un informe de la red televisiva ATB.
En noviembre de 2019, en conferencia de prensa, Kaliman
sugirió la renuncia del entonces presidente Morales en el marco de lo que
parecían preparativos para un golpe de Estado.
Ayer, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb)
llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las
movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros
delitos.
"La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras
de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la
defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló la
presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado.
Hacia la noche, la Defensoría del Pueblo publicó un informe
sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en
el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al
haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población
civil”.
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