“Barajar y dar de nuevo”, por Horacio Rovelli
En medio de la pandemia, con serios problemas para controlar los precios y una fuga de capitales que no cesa, factores a los que se suma la carga de la deuda pública con acreedores privados y organismo multilaterales, el Plan de Facilidades Extendidas que busca acordar Martín Guzmán con el FMI se vislumbra de improbable cumplimiento. Los números de una cuenta que no cierra.
La deuda externa se incrementó en más de 100.000 millones de
dólares durante el gobierno de Cambiemos y trepó a 323.000 millones hacia fines
del año pasado. Una parte es producto de la colocación de títulos públicos en
los mercados internacionales. Otra parte sustancial está constituida por el
crédito del Fondo Monetario: 32.200 millones en Derechos Especiales de Giro;
unos 45.400 millones de dólares.
Cambiemos no solo multiplicó la deuda, también los
acreedores. Aunque por un monto menor, el gobierno de Macri endeudó al país con
otros organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y el Club de París. También lo
hizo con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, el Banco Central,
el Banco Nación y diversos fondos fiduciarios.
El récord de Macri condicionó al gobierno al Frente de Todos
desde el vamos. El primer paso de Alberto Fernández consistió en canjear la
deuda con los acreedores privados. Producto de la reestructuración, el país
paga en la actualidad los intereses que devengan los nuevos títulos, mientras
transcurre el período de gracia hasta el segundo semestre 2024, momento en que
el Estado nacional debería comenzar a pagar por el capital adeudado.
En el caso del FMI, y según lo acordado por Cambiemos, el
Estado paga rigurosamente los intereses. Unos 300 millones de dólares por
trimestre. El pago inicial por el capital del primer desembolso – 14.458
millones que ingresaron en junio de 2018 – se debería concretar el 30 de
septiembre de 2022 y, a partir de ese momento, en ocho cuotas trimestrales de
1.807 millones cada una hasta junio de 2023. El segundo desembolso – los 5.700
millones ingresados en octubre de 2018 – se deberían abonar también en ocho
cuotas iguales, en este caso de 712 millones cada una desde enero próximo hasta
octubre de 2023. Así hasta completar los 45.400 millones de dólares prestados
por el organismo.
El cálculo, sin embargo, es un poco más complejo. A lo
mencionado se debe agregar una tasa de interés variable, que dependerá del
valor del derecho especial de giro – que surge de la canasta de monedas de los
países aportantes al FMI – y de la tasa anual del 4,9 por ciento vigente para
nuestro país. Solo para tener una idea. Este año, los vencimientos con el
organismo ascenderían a 3.614,5 millones de dólares por capital y 1.200
millones por intereses. Un total de 5.814,5 millones. Las obligaciones devienen
en montos siderales en el próximo trienio: 17.860 millones en 2022; 18.285,5
millones en 2023; y 5.640 millones en 2024.
Hay una diferencia fundamental entre las deudas contraídas
por Cambiemos con el FMI y los acreedores privados. La segunda tuvo la
aprobación del Congreso. Estaba contemplada en la Ley de Presupuesto de cada
año. La primera, en cambio, no contó con autorización alguna como exige la
Constitución. Una decisión que debería tener consecuencias penales para quienes
la adoptaron y/o refrendaron. Más aún cuando no se contrajo para construir
hospitales, puentes, escuelas y obras de infraestructura, sino para enriquecer
a un puñado de rentistas que emplearon los dólares para fugar capitales, como
señaló le Martín Guzmán al periodista Marcelo Bonelli.
El préstamo del FMI se hizo para condicionar al nuevo
gobierno. Su directorio, aun sabiendo que los dólares se fugaban, no hizo
ninguna observación. Es claro. Lo explicó el director y representante del Cono
Sur ante el FMI, el abogado argentino Sergio Chodos: “El Fondo son los países
que tienen predominancia de capital adentro del organismo. Es una herramienta a
la vez que sujeto. Tiene su línea teórica, su visión, pero también es el brazo
financiero global de los países que lo componen y, particularmente, de los que
tienen más preponderancia en su directorio”.
Un rumbo y el mismo problema
En medio de la pandemia, con serios problemas para controlar
los precios y una fuga de capitales que no cesa, factores que se suman a la
deuda con los acreedores privados y los organismo multilaterales, el Plan de
Facilidades Extendidas que busca acordar Guzmán con el FMI se vislumbra de
improbable cumplimiento. Incluso cuando incluya un plazo de diez años y una
tasa del 2 por ciento anual.
La razón es sencilla: es inconcebible creer que el país
pueda durante una década obtener un superávit fiscal primario de tal magnitud
que le permita el pagar el capital y los intereses, al tiempo que registra un
superávit comercial suficiente para que el Tesoro nacional le compre al BCRA
los dólares necesarios para cumplir con los vencimientos.
El único camino sería una refinanciación en los mercados
internacionales, y eso dependería de la voluntad de los acreedores privados.
Sin embargo, aunque semejante voluntad existiere, la tasa de interés que mide
el llamado riesgo país sería un 16,5 por ciento superior a la tasa de la Reserva
Federal de Estados Unidos. En pocos años estaríamos en el mismo problema, o
peor incluso. Los planes del FMI se centran en reducir el gasto público y
aumentar los impuestos. Lo que le sugirió a Macri: subir del 10,5 al 14 por
ciento la alícuota del IVA para los alimentos y fijar una tasa de entre el 1 y
3 por ciento al agua y la leche, bienes esenciales exentos.
Por otro camino
Es fácil deducir quienes son los que fugaron gran parte de
los dólares que ingresaron como préstamos entre 2015 y 2019. El BCRA los
conoce. Tiene los datos fehacientes de cada compra, fecha y monto. Son los
beneficiados por el macrismo, las grandes empresas acopiadoras y
comercializadoras de granos, las mineras, las petroleras y las empresas de
telecomunicaciones.
Ante una situación de extrema complejidad y mientras dure la
pandemia, el gobierno debería suspender los pagos de la deuda y las
negociaciones con el FMI y el Club de París para abocarse a una política de
shock distributivo que impulse a la economía y mejore el nivel de vida de la
población. Al mismo tiempo debería frenar las devaluaciones y poner cupos de
exportación a la carne y al maíz, además de fijar retenciones del 35 por ciento
para todos los alimentos.
No es necesario abundar en detalles. El encarecimiento de
los alimentos beneficia a los grandes productores en perjuicio de la población.
Los precios en dólares en el mercado internacional subieron y lo siguen
haciendo. El gobierno, sin embargo, no se anima a subir las retenciones.
Tampoco a poner cupos a las exportaciones. Además, ya devaluó un 58 por ciento
desde que asumió. El resultado está a la vista: los precios internos igualan a
los internacionales.
Néstor Kirchner tomó otro camino. Puso retenciones del 35
por ciento. El dólar fijado por el Banco Nación cotizaba en mayo de 2003 a 3
pesos con 20 centavos. En diciembre de 2007, cuando terminó su mandato, lo
hacía a 3 pesos con 15 centavos. Con todos sus errores, pero también con sus
grandes aciertos, el kirchnerismo demostró que se pueden producir más bienes y
servicios, crear empleo, mejorar la distribución del ingreso, impulsar las
economías regionales, realizar obras de infraestructura y lograr una integración
comercial con los países latinoamericanos partiendo de un shock distributivo.
De lo que se trata es de poner dinero en el bolsillo de la
gente y evitar que las grandes corporaciones aumenten los precios para quedarse
con el mayor ingreso de los asalariados. El gobierno debe generar un shock
productivo que recupere el poder de compra. Para hacerlo es fundamental
controlar los precios y el acceso al crédito. Es indispensable aumentar la
liquidez para dirigirla en forma directa, y principalmente, a los que fueron
beneficiados por Ingreso Familiar de Emergencia, a los trabajadores que
perciben sueldos por debajo del promedio y a las pymes.
Para hacerlo se deberían transformar las LELIQ en un activo
remunerado a un año de plazo con un interés variable similar a la tasa pasiva
promedio e ir, en forma paralela, liberando el stock en cuotas. De esta forma,
con una tasa regulada por el BCRA, los casi 2 billones de pesos que suman las
LELIQ – el equivalente a 20.300 millones de dólares, aproximadamente el 6 por
ciento del PIB – se transformaría en un factor de expansión monetaria aplicado
al restablecimiento del crédito a la producción y al trabajo.
Cada día que pasa se hace más evidente que no es posible
gobernar con un programa que no defienda el trabajo, la producción nacional y
el mercado interno. De otra manera, en forma voluntaria o no, se terminará
siendo cómplice de un modelo extractivista y agropecuario exportador que
utiliza la deuda pública y los condicionantes del FMI para imponer el hambre y
la sed al pueblo argentino.
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