Probation, para dos imputados en la causa Urribarri

El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones Número 4 de Paraná, Elvio Garzón, revocó hoy la resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer y concedió la suspensión de juicio a prueba solicitada por Guillermo Linares y Miriam Fessia, imputados en la causa “Urribarri, Sergio Daniel-Carmona Herreros, Diego Armando-Fessia, Miriam Estela-Linares, Guillermo Andrés s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. Fue durante una audiencia celebrada en el salón número uno de los Tribunales de Paraná.

Según se informó a 7Paginas, el juez Garzón fundó su resolución tras considerar como suficiente al primero de los agravios formulados por la defensa. El abogado Juan Carlos Palacios, a través del sistema de videoconferencia, señaló que el juez Mayer se extralimitó en sus funciones en el marco del sistema acusatorio vigente en la provincia y se apartó del acuerdo que el defensor presentó el 12 de febrero pasado junto a la fiscal Patricia Yedro y el fiscal Gonzalo Badano.

El abogado de los imputados Linares y Fessia también planteó otros dos agravios que fueron compartidos por los representantes del Ministerio Público Fiscal: que el juez de primera instancia basó su resolución en una tesis restrictiva de la suspensión del juicio a prueba y que desconoció otros casos en los que se concedió ese beneficio a imputados por delitos contra la administración pública pero que no se desempeñaban en organismos estatales.

Tras considerar que se cumplían los requisitos objetivos y subjetivos que prevé el artículo 76 del Código Penal, el juez Garzón homologó las normas de conducta para Linares y Fessia durante los plazos previstos en el acuerdo de partes.

Imposibilitados de efectuar tareas comunitarias dado el distanciamiento social vigente producto de la pandemia de Covid-19, Fessia propuso un resarcimiento al Estado provincial de 120.000 pesos en 12 cuotas y Linares otro de 150.000 pesos en 10 cuotas. Además los imputados ofrecieron pagar una donación de 60.000 pesos a una organización que disponga la Oficina de Medios Alternativos (OMA).